OPINION

Los trucos y las trampas de la Ley del Cupo

¿Q

ué significa para el resto de Comunidades Autónomas la aprobación por el Congreso de las leyes que mejoran la financiación de las Diputaciones Forales y del Gobierno Vasco? Nadie duda de que, junto con Navarra, el País Vasco dispone de mejor financiación, pero la pregunta que cabe hacerse es: ¿Cómo lo logran? Pues aunque resulte chocante decirlo, lo cierto es que lo consiguen a través de leyes repletas de trucos y trampas. Permítanme que me explique.

Con el Concierto económico las Diputaciones forales regulan, gestionan y recaudan todos los impuestos (digo bien, todos) y pagan al Estado una cantidad – el Cupo- por el ejercicio de las competencias no transferidas y por la solidaridad con el resto de España, en la que conviven y comercian libremente. En teoría, si se aplica con lealtad, el Concierto no tiene por qué conducir al privilegio financiero. La ventaja nace del modo en que se calcula, no del sistema en sí mismo. Por tanto las preguntas relevantes son: ¿Las Diputaciones forales recaudan todos los impuestos o algo más? ¿Pagan su parte del coste de las competencias del Estado o hay alguna trampa? ¿Contribuyen a la solidaridad o hay truco?

La gestión de los impuestos directos e indirectos que se generan en los territorios forales requiere algunos ajustes, en particular en el IVA. Pues bien, para que siempre salga favorable a las Diputaciones Forales, la Ley fija parámetros como índices de consumo u otros, claramente amañados para que den el resultado deseado. Este, más que un truco, es una mentira legalizada. Por esta vía, el País vasco se quedó con 1.299,1 millones adicionales de IVA en 2015, de los que la mitad se restan a las CCAA de régimen común. La nueva Ley de Cupo no modifica este mecanismo tramposo, sino que lo garantiza para, al menos, otros cinco años.

Por lo que se refiere a la contribución a los gastos del Estado no transferidos, la Ley de Cupo establece que al País vasco le corresponde pagar el 6,24 por cien. En una interesante nota que Fedea publicó ayer, se explica que en la nueva Ley la valoración de las competencias del Estado se ha incrementado en un 26 por ciento. Pero esta buena noticia queda empañada cuando, merced a una corrección en el cálculo del déficit, el cupo a pagar resulta que baja hasta 1.300 millones en 2017 (en 2007 era de 1.565 millones). El problema se agrava porque, en pleno siglo XXI, nadie sabe cómo se calculan estas magnitudes. Hay indicios de que primero se acuerda la cifra (los 1.300 millones se pactaron en la comisión mixta bilateral celebrada en mayo) y después se viste con cálculos ad hoc (los que incluye la nueva Ley se acordaron en la comisión mixta de julio). En suma, no sabemos si las instituciones vascas pagan el 6,24 por cien de las cargas generales del Estado porque, he aquí el truco, éstas nunca se calculan. Sin embargo, todo indica que el dato que se publica en la nueva Ley de Cupo, si bien se acerca más a la realidad, está todavía lejos de reflejarla.

La renta per cápita en Euskadi es la segunda más alta de España, después de la Comunidad de Madrid, claramente por encima de la media, lo que refleja su mayor competitividad y el aprovechamiento de un mercado integrado. Por eso es exigible una contribución a la solidaridad con el resto del territorio nacional. En este caso, sí sabemos lo que pagan las instituciones vascas: el 6,24 por cien del Fondo de Compensación Interterritorial, aunque este Fondo ha quedado reducido a la mínima expresión (432,4 millones en 2017, de los que el Cupo financiará 27 millones). Pongamos cifras: en 2015 el Estado aportó al fondo de garantía entre comunidades 8.055 millones; la Comunidad de Madrid, 3.429 millones; Cataluña 977 millones, País Vasco, 0. Este es el truco: decir que aportas a la solidaridad pagando sólo 27 millones de euros. Este desequilibrio debe corregirse y la tramitación urgente de la nueva Ley de Cupo hace más difícil que se inicie, siquiera de manera gradual, una contribución de las haciendas forales a la solidaridad con el resto de España.

Hubiera sido más coherente con el momento político tan difícil que vive nuestro país reformar primero la financiación de las CCAA de régimen común y abordar después las modificaciones del Cupo vasco y la Aportación Navarra que fueran necesarias. Pero se ha hecho al revés, eso sí, no sin tomar una precaución que ahonda la herida: el País Vasco participará de cualquier aportación de recursos adicionales que el Gobierno central aporte a las comunidades de régimen común. Los privilegios no pueden menguar.

En definitiva, estos y otros muchos problemas que tiene la Ley de Cupo son bien conocidos porque han sido puestos de manifiesto por varios estudios académicos. No cabe pensar que los miembros del Congreso de los Diputados ignoren los trucos, las trampas y algunas falsedades que contiene la Ley que hoy aprueban. Estamos en el más viejo estilo de hacer política, el del siglo XIX, con la única oposición de los representantes electos en las lista de Ciudadanos, que en este tema hacen honor a su denominación oficial: Partido de la Ciudadanía.

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