Ante la huelga de jueces y magistrados: No es la huelga, es la institución

Tengo que confesar que la lectura del libro de Mora Sanguineti “la factura de la injusticia” me ha impresionado. No siempre somos conscientes de las situaciones que crean las actuaciones propias ni la falta de impulso en la modernización y actualización de los modelos. El modelo judicial, es, sin duda, uno de los elementos que, en este momento histórico ha merecido menos atención de los poderes públicos y, singularmente, de los gobiernos. Conocer y ponerle números a la ineficacia resulta especialmente interesante y debería llevarnos a todos a una profunda reflexión.

Con la sagacidad y la incisión que solo pueden tener los grandes, Alejandro Nieto publicó hace 13 años un ensayo sobre el malestar de los jueces y el modelo judicial. El diagnóstico era, una vez más, plenamente acertado: el modelo no satisface a los agentes que participan en el mismo. Los datos, los ejemplos y la reflexión eran muy evidentes y demostraban las dificultades del sistema.

Desde entonces hasta aquí las cosas no han cambiado y, por tanto, la distancia entre la forma de realización del modelo de resolución de conflictos y los demandantes de dichas soluciones no ha dejado de crecer. El sistema no ha mejorado, los gestores y la gestión no se ha incorporado al proceso ni a la oficina judicial, la carrera, la profesionalización y, en general, todo lo que compone el sistema se ha ido abandonando como si realmente no interesará a nadie. Lejos de esto hay que recordar que cuando la gente acude a la justicia es porque está en una situación de necesidad. No son, a menudo, los mejores momentos de la vida de una persona los que se dilucidan en los órganos y en los procedimientos judiciales.

Al lado de esto, o como consecuencia del clima la forma en la que se presta el servicio y se resuelven los asuntos ha sufrido una crisis evidente. Todo nos ha parecido que era irrelevante. De repente, los tiempos de la justicia se han alargado de una forma exponencial sin que esto haya merecido medidas o reformas que alivien un problema que es estructural. Los servicios electrónicos suponen un avance notable pero los usuarios de los mismos coinciden en que no es infrecuente que se conviertan en un problema más que en una solución. La calidad y la intensidad del proceso ha perdido intensidad de forma evidente por muchos motivos pero con una percepción que resulta más que evidente. El servicio, en general, está muy fundado en el voluntarismo no existe una cultura de calidad ni de atención real. Todo el mundo parece que vive en el sistema para “sobrevivir” o acabar el día.

Finalmente: los jueces y magistrados. Conformados constitucionalmente como un poder del Estado y convertidos, a menudo, en empleados públicos de los que nadie se siente responsable. La disociación entre las competencias del CGPJ y el Ministerio de Justicia que llevan a éste a tomar las grandes decisiones del marco real de actuación, como los sueldos, los planes de refuerzo, las unidades judiciales, etc.….es algo que se ha demostrado, en todo el periodo democrático, claramente ineficaz. Ni siquiera esto ha conducido a un debate público sobre alternativas. Esto es realmente lo inquietante: la percepción de que algo no funciona y que nadie se cuestiona seriamente el cambio.

La gestión de esta disociación no ha merecido ni siquiera fórmulas de contractualización o bilateralización de los compromisos como ocurre con los contratos-programa que existe en otros ámbito se la gestión pública y que tienen el efecto central de situar a cada uno ante sus responsabilidades. Lejos de esto, el mantenimiento de un esquema que no identifica nítidamente las responsabilidades solo contribuye a nadie asuma el compromiso formal ni las consecuencias de su incumplimiento.

La consecuencia de la falta de transparencia y compromiso es evidente: hoy solo nos importa la politización de los jueces y magistrados. La situación en la que se ha colocado al CGPJ demuestra muchas cosas, pero, sobre todo, una: el desprecio colectivo hacía las instituciones y la conversión del mismo en una moneda de cambio entre agentes políticos. Llegados a este punto y siendo la Justicia lo que constitucionalmente es resulta más que evidente que es precisa una reflexión colectiva sobre el rumbo y el futuro.

En este contexto de desatención se ha instaurado en el ámbito de la justicia un claro sentimiento de maltrato. Primero, los Letrados de la Administración de Justicia, luego, los funcionarios y, ahora, los jueces y fiscales han decidido utilizar medidas de presión que visualicen su situación, que pongan en la agenda política la situación del servicio, que tome en consideración a sus profesionales y que, por tanto, organice el sistema con alguna coherencia y con vocación de servicio.

En unos casos, el conflicto ha encontrado un acuerdo. En otros, se ha enquistado y, en otros, acaba de comenzar. Las consecuencias para el ciudadano de la crisis del sistema de solución de conflictos son y tienen un perfil irreparable. No es solo el incremento de la demora, de los tiempos de respuesta sino la confusión, el desorden y la apatía los elementos que están tomando la posición principal.

Frente a esto nos empeñamos en debates estériles. ¿Tienen los jueces derechos de huelga? ¿Quién tiene que fijar los servicios mínimos? ¿se puede descontar los días de huelga de sus retribuciones? Las preguntas deberían ser otras ¿nos hemos preocupado por la organización del sistema? ¿hemos medido la carga de trabajo y extraído las consecuencias? ¿hemos reforzado la posición institucional de la judicatura? ¿hemos todos contribuido a que el sistema tenga lógica, atención, organización? La contestación ordenada de estas últimas preguntas nos sitúa ante el problema.

El problema es, se quiera o no institucional. Lo retributivo es una consecuencia de la devaluación de lo institucional. Solo en lo que no se cree no se valora, no se aprecia y, por ende, no se retribuye. Hace ya muchos años que el sistema judicial (no el estatus de los jueces que es diferente) no ha formado parte de la agenda política. No hay un proyecto de organización, un proyecto que genere ilusión, que genere satisfacción en los usuarios y que proyecte valores de progreso. Cuando esto ocurre el problema es global e institucional. Transformarlo en retributivo únicamente es una equivocación que no conducirá a nada. Que unos cuantos miles de euros solucionen un problema puntual es sólo una situación de emergencia. La justicia necesita envolver estos miles de euros en un proyecto de organización, de carrera, de progreso, de exigencia frente al servicio, que fomente la calidad del producto y que contribuya a la satisfacción de los usuarios sabiendo de antemano que en un proceso siempre uno gana y otro pierde y, por tanto, la medición de los resultados no puede ajustarse únicamente a la ganancia o pérdida.

En este marco, la solución de un conflicto laboral, debe ser una primera y razonable muestra de respeto hacía la institución. No son las personas ni los empleados públicos sino el servicio lo que realmente debe presidir la salida del conflicto. La sociedad española necesita tener claro que los gobiernos no abdican de la justicia, sino que la presentan ante la sociedad como un sistema eficaz y ordenado de solución de los conflictos.