El Estado volverá a aportar dinero al Fondo de Reserva de las pensiones por la sobrecotización que establece el actual mecanismo, la incorporación de nuevos pensionistas y la revalorización de éstas.
El incremento se realizará según el IPC interanual promedio de noviembre. Hacienda calcula que la cifra definitiva se calculará en noviembre con la media interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC).
Elude hablar de los más conflictivos, como la ampliación del cálculo de las pensiones de los actuales 25 años, algo a lo que se ha comprometido con Bruselas para recibir los fondos de Recuperación.
El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, ha asegurado que la cotización de los becarios estará bonificada casi al completo y exonerará a las empresas para que "no les suponga coste", ni a las universidades.
El gasto de pensiones con respecto al PIB caería 0,6 puntos. La pensión media dentro de 28 años casi duplicará la actual, situándose en 1.876 euros, incluso con la ampliación del cómputo de años trabajados.
Las principales asociaciones defienden que se trata del mejor "acuerdo posible" con el Gobierno, ya que hasta el 80% de los trabajadores por cuenta propia van a pagar igual o menos de lo que pagaban.
Aunque sindicatos ya han expresado su rechazo a aumentar el periodo de cómputo, Escrivá ha asegurado que la propuesta de la Seguridad Social tendrá un "beneficio agregado" y confía en llegar a un acuerdo.
El ministro prepara una comparecencia -a la espera de cerrar el acuerdo con la patronal- para llevar el texto con rapidez al Parlamento y evitar nuevas quejas de los grupos, como ha sucedido en anteriores ocasiones.
La cámara alta ha enviado al BOE la ley para su publicación y entrada en vigor, a pesar de que la votación ha resultado por tres veces consecutivas con 126 votos a favor, 126 en contra y 4 abstenciones.
Los jubilados con menores rentas reclaman aumentar las prestaciones mínimas hasta equipararlas al salario mínimo, que se sitúa en 950 euros. Seis de cada diez jubilados contributivos cobra menos de 700.
Uno de los temas más espinosos a tratar en la reforma del sistema de pensiones es la penalización de la jubilación anticipada, una cuestión que divide a los miembros del Gobierno.
La ministra de Hacienda asegura que cumplirán con las recomendaciones del Pacto de Toledo en medio de la polémica por la posible subida de los años de cotización para calcular la pensión.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha incluido en el 'borrador' una propuesta que amplia hasta los 35 años la base del cálculo para las pensiones.
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La última propuesta "en borrador" del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha supuesto un 'golpe bajo' a las prestaciones y dañado el Pacto de Toledo.
La idea que plantea José Luis Escrivá es que esos cambios se vayan aprobando a lo largo de 2021, para que el próximo año ya estén todos en vigor.
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El ministro destaca la "sólida" situación de la Seguridad Social tras un crecimiento del 8% de las tasas de ingresos gracias a la mejora de las cifras de empleo y prevé un déficit de un 0,5% del PIB para este año.
El fallo también impide la exención de cotizaciones en las aportaciones empresariales y se limitan 4.000 euros las deducciones y las reducciones en el IRPF. Los socialistas han intentado sin éxito volver a votar.
El ministro de Seguridad Social lamenta que se haya instalado la cultura de la jubilación anticipada en las empresas y recuerda que la reforma del sistema de 2011 ya elevó la edad de retiro laboral a los 67 años.
A diferencia de otras medidas, como las prejubilaciones, los retiros forzados son medidas que nacen a través de convenios colectivos entre las empresas y los representantes de los trabajadores.
Las nóminas de los jubilados volverán a aumentar un 0,9% en 2021, incremento similar al del pasado año que supondrá unos nueve euros mensuales más, según cálculos realizados por La Información.
Consideran que la recomendación para incentivar los planes de pensiones de empleo surgidos de la negociación colectiva en realidad promoverá "la privatización del sistema público de pensiones".
Las recomendaciones han sido avaladas por el PSOE, el PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, Junts, el PNV y Coalición Canaria, mientras que Esquerra Republicana, EH-Bildu y el BNG han optado por abstenerse.
En general, estos cambios en las pensiones aprobados en el Congreso, consisten en flexibilizar algunas de las condiciones impuestas de las reformas de 2011 de 2013.
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Cuatro años después, el pacto de Toledo ha llegado a un acuerdo para modificar un sistema que, según organismos, entidades, autoridades, etc., era cada vez menos sostenible.
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