Los trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional (SMI) no se pueden permitir alquilar un piso en ninguna provincia de España. Es la contundente conclusión del cruce de datos entre las nóminas más bajas y el coste mensual de la vivienda que fija el sistema estatal de índices de referencia de precios de alquiler desarrollado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Se trata del indicador que fue presentado en verano de 2020 como base de datos oficial para las comunidades autónomas que quisieran llevar a cabo eventuales políticas de contención de los precios de los alquileres, asunto que está tensando las negociaciones en la coalición en relación con la Ley de Vivienda.
Un trabajador que cobra el SMI (1.108,33 euros mensuales en 12 pagas) no debe dedicar más de un 30% de sus ingresos a costear la vivienda, que es el umbral de esfuerzo económico que los expertos consideran razonable, de modo que solo puede aspirar a un alquiler de unos 330 euros al mes. Con esa cantidad, este ocupado no puede acceder a un piso en ninguna provincia de España, pues el sistema estatal de índices de referencia sitúa la cuantía media del arrendamiento por encima de esa cifra en todas las regiones. Solo tendría posibilidades en tres provincias: en Castellón, donde el precio medio es de 360 euros; en Lugo, donde está en 363 euros; o en Ciudad Real, donde se alcanzan los 367 euros, siempre según los precios de la estadística desarrollada por el departamento que dirige José Luis Ábalos.
Ni que decir tiene que las posibilidades de alquilar un piso en solitario serían remotas en provincias como Madrid, donde el precio medio del alquiler escala hasta los 780 euros, o en ciudades como Barcelona, donde se sitúa en 694 euros. En ambos casos, el trabajador que cobra el SMI tendría que duplicar de largo el esfuerzo máximo recomendado para acceder a un alquiler. Y esto teniendo en cuenta que los precios que calcula el Ministerio están muy por debajo del importe de mercado que registran los principales portales inmobiliarios, especialmente en las zonas más tensionadas, donde la brecha llega a alcanzar hasta el 60%, como se detalló en estas páginas.
Conviene hacer otro matiz y es que el indicador oficial del Gobierno bebe de fuentes tributarias y actualmente ofrece información del año 2018. El Ministerio tiene previsto hacer un nuevo volcado de los últimos datos de Hacienda, pero serán los correspondientes a 2019, de modo que en ningún caso recogerá el impacto de la crisis económica derivada de la Covid sobre los precios. Precisamente por esto, cuando se presentó el índice a principios de verano de 2020, desde el departamento de Ábalos descartaron una intervención inmediata del mercado, a la espera de poder analizar los efectos de la pandemia. Al menos así lo justificaron fuentes oficiales.
Sin embargo, en las negociaciones presupuestarias entre los socios de coalición, Unidas Podemos logró arrancar al PSOE el compromiso de limitar los precios del alquiler en las zonas especialmente tensionadas en el marco la Ley de Vivienda, que debía estar lista en estos momentos pero cuyas negociaciones se han alargado, precisamente, por este asunto. El ministro Ábalos ha manifestado recientemente su preferencia por incentivar y no penalizar a los arrendadores, a través de instrumentos fiscales, frente al control de precios que defiende el ala morada del Gobierno. La portavoz María Jesús Montero admitía este martes que se está produciendo una discusión en el seno del Ejecutivo sobre la herramienta más adecuada y negaba categóricamente que el PSOE vaya a incumplir lo pactado.
CCOO irrumpe en el debate
Este miércoles, el sindicato CCOO irrumpía en el debate. Su secretario general, Unai Sordo, consideraba "fundamental" la política orientada a la contención de precios del alquiler para disminuir las situaciones de pobreza y exclusión. El líder sindical dejaba claro, no obstante, que no existe una dicotomía entre el control de los precios, las medidas fiscales o la ampliación del parque de vivienda en alquiler, sino que todas estas medidas deben ser complementarias. En este sentido, pedía al Gobierno la puesta en marcha de un paquete ambicioso para garantizar el acceso a la vivienda a la mayoría de la población, así como aprovechar los fondos europeos para que los procesos de rehabilitación de vivienda vayan relacionados con programas públicos y para que esas viviendas salgan al alquiler bajo precios sociales.
Sordo hacía estas declaraciones durante la presentación del informe 'La vivienda en alquiler en España. Por el derecho a una vivienda adecuada, digna y asequible para la mayoría', un estudio breve pero contundente que pone de relieve el esfuerzo excesivo que realizan los inquilinos para el pago del alquiler, muy por encima del máximo razonable según los criterios de solvencia y capacidad de pago. Según sus cálculos, en base a la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, el 41% de los inquilinos en España soporta un alquiler excesivo. Con datos contantes y sonantes, el informe destaca que tres millones de inquilinos dedican más del 30% de sus ingresos al alquiler.
El informe pone el foco en las personas en situación de elevada vulnerabilidad y en los hogares con menor renta, donde se dispara el esfuerzo para pagar el alquiler. En concreto, el 84% de los 1,9 millones de inquilinos de hogares que no ingresan más de 14.000 euros al año -donde se encuentran los trabajadores que cobran el SMI- destina un porcentaje excesivo de sus ingresos a pagar el alquiler. De hecho, el 23% de estos dedica entre el 30% y el 50% y el 61%, más del 50% de sus ingresos. El estudio también pone de relieve que el 51% de los arrendadores gana más de 40.000 euros al año, por lo que su riesgo de pobreza es "muy inferior", mientras en el caso de los inquilinos, según el sindicato, dos de cada tres con alquileres excesivos está en riesgo de pobreza y exclusión social.
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