El Gobierno acaba de aprobar su techo de gasto no financiero para 2024 en 199.120 millones de euros, un 0,5% más, en el año del regreso de las reglas fiscales comunitarias tras su suspensión por la pandemia y la guerra de Ucrania. De lo que no ha hablado la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es de cómo afrontará el Gobierno el impacto en el incremento de los costes financieros que está impactando en las cuentas públicas, como consecuencia del aumento del volumen de la deuda pública y la subida de los tipos de interés.
La ola de refinanciaciones que ha llevado a cabo el Tesoro Público en 2023 y las nuevas emisiones para cubrir el déficit público -lo que el gobierno gasta de más- está disparando el coste financiero del Estado hasta cotas difíciles de manejar. Solo al pago de intereses de las Letras (emisiones de 1 a 12 meses), el Gobierno habrá destinado cuatro veces más (+356%) que en 2022, hasta 2.460 millones de euros. En los Bonos (de 2 a 5 años), el coste se ha disparado en la misma proporción (+357%), hasta 1.319 millones, según los datos del Tesoro recopilados por 'La Información'.
La deuda inferior a cinco años supondrá ha supuesto para el Gobierno un sobrecoste de 3.000 millones de euros en intereses que no existían el año pasado. En términos globales, el coste de la deuda pública para el Gobierno central en este 2023 se ha encarecido un 28% interanual hasta noviembre, hasta los 26.900 millones. El incremento en las Obligaciones (plazos largos de 10 a 30 años) ha sido solo un 14,8% más este año, hasta 22.828 millones, ayudando a mitigar el coste global. Esta deuda es el grueso de lo que debe el Estado con más de 1 billón de euros en circulación.
El problema es que la factura de atender a semejante pasivo se disparando y hará que las cuentas del Gobierno se tambaleen en 2024. Además, la ministra Montero ha vuelto a confirmar que no será capaz de cuadrar las cuentas y obligará al Tesoro a recurrir a inversores para cubrir el agujero del déficit, además de para refinanciar los reembolsos de la deuda que va venciendo mes a mes.
La transmisión monetaria casi se ha completado en la deuda de corto plazo, como refleja que el tipo medio de todas las Letras (1-12 meses) se encuentre en el 3,42% hasta noviembre, en línea con la cotización en el mercado secundario y casi 270 puntos básicos más que en 2022. Hay más de 71.900 millones de euros emitidos en estos instrumentos que han recuperado su popularidad entre particulares.
Sin embargo, la curva en los plazos de 2, 3 y 5 años no ha hecho sino comenzar a empinarse. El tipo medio se sitúa aún en el 0,86% (vs 0,17% en 2022) con un volumen en vigor de 153.431 millones de euros con un gasto en intereses de 1.320 millones. Se estima que esa cifra se incrementará en 1.500 millones de sobrecoste por cada 100 puntos básicos de subida del tipo medio y se prevé que se duplique en 2024 con los vencimientos de dos y tres años que están calendarizados, según fuentes financieras.
Camino de los 40.000 millones anuales en intereses
El Tesoro acaba de cerrar su programa de emisiones de 2023 con un aumento del programa de 65.000 millones de euros en deuda nueva y un volumen bruto (incluyendo las refinanciaciones y la cifra anterior) de 252.000 millones. La cifra correspondiente a 2024 y la estrategia de financiación del brazo emisor del Gobierno todavía no está perfilada, pero sí comienza a verse en el horizonte una factura récord de 40.000 millones de euros solo en el pago de intereses de un año, es decir, sin contar con la amortización o devolución del capital al inversor.
La partida presupuestaria del servicio a la deuda pública (gasto financiero en intereses) ocupa el segundo lugar dentro de los Presupuestos Generales del Estado. La primera posición, incrementando su cuota año a año, son las pensiones, que requerirán de casi 200.000 millones solo en 2024. En solo dos años se ha disparado este coste en 25.000 millones anuales debido a la revalorización de las pagas por encima del IPC en año electoral y la incorporación de nuevos pensionistas.
La rápida escalada de los tipos de interés desde 2022 ha encarecido los gastos financieros del Estado al ritmo más rápido desde la crisis de 2010 pero con 900.000 millones de euros más de deuda pública emitida, el doble que entonces. Fue al año siguiente cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero reformó la Constitución (artículo 135) obligado por sus socios europeos para añadir el concepto "principio estabilidad presupuestaria" y cortó las alas a las Comunidades Autónomas a la hora de emitir su propia deuda.
Aquella reforma parece hoy papel mojado después del rescate financiero de Europa en 2012 a las cajas de ahorro, la pandemia de 2020 y la guerra en Ucrania (2022). Desde 2018, los sucesivos gobiernos de Sánchez han elevado en 340.000 millones en la deuda pública. La mayor parte de esa cifra se la quedó el Banco Central Europeo (BCE) en un esfuerzo sin precedentes en asistencia financiera a los estados.
Además, ha recibido además otros 37.000 millones de dinero europeo (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia) como subvención sin reembolso, la mitad de los más de 70.000 millones comprometidos en 2021 en los llamados fondos Next Generation, más que la deuda asumida por el rescate financiero de 2012 que aún se está pagando.
Suma más de 370.000 millones de desfase presupuestario en tan solo cuatro años. Un ritmo insostenible que obligará en 2024 a realizar los primeros ajustes y recortes de gasto de un Gobierno en España para poder cumplir con los criterios de estabilidad. Pese a que la deuda sigue aumentando, la ratio con respecto al PIB se ha ido reduciendo por el crecimiento de la economía. Ha pasado del 125% del inicio de 2021, máximo histórico, al 111% actual e, incluso, bajará del 110% en diciembre.
