Alertan de una lluvia de denuncias por prácticas ilícitas al registrar morosos

El nuevo año puede ser protagonista de una lluvia de acciones judiciales por incluir a usuarios en ficheros de impagos por deudas "que no son reales", tal y como denuncian desde Facua-Consumidores en Acción al alertar de que emrpenderán una "gran campaña" para perseguirlo. Así lo anunció, en declaraciones a Servimedia, el secretario general y portavoz de la organización, Rubén Sánchez, quien avanzó que Facua también pretende “explicar” a los usuarios su “derecho” a ser indemnizados por el “daño moral” que, a su juicio, supone esa inclusión “irregular” en los registros.

En paralelo, la asociación va a “trabajar para que la gente sepa cómo salir de ellos”, teniendo en cuenta que, según Sánchez, se trata de “uno de los problemas importantes que se están viendo en los últimos tiempos” y con los que las empresas “suelen lograr que los usuarios paguen deudas que son incorrectas o falsas”. “Precisamente, por el miedo que tiene mucha gente a acabar en uno de esos ficheros, aunque sea de manera incorrecta”, apostilló.

Además, la entidad continuará llevando a cabo iniciativas con el fin de “acabar” con las numeraciones de alto coste, 902 y 901, en empresas y de “potenciar” que las compañías de servicios básicos de interés general, que están obligadas a ofrecer teléfonos gratuitos, “cumplan la ley”.

En este punto, Sánchez recordó que Facua ha denunciado a “cientos” de empresas a lo largo de 2021 y va a “continuar haciéndolo” al tiempo que seguirá “insistiendo” a las administraciones autonómicas y al Ministerio de Consumo “para que trabajen en garantizar que se cumpla la ley”.

Junto a ello, también reiterará al Gobierno y, “posiblemente, a los grupos de la oposición” en el Congreso de los Diputados, la “necesidad” de que la futura ley de servicios de atención al cliente sea “de verdad una ley de servicios de atención al cliente que garantice el derecho de los consumidores a recibir respuestas en un breve plazo de tiempo”. “Y no en los larguísimos 30 días que pretende el ministro de Consumo, que es mantener, sencillamente, lo que ya existe en la legislación”, abundó, para exigir, además, que dichos usuarios sean “indemnizados” por no recibir respuestas “en plazo” o recibir respuestas negativas a reclamaciones que “finalmente logren ganar”.

“Creemos que es fundamental que la normativa de protección al consumidor recoja el derecho a indemnización cuando un consumidor sufre un abuso y no le responden a su reclamación en plazo o la respuesta es negativa y, al final, logra demostrar que tenía razón”, sentenció, para lamentar que dicho derecho a indemnización “no lo ha querido incorporar el Ministerio de Consumo en su texto de anteproyecto de ley” y advertir de que Facua “va a intentar conseguirlo”. “Si no acabamos convenciéndolo, intentaremos que se introduzca una enmienda en el Congreso por la que, al final, tenga que aceptarse”, resolvió.

Junto a ello, entre las “prioridades” de la organización para 2022, también hizo hincapié en la importancia de “potenciar” que las administraciones públicas “controlen más” el mercado y apliquen sanciones “contundentes y públicas” contra las prácticas “fraudulentas” y, “sobre todo”, en los sectores donde más se producen, entre los que citó el de las telecomunicaciones, la energía, la banca y la aviación civil.