El Tesoro británico ha anunciado que va a introducir un proyecto de ley de servicios financieros y mercados que acabará con las antiguas regulaciones comunitarias del sector en el Reino Unido y "desbloqueará decenas de miles de millones de libras en inversión" por todo el país. En un comunicado, el Gobierno indicó que el proyecto "revoca cientos de piezas de la legislación de la Unión Europea (UE)" y establece "un planteamiento coherente, ágil e internacionalmente respetado a la regulación de servicios financieros que redunde en el interés de los ciudadanos y negocios británicos". Esa legislación "implementará la visión del Gobierno" para el sector al tiempo que "mantiene altos niveles de protección al consumidor", según apunta la nota.
El titular de Economía, Nadhim Zahawi afirmó que "mediante la introducción de este proyecto de ley, estamos revocando cientos de piezas de pesadas regulaciones comunitarias y aprovechando los beneficios del Brexit para asegurar que el sector financiero funcione en el interés de los ciudadanos y negocios británicos". Un portavoz de Downing Street ha indicado este miércoles a EFE que la introducción de esa ley que modificará sustancialmente el sector de los servicios financieros por parte de un Gobierno en funciones -tras el anuncio de dimisión del primer ministro, Boris Johnson, el pasado 7 de julio- entra plenamente dentro de sus prerrogativas. "El primer ministro dijo que hay ciertas cosas que necesitamos seguir haciendo para ayudar a la gente con el coste de la vida y otros asuntos que les afectan", defendió la fuente.
Agregó que esta reforma financiera ya estaba prevista en el programa electoral con el que Johnson fue elegido en 2019, por lo que no supone un cambio de rumbo ni una modificación fiscal relevante. En el comunicado del Tesoro, se subraya que la legislación da a los reguladores financieros "una mayor responsabilidad para establecer los requisitos para los servicios financieros británicos, y por primera vez, un nuevo objetivo secundario para promover el crecimiento y la competitividad de la economía británica, que incluya al sector de servicios financieros". Entre otras novedades, la ley incluye una provisión que capacitará el gobierno a obligar a los reguladores a revisar sus propias reglas "si está en el interés público". También da nuevos poderes al ejecutivo y los reguladores para implementar Acuerdos de Reconocimiento Mutuo, uno de los puntos de tensión entre Bruselas y Londres, ya que la UE se resiste por ahora a conceder este estatus al sector británico.
