Los afectados por el cártel de camiones lo califican como "el más atroz de la historia"

Tras la declaración en 2016 de la Comisión Europea (CE) sobre un cártel de camiones definido como " el más atroz de la historia del espacio europeo", este mismo miércoles, el Tribunal Supremo se ha hecho eco de los recursos de las compañías Daimler-Mercedes, Volvo-Renault y MAN. Ante la sala de lo civil del alto tribunal, el representante de Grúas Jordán se ha referido a este, como un cartel que "tuvo afección en el mercado, como constató la CE, con acuerdos de subidas interanuales de precios". 

Ello ha sido además "constatado por 49 audiencias provinciales de toda España", ha explicado el letrado, que ha denunciado la "asimetría económica" entre las partes, dados los recursos con los que cuenta los grandes fabricantes y las limitadas opciones de sus clientes.

Infractoras

Las seis infractoras (DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, Volvo-Renault, Scania y MAN) pactaron precios entre 1997 y 2011 y se repartieron la cuota de mercado en Europa, y los afectados se cuentan por miles, en una operativa que se prolongó durante esos 14 años, ha recordado.

Los abogados de Volvo-Renault han rechazado que los afectados estuvieran en inferioridad de condiciones, en tanto que los de MAN han asegurado que se ha vulnerado su derecho de defensa y los de Daimler han destacado que "nunca hubo perjuicio para el mercado".

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Mañana, jueves, la sala de lo civil verá los recursos de Fiat, CNH, Iveco y DAF, y al igual que durante las vista celebrada hoy se presentarán las alegaciones orales de los letrados sobre la acreditación del daño, la legitimación o la prescripción. A estas compañías les impuso la CE una multa de más de 3.600 millones de euros, por pactar precios entre 1997 y 2011.

La resolución del expediente estimó la infracción de las normas de competencia de la UE mediante la adopción de acuerdos de intercambio de información, y fue el origen de que un elevado número de afectados iniciará procedimientos de reclamación de los perjuicios derivados del sobrecoste soportado por los compradores por las conductas ilícitas.