La Justicia alemana ha abierto la puerta a que las ciudades, por razones medioambientales, prohíban circular a los vehículos diésel más contaminantes, una sentencia aplaudida por los ecologistas y que el Gobierno alemán trataba de evitar.
El Tribunal Superior de lo Contencioso-administrativo consideró en dos sentencias sobre los casos de Stuttgart y Düsseldorf que las ciudades, para garantizar que se respeten los límites de contaminación atmosférica, pueden tomar esa medida sin esperar a una ley nacional o a un posicionamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El fallo, que podría afectar hasta a vehículos diésel con el estándar comunitario "Euro 5", comprados hace pocos años, subraya que las medidas que se tomen deben ser en todo caso "proporcionadas".
Además, el tribunal prevé excepciones en cualquier prohibición -para trabajadores manuales o servicios de emergencias, por ejemplo- y descarta compensaciones para los damnificados por una medida de este tipo.
La sentencia tiene una enorme repercusión en Alemania, pues afecta a ciudades, "Länder" y al Estado federal; a particulares y empresas que utilizan vehículos diésel; y pone de nuevo en la diana al sector del motor, el primer exportador del país, que podría tener que afrontar nuevas demandas para modificar los motores diésel, tras el escándalo del fraude en las emisiones.
La canciller alemana, Angela Merkel, incidió al se preguntada al respecto en una rueda de prensa en que son "ciudades concretas" las que podrían verse afectadas y que de la sentencia no se derivan "en ningún caso" repercusiones para "toda la superficie del país o todos los propietarios de vehículos".
Merkel avanzó que su Ejecutivo analizará ahora con "Länder" y municipios la decisión judicial, y distinguió entre las ciudades con "graves problemas" para cumplir con los límites europeos y las que no presentan "grandes incumplimientos".
Según la Oficina Federal para el Medioambiente, cerca de 70 ciudades superaron en 2017 el límite de 40 microgramos de dióxido de nitrógeno (NO2) por metro cúbico de aire, tope fijado por la normativa europea.
Entre las ciudades más afectadas destacan Stuttgart (82) y Múnich (78), aunque el problema es compartido por la práctica totalidad de las grandes metrópolis del país, como Colonia, Hamburgo, Düsseldorf, Fráncfort y Berlín.
El sector privado, advirtió en rueda de prensa el ministro de Transporte, el conservador Christian Schmidt, podría verse "enormemente" afectado por este fallo, ya que si se extienden las prohibiciones se verían afectados sectores como el transporte, la logística, el comercio minorista o la gastronomía.
"El objetivo es, como antes, evitar las prohibiciones" generales, aseguró Schmidt. La ministra de Medioambiente, la socialdemócrata Barbara Hendricks, afirmó que la sentencia "ha subrayado el derecho de los ciudadanos a un aire limpio", y señaló que hay muchos "instrumentos" para rebajar los niveles de contaminación atmosférica.
Indicó que sería una "contribución" importante que los fabricantes de automóviles implementasen "mejoras técnicas" en los vehículos diésel más contaminantes, propuesta que conservadores y socialdemócratas han prometido estudiar en la próxima legislatura.
"Los causantes del problema son los fabricantes y no se les puede eximir de su responsabilidad", argumentó Hendricks, quien abogó por hacer de "la sentencia una oportunidad".
En un comunicado, la Asociación de la Industria del Automóvil (VDA) consideró que la sentencia supone en esencia "un rechazo a una prohibición general" de los diesel en el país y destacó las numerosas iniciativas puestas en marcha para rebajar los niveles de contaminación atmosférica, con apoyo del sector.
En este contexto, recordó que la industria se ha implicado en el cambio de software de millones modelos con la normativa Euro 5 y Euro 6 y cuestionó la eficiencia de los cambios físicos en los motores defendidos por Hendricks y los ecologistas.
La posibilidad de que sean las empresas automovilísticas las que asuman los costes de estas reparaciones provocó que los principales valores del sector cayesen a media jornada en la Bolsa de Fráncfort, con recortes superiores al 1 % en casos como el de Volkswagen o Audi.
El ecologista Fritz Kuhn, alcalde de Stuttgart, avanzó las dificultades que supondrá aplicar la sentencia y culpó al Gobierno federal, de conservadores y socialdemócratas, por no haber actuado antes, provocando la actual "inseguridad jurídica".
El caso se inició cuando la ONG Deutsche Umwelthilfe (DUH) llevó a los tribunales por separado a las ciudades de Stuttgart (suroeste) y Düsseldorf (oeste) por no hacer lo suficiente para cumplir con los límites europeos de contaminación atmosférica.
Dos sentencias dieron la razón a los ecologistas, instaron a las ciudades a tomar medidas para atajar los niveles de polución cuanto antes e incluso obligaron a analizar la opción de prohibir la circulación de ciertos vehículos especialmente contaminantes.
Los Estados federados de ambas ciudades, Baden Württemberg y Renania del Norte-Westfalia, recurrieron entonces al Tribunal Superior de lo Contencioso-administrativo, pidiendo una revisión del caso.
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