El dinero no siempre es el 'alfa' una guerra pero habitualmente suele ser su 'omega'. Cuando se acaba, se termina el combustible que la mueve. Transcurridos 535 días desde el inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, aunque la contienda parece enquistada, es posible que su final esté más cerca. La nueva ronda de sanciones de Estados Unidos (EEUU) que se acaba de conocer vuelve a poner el foco en los oligarcas rusos, los estandartes de la diplomacia económica de Vladimir Putin y su ejército privado de poderosos desde que llegó al Kremlin hace 24 años.
La OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) del Departamento del Tesoro del Gobierno de Joe Biden ha dictado orden de bloqueo de bienes, transacciones y prohibición de hacer cualquier tipo de negocio bajo su jurisdicción a los cuatro multimillonarios fundadores del imperio empresarial ruso Grupo Alfa (y su filial LetterOne): Mijaíl Fridman, Petr Aven, German Khan y Alexei Kuzmichev. De facto, la medida supone el destierro del sistema financiero occidental y pasarán a la clandestinidad total en términos económicos, lo cual puede tener cierta repercusión en España para todos aquellos que mantienen lazos económicos con ellos.
¿Por qué ahora? ¿Por qué ellos? ¿Por qué tardaron un año y medio en aplicar la sanción cuando ya lo fueron objeto de ellas en Reino Unido, la Unión Europea, Canadá, Australia y otros países de la OTAN? La ausencia del matasellos de Washington les había permitido moverse durante todo ese tiempo en la sombra de la duda sobre si eran parte de la maquinaria rusa de desestabilización en Occidente haciendo uso de sus poderes económicos y extensa chequera. Todo se sabía pero esta omisión ha obstaculizado hasta ahora la efectividad de las sanciones económicas a Rusia, el Gobierno de Putin y su red de apoyos internacional. Romper la financiación es clave para ganar la guerra o, al menos, para que acabe. Las fortunas de oligarcas no son otra cosa que grandes despensas de capital construidas al cobijo del Kremlin e, incluso, por decisiones directas de Putin.
Por eso algunos se llevan las manos a la cabeza al comprobar como en España estamos consumiendo más gas que nunca procedente de Rusia, que ha pasado de ser un proveedor irrelevante y marginal a uno de los principales con el 20% de cuota en 2023. Hoy está totalmente prohibido comprar su petróleo y algunos derivados, pero no el gas. Desde que estalló la guerra en Ucrania, a contracorriente de Europa, se han triplicado las importaciones españolas de gas ruso. ¿Es compatible financiar al agresor y dar armas al agredido? ¿Es por necesidad u obligación?
Como saben o deberían, el gas es la clave de bóveda del sistema eléctrico en España basado en renovables, pero también de la calefacción y agua caliente. En 2022, la factura país por traer gas se multiplicó hasta los 26.500 millones de euros. Lo sorprendente es que no haya debate político sobre ello, salvo el intento por iniciarlo con una denuncia en Bruselas del ínclito Carles Puigdemont (Junts), el personaje clave que puede dar o quitar la presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez (PSOE). Lo asombroso es que la ministra Teresa Ribera se escude en la inexistencia de una ley que impida importar gas de Rusia cuando en su despacho está el botón de veto.
El club Dia, el clan Alfa y el Prestige
Son bien conocidos en España desde compraron supermercados Dia, la mayor red de distribución en España con 4.000 tiendas, a través del holding británico Letterone. Lo hicieron con una dudosa estrategia de demolición bursátil entre 2017 y 2021 que pasó sin objeciones el examen de la CNMV de Sebastián Albella o el filtro de la justicia tras alguna denuncia. También fueron socios del Grupo Planeta y la familia Dolset en Zed, la malograda tecnológica que terminó quebrando por uno de los bancos de Alfa Group y un escándalo de sobornos en Rusia.
Si todavía no ven nada raro ni turbio en lo anterior, si desconocen ambos seriales, quizá les refresque la memoria el naufragio del Prestige, un buque que en 2002 acabó descargando toneladas de fuelóleo frente a las costas de Galicia. El dueño final de aquella carga era una petrolera llamada Tyumen Oil o TNK. Pues bien, el origen de la fortuna de Fridman y el resto de oligarcas sancionados es precisamente esa compañía que compraron a finales de los 90. Al año siguiente del Prestige, aquella petrolera se fusionó con los británicos de BP (socios industriales y tecnológicos) con los que empezaron a extraer petróleo y gas en Rusia como nunca antes.
En 2012, la empresa estatal Rosneft que dirigía y dirige Igor Sechin -la mano del Kremlin en el área energética- pasó de expropiar la Yukos del oligarca rebelde Mijaíl Jodorkovski a comprar TNK-BP por la friolera de 56.000 millones de dólares, la mitad para los rusos de Alfa que ya conocen. Con esa operación, con dinero público, Putin convirtió a un grupo de ricos en ultramillonarios. Gracias a ese ingente capital montaron Letterone, una de las mayores sociedades de inversión privadas en la City londinense o Londongrado, con la que volvieron a España a comprar Dia cerrando un sinuoso círculo con el Prestige. Su calculada equidistancia convenció a muchos de que también eran víctimas de Putin y que estaban atrapados en la guerra. Las nuevas pesquisas parece que les colocan en un solo lado sin posibilidad de regreso.
Cualquier incógnita parece haber sido despejada ahora que los servicios de contrainteligencia económica del Tesoro de EEUU, que ahora han confirmado que seguían cabildeando, organizándose en torno a una asociación empresarial rusa e intentando enjuagar favores en España y Europa para levantar el régimen de sanciones, desbloquear activos y cuentas que teóricamente tienen el candado puesto. Su fortuna es incalculable, pero que algunas mediciones, como las de Forbes o Bloomberg, apuntaban que hace pocos años que reunían un patrimonio conjunto de 50.000 millones de euros. Un poder sin igual. El mensaje de Washington es contundente. "Las élites ricas de Rusia deberían desengañarse de la idea de que pueden operar como de costumbre mientras el Kremlin hace la guerra contra el pueblo ucraniano. Nuestra coalición internacional seguirá responsabilizando a quienes permitieron la invasión injustificada y no provocada de Ucrania".
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