El rechazo a la futura Ley de Vivienda del Gobierno de coalición empieza a coger forma en las autonomías gobernadas por el PP. La mayor oposición volverá a partir de la Comunidad de Madrid, que considera "intolerable" la legislación que contempla la intervención de los precios del alquiler. La respuesta del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso es la de dotarse de los instrumentos jurídicos precisos que le permitan blindarse ante el nuevo articulado que han pactado PSOE y Unidas Podemos, según explican fuentes del gobierno madrileño a La Información. Una medida con la que intentarán evitar un "intervencionismo" que pueda acabar por afectar al mercado de su territorio.
El objetivo de la Puerta del Sol será el de impedir por todos los medios que los artículos que tengan que ver con la bajada de los precios de los arrendamientos puedan tener cabida alguna en el ordenamiento jurídico de Madrid. Como señalan las fuentes consultadas, el primer paso será el de estudiar todas las medidas y reformas para evitar cualquier cambio en materia de vivienda. Aunque en la autonomía confían en no tener que hacer cambios apenas. Las competencias de la materia están bajo su mandato por estar transferidas. Y, en principio, la norma estatal solo será habilitante para que puedan aplicar las nuevas políticas.
Aun así, el Ejecutivo regional no quiere dejar nada al azar. Los movimientos comenzarán de manera inmediata en cuanto la ley salga aprobada del Consejo de Ministros con destino al Congreso de los Diputados. La calificación de la misma que hacen en Madrid es muy contundente. Entre los adjetivos utilizados, además de "intolerable", se habla de "radical", de "cercenar la libertad de los ciudadanos" o "sectarismo ideológico". Incluso consideran que "no tienen cabida en la democracia", como ha apuntado en un comunicado a los medios la Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín.
El mayor temor que existe en la Puerta del Sol es cómo puede afectar esto a los inversores. Esa obligación legislativa de que las promotoras deban destinar el 30% de sus promociones a vivienda protegida explica esas reticencias. Fuentes de la Comunidad de Madrid avisan de que esto puede llevar a que las firmas del sector inmobiliario "se marchen del país". Por eso, anuncian que buscarán cómo blindar su actividad. Lo mismo ocurrirá con los pequeños propietarios. La región estudiará cómo proteger a estos ciudadanos que tienen viviendas en alquiler, que según sus datos con el 90% de todo el mercado autonómico.
En la misma línea se moverá el Ayuntamiento de Madrid. Como ha apuntado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, su consistorio renunciará a aplicar cualquier subida del IBI aunque la Ley de Vivienda le habilite para ello. Fuentes municipales consultadas por este diario van más allá. Aseguran que también buscarán los mecanismos necesarios para impedir cualquier impacto de la norma sobre sus competencias. "Se estudiará todo el blindaje que haga falta", destacan las mismas fuentes. Unas estrategias alineadas que llevarán a que la Comunidad madrileña y la capital del país sean las primeras en tener claro que no aplicarán la futura legislación estatal.
Los profesionales alertan de los riesgos
El sector inmobiliario ha recibido con muchas reservas el acuerdo de PSOE y Unidas Podemos para sacar adelante esta ley que podrá tener efecto sobre todo el país. Fuentes del sector consultadas por esta redacción consideran que el Gobierno va a "intentar repetir la legislación catalana de vivienda". Esta, que incluye el control de precios en zonas tensionadas, "no ha funcionado", según las fuentes consultadas. "Puede bajar la oferta y la demanda será la misma", consideran las mismas fuentes sobre el articulado que se aprobará próximamente.
Los portales inmobiliarios tampoco acaban de ver claro que vaya a ser efectiva. Según Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, la norma trae "poca claridad" y puede llevar a que se creen "diferencias entre propietarios". Todo porque "se puede aplicar en unas comunidades y en otras no". Sobre las condiciones que se impondrán a las promotoras para que reserven un porcentaje de sus promociones a vivienda protegida, Font advierte de que las firmas ahora tendrán que valorar "si esas condiciones les parecen atractivas" para invertir en el país. El bono joven para el alquiler es otro asunto que puede entrañar problemas, según el experto. "El riesgo es que esos 250 euros se trasladen a la renta que pagan los jóvenes", destaca.
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