Cuentos y cuentas del apagón nuclear

Cuenta un antiguo diputado y exalto cargo socialista cómo años atrás se quedó estupefacto al comprobar en pleno debate sobre el primer cierre de una central nuclear en España -Zorita, Guadalajara-, que ni uno solo de sus compañeros se había molestado en visitar las instalaciones de la central para saber de qué iba el debate. Han pasado muchos años y esta misma semana, otro alto cargo, en este caso de un organismo supervisor, se quejaba -'sotto voce'- del escaso conocimiento del sector de la energía que muestran altos cargos, políticos, informadores e incluso empresarios. El desconocimiento es un lastre para el proceso de transición energética y un arma útil para quienes intentan retrasar los cambios que afectan las cuentas de resultados.

La complejidad del sistema energético -no sólo eléctrico- ha permitido hacer pasar por verdades incontestables afirmaciones como que la energía nuclear no contamina o que parezca natural que los usuarios españoles tengan menos derechos que en otros países europeos, pero tengan siempre la obligación de cubrir con su bolsillo errores políticos o empresariales. Algunos, tan graves como el déficit tarifario -25.000 millones de euros de nada-, el almacén de gas Castor, el Almacén Temporal Centralizado (ATC) para residuos nucleares, el laudo del gas argelino y un largo etcétera.

En plena transición hacia una economía descarbonizada es fundamental repartir los costes del proceso con información y conocimiento. Es lo que el Gobierno y su ministra de Transición Ecológica denomina “transición justa”. Básicamente consiste en procurar que el coste de los cierres de minas, centrales de carbón e instalaciones nucleares no caiga sólo sobre las espaldas de los consumidores. Las empresas que tanto dinero han ganado durante décadas tienen que arrimar el hombro. Aunque no tengan costumbre.

El dinero no alcanza

Con el apagón nuclear ha llegado el momento de hacer cuentas. Las más fiables son las que maneja la empresa pública de residuos Enresa. Son preocupantes. La empresa calcula que desmantelar los siete reactores en operación al llegar a los 40 años costaría al menos 14.200 millones a pagar durante una década. Las empresas propietarias han aportado para ese fin 5.300 millones. El dinero no alcanza. Pero las eléctricas están contentas –al menos dos de las tres grandes- porque el calendario de cierre que maneja el Gobierno Sánchez, entre 2025 y 2035, extiende la vida útil media de las instalaciones más allá de los 40 años, lo que permitirá cubrir el desajuste sin demasiado esfuerzo añadido.

Enresa está haciendo números a toda máquina. Tiene que elaborar un nuevo Plan de Residuos antes del verano. El plan vigente, el VI, data del año 2006. No sirve. Ni sirve el plan, ni sirven las previsiones de gasto. En 2006, la empresa estimaba el coste total de la gestión integral de todo el proceso de gestión de residuos radiactivos, hasta su almacenamiento final, en 13.000 millones de euros (valor 2006) y hasta el año 2070. El cuento de la lechera.

Las cuentas de lo que ha costado compensar a los municipios próximos a las centrales nucleares están más claras. Enresa ha distribuido desde 1989 entre un centenar de ayuntamientos 580 millones de euros. Es una cantidad más que respetable. Ha servido para “acolchar” la opinión pública, pero para poco más.

Las ayudas y sus resultados

El último análisis conocido sobre el destino y los logros de las ayudas lo hizo Industria hace cuatro años en una orden ministerial. Según recogía la orden, tras 25 años de ayudas, los municipios "aún mantienen una marcada dependencia económica de las nucleares", debido "a la baja incidencia" que estas ayudas han tenido en su desarrollo por su "escasa" aplicación a proyectos de inversión para generar economías alternativas. El dinero voló. El fin publicitado era un cuento.

Lo mismo ha sucedido con otro gran y polémico proyecto nuclear: el almacén de Villar de Cañas (Cuenca). Ahí iban a ir a parar los residuos que ahora se acumulan en piscinas y contenedores de las centrales. Ese cuento también ha tenido mal final. El Gobierno lo ha paralizado por la fuerte contestación al proyecto y por la falta de un plan de residuos actualizado. Por el camino se han esfumado 43.000 horas de trabajo del personal técnico del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y 4.900 horas de personal externo. Y junto con las horas de los funcionarios, 43 millones de euros de los contribuyentes.

El exministro socialista y hoy presidente de Red Eléctrica de España (REE), Jordi Sevilla, compara la transición energética “al 'shock' que en su momento supuso la incorporación al Mercado Común”. El término está bien traído. Para muchos ha sido un “'shock'” admitir que el negocio nuclear deja de serlo si hay que pagar por los residuos y limitar la vida de las instalaciones a los años para los que fueron diseñadas. Un cuento deshecho por las cuentas.