Debate bronco 

Semana decisiva: la coalición tiene seis días para pactar la nueva ley de vivienda

Los socios de Gobierno no se han puesto de acuerdo en puntos clave como la regulación de los precios del alquiler, los cambios en materia de desahucios y el trato hacia grandes tenedores. 

Iglesias y Sánchez
Semana decisiva: la coalición tiene seis días para pactar la ley para los alquileres.
Agencia EFE

Comienza la cuenta atrás. El Gobierno de coalición tiene hasta el domingo 28 de febrero para llegar a un acuerdo sobre la nueva ley de vivienda. Los principales desencuentros entre los socios de Moncloa son el control de los precios del alquiler, los cambios en materia de desahucios y el trato hacia los grandes tenedores de inmuebles. 

Las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos, que se vieron interrumpidas por las elecciones catalanas, han sido broncas. El equipo de Pedro Sánchez ha calificado de "sectarios" a los morados y asegura que "el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana trabaja para impulsar una Ley de Vivienda que pretende ser representativa de toda la sociedad española, que nazca desde el acuerdo con todos los sectores sociales, que huya de sectarismos y piense en todos los ciudadanos y ciudadanas, especialmente en los más vulnerables", desde un comunicado del departamento de José Luis Ábalos al que ha tenido acceso este medio.

Por su parte, Podemos denuncia que sus socios del PSOE "no están cumpliendo nada" de lo pactado, ni en cuanto a plazos, ni en lo que se refiere a participar en la redacción del borrador ni en la inclusión en el texto de la regulación del precio del alquiler. Este no es el único frente abierto de la coalición. Las dos formaciones estuvieron en la mira por sus posicionamientos contrarios hacia el encarcelamiento del rapero Pablo Hásel y las manifestaciones posteriores. 

Unidas Podemos ya ha perdido algunas batallas. El ministro Ábalos rechazó a inicios de febrero rebajar a cinco viviendas la consideración de "gran tenedor", una propuesta impulsada por los morados. El líder de la cartera se decantó por mantener el límite en diez propiedades y declaró en una rueda de prensa que "la futura ley respetará la Constitución en lo referido a la propiedad privada y no está previsto que se incluyan medidas confiscatorias o expropiatorias".

Hay mucho en juego todavía, y los dos cabecillas de las negociaciones son el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, y la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra. Lucas ha entregado una propuesta a Belarra "para la configuración de un texto definitivo", en la que se analizan aspectos como el objeto y fines de la ley, la función social y el régimen jurídico de la vivienda, la acción de los poderes públicos, el derecho a la vivienda y la ordenación territorial y urbanística. El borrador también habla de la conformación de los parques públicos de vivienda, el posibilitar viviendas dignas a precios asequibles y la colaboración entre administraciones. 

Aún así, el partido de Pablo Iglesias insiste en que el equipo de Ábalos no ha concretado por escrito cuál es su posición sobre los temas clave para ellos, como la regulación de los precios del alquiler, la paralización de los desahucios sin alternativa habitacional y las responsabilidades de los grandes propietarios de vivienda. Frente a esto, fuentes del Ministerio de Ábalos han resaltado la "solidez y rigor de las propuestas presentadas, que pretenden conseguir soluciones reales a las necesidades habitacionales en España".

Tampoco se sabe todavía si el PSOE incluirá la última propuesta de Unidas Podemos adelantada por 'La Información' que plantea que la comisión que cobran las inmobiliarias  la abone el propietario de la vivienda o el arrendador y no el nuevo inquilino. Esta medida va en la línea con el acuerdo de gobierno de coalición, que en su punto 29.9 detalla en materia de vivienda que "los honorarios correspondientes a las gestiones realizadas por la empresa inmobiliaria, bien en operaciones de compraventa como en alquiler de inmuebles serán satisfechos por el vendedor o arrendador, respectivamente".

Los últimos contactos contactos han revelado diferencias sustanciales entre las dos bancadas políticas sobre el contenido de la reforma. En el marco de la negociación de los presupuestos de 2021, el PSOE y Unidas Podemos acordaron llevar un texto al Consejo de Ministros antes de que finalice febrero. El reloj corre y parece que todo se decidirá en las últimas horas.

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