Joe Biden tiene un plan. En su discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente de Estados Unidos anunció una propuesta de reforma fiscal para incrementar el impuesto mínimo de sociedades al 21% para las grandes empresas, entre otras medidas. Este incremento, que abarcaría a distintos sectores como el farmacéutico y el energético obligaría a determinadas empresas a contribuir más al fisco.
Biden subrayó la injusticia de que algunas de estas empresas hayan pagado cero impuestos a pesar de obtener grandes beneficios, y sin especificar nombres, aseguró que más de cincuenta grandes empresas se benefician de estos vacíos fiscales, evadiendo impuestos federales, aun obteniendo beneficios superiores a los 40.000 millones de dólares. La aprobación de estas medidas fiscales, según Biden, facilitaría la recaudación de cerca de 500.000 millones de dólares en una década.
La propuesta fiscal, que tienen pocas probabilidades de ser aprobada por el Congreso, pretende distinguir el programa progresista del demócrata del de su rival republicano Donald Trump, y llega en un momento en que la mayoría de los votantes siguen sin estar convencidos de la actuación del presidente en materia económica.
Biden acelera la ofensiva antimonopolio
Hace apenas unos días, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos presentó una demanda para detener la adquisición de Albertsons por parte de Kroger, valorada en 25.000 millones de dólares. Argumentaba que esta fusión, la mayor en la historia del sector de la alimentación en el país, perjudicaría a los consumidores y empleados al eliminar la competencia y aumentar los precios de los alimentos.
Desde su toma de posesión como presidente de Estados Unidos en enero de 2021, Joe Biden se ha enfrentado a un cúmulo de desafíos sin precedentes, tanto en el ámbito global como nacional. La pandemia de Covid-19, el conflicto en Ucrania, la escalada de los precios, una crisis financiera que ha sacudido a los bancos regionales y un conjunto de problemas internos han marcado la agenda de su administración.
Impulsar la creación de leyes antimonopolio ha sido otra de las grandes prioridades para asegurar una competencia justa y proteger a los consumidores frente a las prácticas abusivas de las grandes corporaciones. El objetivo de estas iniciativas ha sido fortalecer la posición de los consumidores, proporcionándoles más alternativas y garantizando precios justos, para prevenir que unas pocas entidades controlen el mercado en detrimento del bienestar general.
La estrategia de la administración Biden para frenar los posibles monopolios está acelerando en la recta final de su mandato. Actualmente, los abogados antimonopolio del gobierno de Biden están ocupados trabajando en varios frentes. Analizan distintas operaciones corporativas como la propuesta de fusión de Capital One y Discover Financial en el sector de las tarjetas de crédito o la fusión planeada entre JetBlue y Spirit Airlines que ya fue bloqueada a principios de este año.
En paralelo, la atención se focaliza de manera más mediática en el sector tecnológico, donde la ofensiva regulatoria y las acciones legales contra prácticas que inflan precios y limitan la competencia adquiere mayor trascendencia. Compañías como Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta y Microsoft continúan bajo el escrutinio del presidente de Estados Unidos, en un momento en el que la sentencia del juicio antimonopolio más significativo de las últimas dos décadas contra Google está a punto de ver la luz.
Frente a frente de Biden con Silicon Valley
La sentencia que se espera para esta primavera, determinará si Google ha ejercido de forma abusiva su posición de liderazgo en los mercados de búsqueda en internet y publicidad digital. Desde el inicio del proceso el 12 de septiembre de 2023, se han desvelado varias prácticas abusivas e incluso que Google pagó a Apple 26.300 millones de dólares en 2021 para asegurar que su motor de búsqueda se estableciera como opción predeterminada en los dispositivos de Apple.
Google y Apple son grandes rivales en múltiples áreas de innovación y desarrollo de productos. Sin embargo, cuando un usuario realiza una búsqueda en Internet utilizando Safari, el navegador desarrollado por Apple en sus dispositivos iPhone o Mac, los resultados que se muestran proceden, por defecto, del motor de búsqueda de Google, en virtud del multimillonario acuerdo entre los dos gigantes.
Amazon tampoco se ha librado de la presión. La administración tomó la decisión de llevar a juicio a la gigante del comercio electrónico a finales del pasado mes de diciembre, acusándola de graves prácticas monopolísticas. Estas prácticas no solo consistirían en inflar los precios, sino también restringir la innovación. Además, se juzga a Amazon por crear barreras que obstaculizan el acceso de nuevos competidores al mercado para consolidar su dominio limitando las opciones para los usuarios y las pequeñas empresas.
Según la demanda contra Amazon, estas prácticas han afectado a aproximadamente 100 millones de compradores, con un daño estimado de cientos de millones de dólares cada año. La Comisión Federal de Comercio (FTC), afirma que la demanda tiene un potencial histórico para beneficiar a millones de personas mediante la aplicación de leyes antimonopolio.
En este contexto de lucha contra los monopolios tecnológicos, el presidente Biden ha exhortado a los congresistas de ambos partidos a adoptar medidas legislativas bipartidistas que fortalezcan las leyes antimonopolio, subrayando que “un capitalismo sin competencia, no es verdadero capitalismo, es extorsión”.
Sin embargo, esta cruzada cuenta con poderosos enemigos y hasta el momento ha dado pocos frutos. A medida que el juicio antimonopolio contra Google ha ido avanzando hacia su final, las grandes corporaciones tecnológicas, en un intento por salvaguardar su dominio, han incrementado sus esfuerzos gastando millones de dólares para frenar las reformas antimonopolio, desplegando su influencia en el Congreso contra la cruzada diseñada para limitar su poder.
