La jornada bursátil arranca con las empresas de renovables en la primera plana. El pacto político alcanzado por el Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión Europea para reformar el mercado comunitario de la electricidad que impulse el despliegue de renovables y favorezca precios estables y asequibles para los consumidores, ha impulsado estos valores, que experimentan rebotes que llegan a rozar el 8%. Es el caso de Acciona Energía, la filial de energía limpia de Acciona, que rebota hasta los 28,1 euros por acción frente a los 26 euros con los que cerró ayer.
Las subidas también se extienden a Solaria, que se apunta un alza del 5,8%, hasta los 17,9 euros por acción. Fuera del Ibex 35 destaca Soltec Power (+9%), así como Grenergy (+6,4%). En Iberdrola, por su parte, la subida es más moderada (+1,7%). El pacto político ha llegado después de diez horas de negociación en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) y aún tendrá que ser validado tanto por el Consejo de la UE, que representa a los Estados miembros, como por el pleno de la Eurocámara. Se trata de un ajuste del mercado concebido al calor de la crisis de precios de la energía de 2021 y 2022 que busca acercar a la Unión Europea a sus objetivos climáticos y alejarla de los hidrocarburos de Rusia.
El texto pactado recoge varias medidas para reforzar la protección a los consumidores y establece unos criterios que permitan que el Consejo, a propuesta de la Comisión, declare una crisis energética. Los Estados deberían entonces adoptar medidas para rebajar los precios para los clientes vulnerables y desfavorecidos, con disposiciones para evitar "distorsiones indebidas del mercado interior", indicó el Consejo en un comunicado. "La protección al consumidor aumenta y mucho", valoró González Casares, quien agregó que el pacto también impide que las compañías puedan "cambiar unilateralmente contratos" y señala que "los Estados miembros asegurarán que los consumidores estarán completamente protegidos contra las desconexiones".
El mayor escollo de la tramitación fue previo a la negociación final entre el Consejo y la Eurocámara y apareció en el enfrentamiento entre París y Berlín a propósito de los contratos por diferencia (CfD, por sus siglas en inglés) y su aplicación sobre las centrales nucleares en funcionamiento. Los CfD permiten que el Estado acuerde un precio estable por la compraventa de electricidad en un plazo fijo con un generador y después se devuelva la diferencia automáticamente en función de si el precio final ha sido más alto o más bajo de lo pactado.
Francia, con un amplio parque nuclear, quería aplicar ese esquema a las plantas atómicas en uso y prácticamente amortizadas, pero Alemania temía que esto pudiera funcionar como una ayuda de Estado encubierta a la industria gala, que podría obtener electricidad más barata que la germana. Los ministros de Energía de los Estados miembros pactaron finalmente un enfoque común en octubre, bajo presidencia española del Consejo de la UE, de forma que los CfD se puedan aplicar a todas las nuevas instalaciones de generación, las que amplíen su capacidad y extiendan su vida útil, independientemente de si se refiere a plantas nucleares u otras tecnologías.
Sin embargo, según el acuerdo entre las capitales previo a la negociación final, esos contratos no se aplicarían de forma automática a las plantas existentes, sino que -como hasta ahora- tendrán que obtener el visto bueno de la Comisión Europea, que los analizará en virtud del régimen de ayudas de Estado, pero con criterios simplificados. El Parlamento había asumido en su posición las líneas generales del pacto entre capitales a propósito de los contratos por diferencia y en el acuerdo final sólo añade que se puedan utilizar "medidas equivalentes" a los CFds con el mismo efecto" para apoyar a la nuclear o las renovables.
"Las normas para los CFD bidireccionales solo se aplicarán después de un período de transición de tres años después de la entrada en vigor del Reglamento, con el fin de mantener la seguridad jurídica para los proyectos en curso", precisó el Consejo. El acuerdo también introduce una "excepción potencial y excepcional a la aplicación del límite de CO2 para los mecanismos de capacidad ya autorizados, cuando esté debidamente justificado", indicó el Consejo en relación a una disposición que reclamaba Polonia. La reforma incluye, en paralelo, un reglamento (REMIT) para mejorar la protección contra la manipulación del mercado, acordado el pasado noviembre.
La Comisión Europea presentó en marzo de este mismo año su propuesta de diseño del mercado, trabajada previamente con los Estados miembros para facilitar su rápida tramitación. Nueve meses después, se ha alcanzado un acuerdo para la primera reforma en profundidad del mercado eléctrico en dos décadas, un pacto que, si no hay sorpresas, quedará oficialmente aprobado a inicios de 2024.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al referirse este miércoles al semestre de presidencia española al frente del Consejo de la UE ante el pleno del Parlamento Europeo, calificó el ajuste como una "reforma histórica del mercado eléctrico". "Además de fomentar la necesidad de impulsar las energías renovables, va a hacer que los precios de la luz sean más bajos, sean más estables, inserten mayor transparencia en el sistema y por lo tanto mayor información para los consumidores" y "va a proteger a los ciudadanos de los posibles abusos de las multinacionales energéticas", dijo.
