El presidente de Bielorrusia, que afronta desde hace semanas multitudinarias protestas que denuncian fraude electoral en la última cita con las urnas, basa su popularidad en su cercanía a Putin y la economía.
La Unión aumenta la lista de personas sancionadas por el fraude electoral y la violencia estatal en el país presidido por Lukashenko y por las prospecciones ilegales de Turquía en el Mediterráneo oriental.
Las SPAC son como una gran cesta de dinero que se utiliza para combinarse con una empresa no cotizada con la intención de llevarla al parqué.
La Agencia Tributaria trabaja contrarreloj para intentar cubrir los objetivos del año, mientras despachos y asesores se afanan en resolver la avalancha de actuaciones tras el parón del estado de alarma.
La Cámara Baja saca adelante una ley con la que se refuerza la financiación de este servicio sobre el que el presidente sospecha que puede perjudicar su operativa ante las elecciones del próximo noviembre.
El exasesor político del presidente ha sido arrestado este jueves acusado de fraude a los donantes de la campaña de captación de fondos para construir el muro con México. Defraudó cientos de miles de dólares.
La Generalitat solo consigue reclutar cinco de los 24 inspectores de Hacienda que pretendía incorporar para reforzar los equipos y la autonomía de la Agencia Tributaria Catalana.
Michael Cohen, el exabogado personal del presidente, publicará un libro en cuyo prólogo se describe al mandatario como un "mentiroso", "racista" y "depredador".
Dos de los rivales más fuertes de Lukashenko fueron encarcelados antes de las elecciones y un tercer candidato potencial huyó a Rusia después de recibir un aviso de que él también sería arrestado en breve.
Ha confirmado que se investiga a la NRA desde abril de 2019 para resolver si la organización actúa, tal y como asegura, sin ánimo de lucro.
Después de unas 30 horas de reunión -el martes y el miércoles-entre la dirección de Alcoa y comité no se ha alcanzado un acuerdo toda vez que este miércoles ha expirado el plazo de negociación.
"Alcoa está empeñada" en parar las cubas y no acceder al proceso de venta, según explica el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan.
La medida contra el exmandatario se produce en el marco del caso abierto contra él por supuesto fraude procesal y soborno de testigos.
Pone fin a una investigación que se inició en 2015 en relación con determinadas actuaciones irregulares de personas vinculadas al Ayuntamiento de Torredembarra.
En Estados Unidos, la fecha de las elecciones presidenciales queda fijada siempre para el primer martes de la primera semana completa del mes de noviembre.
El supervisor alemán de los mercados financieros, BaFin, ha sido demandado ante los tribunales por no haber evitado y prevenido eficazmente el fraude contable que desembocó en la bancarrota.
Se trata de la mayor estafa de la historia de la red social y tenía como objetivo que las cuentas hackeadas publicasen 'tuits' solicitando donaciones vía bitcoin.
Si sale adelante, la nueva norma supondría que Wirecard debería dejar el índice en agosto y no habría que esperar a la revisión regular de su composición que se lleva a cabo en septiembre.
De la Mata propone juzgar al expresident catalán y su familia por idear una estructura milimétrica que dejó deudas millonarias a la Hacienda española.
Los socialistas tienen vía libre para impulsar de una manera más 'light' su plan para ir reduciendo el uso de billetes y monedas. También pedirán campañas para concienciar sobre el pago de impuestos.
El sindicato, mayoritario en la Policía Nacional, se personará en la causa abierta en un juzgado madrileño por posible fraude en la obtención del Grado.
La sentencia del alto tribunal resuelve que puede tener consideración de documento oficial o de certificación a los efectos de los delitos de falsedad.
El Ministerio Público reclama por estos hechos 32 años de cárcel a Ana Duato y 27 años a Imanol Arias por 7 y 6 delitos fiscales.
La Unidad Central Operativa ha realizado una nueva batería de diligencias con diversas requisas que entre las que se ha incluido el domicilio de Fernando Castelló.
Lo hace tras identificar una decena de grupos de autores y con el objetivo de aclarar si se lucraron registrando como propias obras de dominio público.
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