España tiene un problema serio y los que lo pueden solucionar prefieren hacerse los suecos, por decirlo finamente. El artículo 47 de la Constitución asegura que todos los ciudadanos españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Nadie cuestiona palabras tan rotundas y todo el mundo, en su sano juicio, las apoya e incluso las aplaude. Sin embargo, delante de esas bonitas frases en forma de Ley suprema nos encontramos ante la cruda realidad y con la disyuntiva del papel que realiza el Estado, que debe ejercer fundamentalmente una política social que beneficie a los ciudadanos que sufren esas necesidades habitacionales. Por su parte, los objetivos primordiales del mercado, en lo que se refiere a las viviendas, son distintos ya que este busca un fin social pero con beneficios mutuos, y forzarle a quebrantar su propia naturaleza suele dar resultados contraproducentes.
En la actualidad hay en España menos casas disponibles para alquilar y comprar. Los motivos son varios pero el principal de ellos es la mala política de vivienda desarrollada por el Gobierno de Pedro Sánchez desde 2023. El mercado, tanto de alquiler como de compra, opera bajo las leyes de la oferta y la demanda. Para promover precios más accesibles y mejores condiciones para los inquilinos, la única solución radica en aumentar la oferta, evitando medidas que la restrinjan. Conseguir que esa oferta sea amplia le corresponde al sector público, que asume un papel destacado en este cometido, pero no es suficiente de cara a solventar el problema y resulta imprescindible la colaboración del sector privado.
Principalmente, a causa de que la vivienda en España es un verdadero drama social, tanto para los que más lo necesitan como también para las clases medias y populares. Cada vez hay menos posibilidades, y no sólo para la gente joven, de acceder a un espacio donde desarrollar un proyecto de vida y formar una familia. Pasa a la hora de comprar nuevas viviendas y también con la búsqueda de alquileres. La mayoría de familias tienen que destinar casi el 60% de sus ingresos para cubrir esa necesidad de alquilar. La vivienda pública es un bien sumamente escaso en España, y en esa grave cuestión estamos a la cola de Europa. En la mayoría de países de nuestro entorno el 10% del parque es público, mientras que en nuestro país sólo se alcanza un 2,5%. Somos uno de los territorios europeos que menos invierte en vivienda respecto a su PIB.
La retirada de la ‘Golden Visa’ para no residentes que quieran comprar pisos de más de 500.000 euros ha sido un simple trampantojo creado por el Gobierno para distraer la atención del problema real, ya que esta medida afectaba a menos del 1% del volumen de las compras de pisos. Menos demagogia y más soluciones para un problema que cada día crece y pone más difícil la vida de los ciudadanos. La nefasta Ley de Vivienda de 2023 que sólo ha conseguido empeorar los problemas de las clases populares y medias dados los efectos de su regulación, ha propiciado el desplome de la oferta de larga duración y una gran fuga de pisos del mercado convencional por temor a las medidas implantadas. La aparición de condiciones y requisitos desproporcionados de la nueva Ley, repercute al final en la subida de precios, justamente lo que se buscaba combatir y contener.
Es el Gobierno quien tiene la máxima responsabilidad de garantizar una vivienda a los ciudadanos que no puedan acceder a ella en determinadas circunstancias. Solo los países con gobiernos poco competentes descargan sobre los propietarios particulares las obligaciones que le corresponde solucionar al Estado. En general, las viviendas que se alquilan, y las que están vacías y son potencialmente arrendables, pertenecen a personas y familias de clase media que en su mayoría ponen en alquiler un piso o dos, para con ello compensar su baja pensión y la carestía de la vida. Sobre este tipo de personas no puede recaer la solución de la vivienda en España. Habría que crear un pacto de Estado para frenar las múltiples dificultades que genera la vivienda, pero para ello los políticos deberían previamente ponerse de acuerdo entre ellos.
Las distintas regulaciones del Gobierno y las Comunidades Autónomas han conseguido que el pequeño propietario, el más común y el que aporta una mayor cantidad de viviendas, tenga miedo a la hora de sacar su piso al mercado de alquiler. Prohibir los desahucios de familias vulnerables, por ejemplo, ha sido un gran error, ya que se ha expulsado de ese mercado a todos los inquilinos que más lo necesitaban. Ahora mismo no es fácil alquilar una casa a una familia con niños o a jóvenes con ingresos bajos.
El que redactó esta norma, al igual que la tristemente famosa Ley Montero del “solo si es sí”, no sabía muy bien las consecuencias que esto podría conllevar. Quizá le hubiera bastado con informarse un poco mejor ya que en toda Europa ha sucedido el mismo problema y las consecuencias han sido las mismas. La falta de pericia provoca estos graves resultados. Y que esto lo haga un Gobierno que dice tener una gran conciencia social resulta preocupante. La falta de seguridad jurídica hace que muchas personas prefieran tener su vivienda vacía antes que afrontar los quebraderos de cabeza que conlleva una ocupación en caso de impago.
Por último, un par de datos clarificadores ofrecidos por María Hernández en 'El Mundo'. ¿Dónde están las 184.000 viviendas prometidas por Pedro Sánchez hace un año? Estos son los datos: los primeros 43.000 pisos consideran las 11.000 del Fondo Social de Vivienda, las 14.000 de Sareb integradas en el mandato social y las otras 18.000 que el banco malo tiene en venta. Otras 30.730 viviendas están en fase de firma y/o desarrollo (serían 47.209 si se incluyesen los proyectos de Sepes con la operación Campamento), y el resto, 105.930 -un 56%-, se han quedado, por ahora, en otra falsa promesa pendiente de cumplir. Pues nada, denle ustedes la gracias al Ejecutivo por su buen hacer y que la ruleta rusa de la vivienda siga dando vueltas sin parar.
