Por otro lado, la ministra ha anunciado un mínimo exento del pago del IRPF a los que tributan por 15.000 euros. Además, habrá un incremento del IRPF a rentas de más de 200.000 euros.
Los departamentos de Trabajo e Igualdad, que pilotan Yolanda Díaz e Irene Montero, respectivamente, exigen más presupuesto para sus carteras. Las negociaciones entre los socios continúan abiertas.
La subida va en línea con el incremento propuesto por el Gobierno para los empleados públicos, aunque la subida final se adaptará al porcentaje pactado en la negociación de Hacienda con las centrales sindicales.
Incluirá tampones, compresas, preservativos o anticonceptivos no medicinales, entre otros. La medida fue reclamada por Unidas Podemos y recientemente por el PP, y se incluirá en los PGE del año que viene.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado que todavía quedan "muchos flecos" por cerrar después del anuncio del ala socialista de que el pacto estaba cerrado.
ERC ha defendido esta propuesta señalando que hasta ahora los técnicos de Hacienda únicamente se ocupan de particulares, autónomos y el tramo inferior de las pequeñas empresas.
Hace casi dos semanas, Esquerra Republicana se abstuvo durante la votación de la proposición no de ley presentada por el PP en el Congreso para ajustar el impuesto al nuevo escenario que plantea la inflación.
El PSOE y Unidas Podemos negocian un nuevo incremento del indicador de referencia para la concesión de de ayudas sociales y la determinación de su cuantía. Se dirige a los más vulnerables y se incluirá en los PGE.
La ministra de Trabajo reconoce haber comenzado a negociar la reforma de la fiscalidad de las empresas y pide un mayor gravamen sobre las rentas del capital para mitigar el peso de las rentas del salario en el IRPF.
La formación propone reconocer por ley este tipo de actividad y la puesta en marcha de un programa con subvenciones o incentivos fiscales por la generación de ingresos que supone para una economía local.
Las discrepancias con sus socios de Gobierno en torno al gasto militar, las medidas de conciliación y la nueva ley de vivienda dificultan la negociación de las cuentas públicas, según ha reconocido Echenique.
De acuerdo con la 'Estadística de los declarantes del IRPF' que hace pública de forma anual la Agencia Tributaria y con datos hasta 2020 estos contribuyentes apenas suponen un 0,05% del total
La propuesta del Gobierno de dejar en suspenso por tercer año consecutivo las reglas fiscales primero por la Covid y ahora por la guerra, cuenta con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu y Cs.
La ministra destaca la necesidad de abordar las necesidades derivadas de la guerra en Ucrania y está convencida de que habrá acuerdo en "tiempo y forma" sobre este nuevo gravamen.
El proceso de ratificación ha finalizado su tramitación con solo un voto en contra de ERC, ya que ninguno de los partidos que rechazaron la propuesta en el Congreso cuenta con representación en la Cámara Alta.
Los socios de Gobierno se dividen tras exigir los 'morados', junto con ERC y Bildu, la cesión de inmuebles y suelo a comunidades y ayuntamientos, además de la puesta en marcha de alquileres sociales.
La propuesta, que plantea un arrendamiento máximo de 300 euros mensuales, está atascada por falta de acuerdo en el seno del propio Gobierno de coalición, pero también con sus socios parlamentarios.
La presidenta de la Comisión Europea avisa de que hay que estar preparados para cualquier escenario, al tiempo que insta a actuar con rapidez, pero respetando los principios del mercado.
Unidas Podemos y el PSOE sigue negociando la norma, ya que el ala socialista es reticente a aceptar tres puntos que desde la formación morada ven imprencindible para contar con su apoyo.
La medida se enmarca dentro de la petición que Génova lleva solicitando al Gobierno central desde hace meses y en línea con el reclamo de Unidas Podemos en la región madrileña.
Tras el fin de las aportaciones de la Administración en 2011, el patrimonio se redujo y solo 2.000 funcionarios optaron por recibir el dinero como renta. La idea tiene 18 años y es evidente que no funciona.
El Gobierno de coalición vuelve a poner de manifiesto la división en sus filas, después de que la formación morada y el ministro de Consumo se haya desmarcado del voto en contra de Izquierda Unida.
El sector defiende que las cláusulas de los contratos privados individuales no pueden modificarse por decreto y que las entidades ya renegocian créditos con deudores que atraviesan dificultades económicas.
La ministra de Hacienda, Montero, ha declarado que estudian diferentes medidas para aliviar la carga financiera, pero que no valen aquellas que sólo ayuden y no sean compatibles con la bajada de la inflación.
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