Fin de las mascarillas: existe el riesgo de despidos si la empresa decide imponerla

Este miércoles, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la modificación del decreto por el que se pone fin a la obligatoriedad del uso de las mascarillas en interiores o al menos en casi todos. Según detalla el documento, los ciudadanos que utilicen los medios de transporte aéreo, por ferrocarril o por cable y en los autobuses, así como en los públicos de viajeros deberán continuar llevándolas. Del mismo modo, en los centros sociosanitarios, los trabajadores y los visitantes tendrán que mantenerla cuando estén en zonas compartidas.

Sin embargo, hay ciertos espacios, como los centros de trabajo, en los que la ley no impondrá la obligatoriedad, pero que serán los servicios de prevención de riesgos laborales de cada empresa los tengan que valorar su uso o no y los que tomen la decisión en cada caso. Esta no será exigible a las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por su empleo.

Problemas para las empresas

A pesar de esto, profesionales del derecho han advertido de las complicaciones que puede suponer dejar en manos de las compañías el desarrollo normativo de la misma. "Como todas las normas que no dejan cerrado un asunto o que lo dejan a la interpretación, va a traer problemas con casi toda seguridad", reconoce Manuel Castaño, socio director de Castaño Asociados. Y es que estos centros de trabajo tendrían que comunicar a los empleados en qué circunstancias se tienen que utilizar las mascarillas.

"Como todas las normas que no dejan cerrado un asunto o que lo dejan a la interpretación, va a traer problemas"

Asimismo, deberán justificar el por qué o el por qué no han tomado esa decisión. "En ambos sentido traerá problemas, sobre todo en empresas de mayor tamaño, donde haya trabajadores que no estén de acuerdo con esa decisión", anticipa Castaño. Por lo general, esta disconformidad suele verse traducida en una desobediencia de la norma y esto puede terminar con el despido de un trabajador. "Ese incumplimiento se transformará en una sanción y existe el riesgo de que la empresa utilice este tipo de circunstancias para justificar o intentar justificar despidos", señala el abogado.

"Existe el riesgo de que la empresa utilice este tipo de circunstancias para justificar o intentar justificar despidos"

Para prevenir que se intenten hacer "aprovechamientos" de la ley y para que el trabajador tenga las herramientas necesarias para reclamar ante la justicia su caso, "lo más correcto" sería que el BOE recogiera en qué circunstancias serían obligatorias y en las que no. De esta forma, un juez podría enfrentarse a las situaciones que se le presenten con un marco legal claro. De lo contrario, deberá hacerlo sobre la base de unas recomendaciones y valorando si las medidas son o no necesarias para las circunstancias actuales.