La ministra ha reconocido discrepancias con el país vecino sobre qué considerar hidrógeno verde, después de que la Comisión Europea publicara las condiciones a las que está sometida este tipo de energía.
El anuncio se ha hecho público minutos después de que la ministra española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el ministro de Energía de Países Bajos, Rob Jetten, suscribiesen una alianza entre ambos.
A pesar de que el mercado libre sigue siendo mayoritario, las comercializadoras que ofrecen la TUR han aumentado su cartera de clientes regulados desde octubre hasta sumar en total 2,3 millones de contratos.
En términos porcentuales, la caída del consumo doméstico de gas natural se sitúa en enero entre un 22 y un 24%, frente a la media de los últimos cinco años, lo que refleja tres puntos menos de lo estimado.
En España afecta a la generación inframarginal (nuclear, hidroeléctrica y otras renovables) y se aplica una minoración a todos los contratos bilaterales que tengan un precio de cobertura superior a los 67 €/MWh.
El coste de consumir gas natural en España se ha triplicado. Solo en materia prima se compraron cerca de 26.500 millones de euros en 2022 para calefacción, agua caliente y producción de electricidad.
Fuentes de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos reconocen que los analistas resaltan que la ausencia del gasóleo ruso "supondrá un aumento de la cotización internacional del gasóleo".
Las comercializadoras de energía tendrán la posibilidad de sustituir aportaciones económicas al Fondo Nacional de Eficiencia Energética por actuaciones de ahorro y eficiencia acreditadas según catálogo.
La Comisión lanza a consulta pública la revisión del mercado mayorista de la electricidad y ve con buenos ojos que se implementen herramientas que incentiven los contratos a largo plazo para bajar las facturas.
Desde el departamento que dirige Teresa Ribera señalan dos posibilidades para que la vigencia de la posible prórroga vaya más allá de diciembre de este año, fecha en la que finaliza el plazo para las medidas.
El ministro de Medioambiente luso, Duarte Cordeiro, anunció este lunes que se citaría con su homóloga Teresa Ribera para abordar la petición formal para mantenerlo hasta que se reforme el mercado eléctrico.
Transición Ecológica emplazó en octubre a las grandes compañías, obligadas ya a realizar auditorías energéticas o contar con sistemas de gestión de la energía, a elaborar y publicar planes de eficiencia.
La patronal del sector, Aelec, advierte de que la propuesta de Ministerio para la Transición Ecológica para cambiar el mercado mayorista pone en peligro el libre mercado e incrementa la incertidumbre regulatoria.
La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico desoye la petición del sector eólico, que ha solicitado seis meses más ante el atasco burocrático y la concesión de todos los permisos a contrarreloj.
El regulador contrataría con las centrales inframarginales energía a largo plazo, mediante contratos por diferencias a precio fijo y orientado a costes, e introduciría mercados de capacidad para ciclos combinados.
Competencia, que dio el aprobado a la propuesta de Transición Ecológica en diciembre, considera que, en término medio, no supone una ganancia relevante en estabilidad para los consumidores acogidos al PVPC.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico ha sostenido que hasta que se produzca la reforma del mercado eléctrico, España quiere beneficiarse de él.
La ministra de Transición Ecológica ha respondido a las quejas de los regantes sobre el fin de la subvenciones al agua desalada y ha alegado que su departamento ultima un nuevo decreto transitorio.
Elabora un plan de prevención de conflicto de intereses, ausencia de doble financiación y adecuación del régimen de ayudas de Estado para la gestión de todos los proyectos financiados con cargo a Bruselas.
Entre 70 y 80 GW de proyectos podrían morir si no se acelera los visados de impacto ambiental, ya que los plazos de autorización caducan el 25 de enero. El sector eólico pide 6 meses de prórroga ante el atasco.
Ribera ha sido la ministra de Energía que más ha defendido la reforma del sistema eléctrico, recortar los beneficios extraordinarios de las eléctricas y establecer un límite de precio a las importaciones de gas.
En este plan se suprime la retribución a la inversión y a la operación a las instalaciones eólicas, a las que en 2022 se les asignó 583,5 millones, por lo que la retirada supone el 77,15% del total del recorte planteado.
La ministra apoya la política energética del Gobierno que pretende: maximizar las infraestructuras existentes, garantizar la llegada del GNL y su almacenamiento y construir un gasoducto de hidrógeno.
El Gobierno estima que con la nueva metodología para calcular el PVPC, al que están acogidos unos 10 millones de hogares, la volatilidad anual del precio diario de la electricidad se puede reducir en un 17%.
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