El sudoku autonómico: ¿nos creerán los inversores foráneos cuando el BCE afloje?

En la Transición la prioridad fue recuperar la concordia y el consenso para evitar más guerras civiles. Los padres constituyentes decidieron incluir en la Constitución el Titulo VIII las comunidades autónomas, sus competencias y los principios de su modelo de financiación. La Constitución es cristalina en el principio de igualdad de derechos y obligaciones de un español independientemente del territorio donde resida y pone un límite al desarrollo de estatutos de autonomía que no pueden incluir privilegios económicos y sociales.

La Constitución nació con una clara vocación federal pero sin definir reglas claras e instituciones de coordinación de los estados federales. En principio se pensó en las comunidades históricas las que tenían lengua propia pero Andalucía en su estatuto se definió también como comunidad histórica y las 17 acabaron teniendo el mismo nivel de autonomía. En 1996 José María Aznar ganó las elecciones con una diferencia mínima de un punto sobre Felipe González, 156 escaños y necesitó pactar con nacionalistas catalanes y vascos para llegar a la Moncloa. La condición fue transferir a País Vasco y Cataluña la gestión de la educación y la sanidad en el año 2000. El resto de comunidades también asumieron esas competencias.

De facto España paso a ser uno de los países con el gasto público más descentralizado del mundo pero sin instituciones y reglas claras para coordinar dicho gasto entre ellas y con la administración central. Las autonomías gestionan más de la mitad del gasto del estado pero reciben el 80% de sus ingresos principalmente del IRPF y del IVA que sigue gestionando la administración central. El sistema genera incentivos perversos ya que los aumentos de gastos en estado del bienestar son muy bien valorados por los votantes pero es el Gobierno central el que tiene que asumir el coste político de subir los impuestos para financiarlos.

¿Cuál ha sido el resultado? La deuda pública neta ha pasado del 50% del PIB en el año antes de la descentralización a doblarse en la actualidad superando el 100% del PIB, niveles nos vistos desde 1903. El gasto público ha pasado del 39% del PIB en el año 2000, hasta el 42% en 2019 antes del pandemia y cercanos al 46% en 2022. Los diferentes gobiernos de izquierdas y derechas nos han subido el IVA y el IRPF desde 2009. Los ingresos públicos en 2022 estarán próximos al 41% del PIB y en 2019, antes de la pandemia, estaban en el 39%, tan sólo un punto por encima de su nivel del año 2000 antes que Aznar tomase la decisión de descentralizar la mayor parte del gasto público.

Gracias a la Transición España paso a ser miembro de pleno derecho de la Unión Europea. Esto obligó a incorporar las reglas europeas a la legislación nacional. Gracias a eso España tuvo seguridad jurídica para hacer negocios y accedió a fondos europeos para desarrollo de infraestructuras y ahora también para digitalización, sostenibilidad y economía circular. Entramos en el euro y el BCE ha permitido financiar el mayor crecimiento de deuda pública de nuestra historia el pasado año a tipos del 0%.

Desde 2007 somos un país que vive a crédito, hipotecando el futuro de nuestros hijos y priorizando las pensiones y la sanidad a la educación y la tecnología.

Paradójicamente Europa, que es una confederación de estados sin unión política, tiene más reglas e instituciones de coordinación fiscal que España y su estado autonómicos para garantizar la estabilidad presupuestaria a largo plazo, algo determinante en una unión monetaria. La Comisión Europea acaba de abrir una consulta pública para reformar sus normas fiscales. Tras el fuerte aumento de la deuda pública durante la pandemia, es obligatorio cambiar la regla de deuda que sigue fijando como objetivo el 60% del PIB, algo que para Grecia, Italia, Portugal, España o Francia sería inasumible. Pero no deberíamos esperar cambios significativos en las reglas que obligaran a España a reducir el déficit estructural a partir de 2023. El déficit es superior al 4% del PIB, o sea unos 50.000 millones, y exigiría ajustes de medio punto de PIB al menos hasta 2030 para cumplir con las reglas Europas.

En este escenario las comunidades, tanto las gobernadas por la derecha como por la izquierda, han forzado al Gobierno a abrir la caja de Pandora de la financiación autonómica. Las 17 irán a pedir leche pero ninguna explicará a sus votantes quien dará de comer a la vaca. La negociación, como ha ocurrido desde 1978, es que ninguna comunidad puede salir perjudicada por el nuevo modelo. Por lo tanto, cualquier decisión aumentará el déficit estructural y nos alejará aún más de la senda de estabilidad presupuestaria que España se ha comprometido tener con sus socios europeos.

Los intereses dentro el Consejo de Política Fiscal son diversos. País Vasco tiene la excepción de sus fueros y las subidas de impuestos no le afectan. Tampoco los aumentos del gasto. Por ejemplo, el Pacto de Toledo ha vuelto a referenciar las pensiones al IPC y el déficit de pensiones vasco, uno de los mayores por habitante de España, aumentará. ¿Pagará más el Gobierno vasco en las futuras liquidaciones del cupo? Nadie lo sabe, es una incógnita como el tercer milagro de Fátima.

Cataluña tiene la mayor deuda pública de las autonomías pero sigue atrapada con su relato independentista y eso complica significativamente su posición en la nueva financiación. Madrid ha presentado por fin unos presupuestos, lleva dos años prorrogando los anteriores, con un gasto público en 2022 un 15% superior al de 2019 antes de la pandemia. Díaz Ayuso ha tildado los presupuestos de austeros y ha reducido mínimamente los impuestos. Madrid tiene la deuda pública baja y se podría permitir transitoriamente ese déficit. El problema es que el gasto es estructural y complica cumplir los compromisos del estado español en Bruselas.

La Comunidad Valenciana en el año 2000 tenía una renta por habitante del 95% del promedio de España. En 2013 tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera bajó al 86% y se ha mantenido en ese nivel desde entonces. El declive económico les ha perjudicado en la financiación autonómica. El problema es que no es posible mejorar a una comunidad perjudicando al resto. Valencia tiene ya un 50% de deuda pública sobre PIB, el doble que el promedio nacional y cinco veces más que en el año 2000.

El déficit estructural se concentra principalmente en pensiones y sanidad y ambas partidas crecen exponencialmente cada año por el envejecimiento de la población. En impuestos la derecha sigue prometiendo bajarlos, igual que hizo Rajoy en 2011 y luego tuvo que hacer la mayor subida de impuestos desde Isabel la Católica. La izquierda promete subirlos impuestos sólo a los ricos. El problema es que en España hay muy pocos ricos y menos que puede haber ya que nuestro vecino portugués con un gobierno de izquierdas les ha puesto una fiscalidad mucho más baja que la nuestra.

La otra milonga habitual de la derecha es hablar del gasto superfluo. En Galicia o Castilla y León donde gobiernan desde hace décadas tienen un problema de déficit y deuda y la reducción de gasto superfluo ni está, ni se le espera. Andalucía es un buen experimento. Tras 40 años de gestión socialista el PP prometió en las elecciones reducir los “chiringuitos” y el gasto superfluo. Moreno Bonilla tres años después ha presentado unos presupuestos para 2022 con un gasto en salarios de funcionarios y empleados públicos un 25% superior al que dejó el PSOE en 2018. Y el gasto en bienes y servicios corrientes será el próximo año con el PP un 50% superior al que criticaba al PSOE en 2018.

La Transición ha permitido cuarenta años de paz y progreso a los españoles. Pero la globalización y la revolución tecnológica han cambiado el mundo y España no se adaptado bien a la nueva realidad. Desde 2007 somos un país que vive a crédito, hipotecando el futuro de nuestros hijos y priorizando las pensiones y la sanidad a la educación y la tecnología. Ahora el crédito nos lo da el BCE pero la reaparición de la inflación racionará su crédito a los países. Crédito viene del latín creer y la pregunta del millón de dólares es: ¿nos creerán los inversores internacionales cuando el BCE reduzca su programa de compras? Veremos.