Cataluña llena la bolsa y reparte 'su solidaridad' al resto de España

Cuando en la España de la transición que ahora tanto añoramos le propusieron a Jordi Pujol adoptar un modelo fiscal similar al Concierto Económico Vasco y el sistema de Cupo para ajustar cuentas con el Estado, el líder catalán lo tuvo muy claro: ese modelo suponía tener el control de toda la recaudación de impuestos y afrontar con ello el pago de sus gastos, gane o pierda, sin opción de sacarle derramas al Gobierno de turno en caso de derroche. Y eso no le gustó al Pujol de entonces. Prefería negociar mano a mano con los de Madrid, seguro de que iba a sacar una bolsa más llena, sin el riesgo que corrían vascos y navarros. Y lo hizo. A fe mía que el propio Pujol estará satisfecho con el acuerdo que ahora han alcanzado sus ‘descendientes’ en la Generalitat, aunque sean de izquierdas, que logran imponer a los socialistas de Madrid -también ‘descendientes’ de aquellos, aunque a veces no lo parezca-, una relación exclusiva y bilateral a la hora de establecer el dinero que merecen para cubrir sus servicios públicos básicos, incluso para recortar el que se han gastado de más en los últimos quince años.

El acuerdo sellado entre ERC y PSOE este jueves, más allá de la cesión de las Rodalies, que es un alivio más que una pérdida, es como extender la amnistía política que se está gestando para la 'cuasi rebelión' de 2017 al ámbito económico y fiscal, porque supone revertir lo que se estableció en la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre la propuesta de Estatut de Catalunya que se había aprobado en su Parlament cuatro años antes. La esencia de los artículos que en materia económica y fiscal se echaron para atrás marcaba la imposibilidad constitucional de que Cataluña marcara el paso de la financiación de toda España, al fijar de forma exclusiva con el Estado el nivel de gasto mínimo que había que cederles para cubrir los servicios públicos y, a partir de ahí, que lo hicieran el resto de CCAA. Es decir, yo a lo mío y el que venga detrás, que arree.

La sentencia pudo ser demasiado dura, porque prácticamente echaba por tierra todas las pretensiones soberanistas de los catalanes. Pero, curiosamente, también conllevaba una interpretación constitucional de lo que se entiende como la “autonomía financiera” de las comunidades autónomas en el articulo 156.1 de la Constitución. Es decir, establecía la posibilidad de que cada gobierno autonómico pudiera establecer condiciones y modificaciones en los tributos cedidos por el Estado en virtud de su estrategia y los objetivos de su gestión, al servicio de los ciudadanos, claro está. Ganar dinero es otra cosa.

El ministro Bolaños ha sido muy cauto al dejar claro que el recorte de deuda de Cataluña se basa en un sistema que podrán utilizar todas las autonomías, para evitar agravios y desigualdades, cada una según la estimación de lo que el ciclo económico le ha costado de más en sus cuentas en los últimos años. Eso cumple la primera parte del artículo 156.1, la que establece que “las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal”. Pero se queda en el tintero la coletilla con la que acaba el texto constitucional… “y de solidaridad entre todos los españoles”. Precisamente la solidaridad que salvaguarda la sentencia del Estatut. 

Habrá que esperar al desarrollo del nuevo modelo de financiación autonómica para ver como es capaz el Gobierno que salga de la investidura -dependiente de los votos de tantas formaciones nacionalistas, regionalistas e independentistas-, de llevar a buen término lo de la solidaridad de Cataluña con el resto de España, que impone la Constitución. Una clave será el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que decide sobre este ámbito, pero que tiene un 50% de sus votos dominado por el Estado, de forma que cualquier alianza que establezca con una u otra formación dará validez a sus decisiones, caiga quien caiga. 

Eso le va a ocurrir al mismo Gobierno -si sale-, que ha creado un impuesto a las grandes fortunas que es el calco del denostado Impuesto del Patrimonio (único en el mundo) solo para evitar el ejercicio de la autonomía financiera ‘constitucional’ de Madrid y otras autonomías del PP; y el mismo Gobierno -si sale- que ha creado dos nuevos impuestos ‘coyunturales’ (Patrimonio también lo fue hace 40 años y todavía sigue) a la banca y las energéticas, ya prorrogados, sin una base imponible sensata que los justifique, más allá de “que ganan mucho dinero”, como si estuviera prohibido. “Cosas veredes, amigo Sancho…”, volvemos a la España del Quijote, solo que a Cataluña le ha salido bien, por ahora, luchar contra los molinos. Eso sí, lo más valiente habría sido apuntarse al Concierto vasco.