La nacionalización total de la francesa EDF y los movimientos similares que están haciendo Austria y Alemania con los activos de Gazprom o consorcios como la gasista Uniper, han levantado todas las alarmas sobre la capacidad de los estados europeos para controlar un sector estratégico cuya crisis puede hacer que la economía se les caiga como un castillo de naipes. Aunque cada caso es diferente y todos tienen razones que lo justifiquen en una economía de guerra provocada por las apreturas en el suministro de gas que provoca Putin, la toma de posesión de los grandes líderes europeos de sus referentes energéticos se entiende en el sector como un movimiento “lógico”, que intenta anticiparse a las decisiones duras que se deberán tomar en otoño e invierno si Rusia no cede. Pero, además, se trata de la antesala de una reordenación total del mercado europeo donde todos irán con sus ‘campeones nacionales’, mientras España aportará el escaso bagaje en los precios que ofrece el tope al gas de la excepción ibérica, ante la imposibilidad de nacionalizar nada tras la histórica venta de Endesa a la semipública italiana Enel.
Desde un punto de vista objetivo, lo de la francesa EDF no ha sido tanto una nacionalización, como un rescate, tal y como advertía la propia ministra Teresa Ribera esta semana y se ha entendido en los mercados financieros. Se considera la operación de compra del 16% de EDF que el Estado francés no tenía de la empresa como una forma de evitar que esos pequeños accionistas sufran el coste de la decisión política de mantener baja la tarifa en Francia a costa de generar unas pérdidas millonarias en la empresa. De hecho, el valor subía en bolsa al día siguiente del anuncio de la operación. Pero de otro lado, los analistas también lo han visto el movimiento como la mejor manera de tener controlada la cuenta de resultados de la compañía ente los cambios que se avecinan en el mercado europeo. Las intervenciones en los mercados austríaco y alemán son también lógicas a los ojos del sector a nivel europeo, si tenemos en cuenta que sus autoridades quieren tener las riendas del almacenamiento energético después de que Gazprom lo dejara bajo mínimos, de forma que la enajenación de sus activos -en la mayor parte de los casos por puro incumplimiento de contrato- se ve como una condición ‘sine qua non’ para lograr la autonomía del suministro ruso que tanto duele en los precios.
Aunque en España no haya opción de privatizar nada, “hay que entender que los problemas en Francia o Alemania con la energía en racionamiento pueden tocar de lleno a medio plazo a la industria en una economía interconectada”, advierte el profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea José Manuel Corrales, que considera que “sería bueno que nuestro país tuviera algo más de influencia” de cara a la reconversión que la UE ha anunciado ya que pretende hacer en este mercado. “La excepción ibérica y el tope al gas “pueden ser una buena decisión puntual -advierte-, pero en el escenario en el que estamos es como ponerte una tirita cuando te cortan la yugular”.
La nacionalización de empresas energéticas o la toma de control en sus consejos de administración son lo que permitirá tener una capacidad de respuesta si el desafío ruso precipita un cambio radical de escenario con el corte total del gas a Alemania, como ya se apunta desde el ámbito político. Este mes se realizan las labores de mantenimiento del principal gasoducto germano-ruso, el Nordstream I, que estará parado quince días, y ya hay quien teme que no vuelva a suministrar más. En ese escenario de incertidumbre, las reflexiones estratégicas que se están realizando en el entorno comunitario pasan por reforzar el artículo 194 del Tratado Fundacional de la UE, que es el que garantiza el funcionamiento del mercado de la energía, la seguridad del abastecimiento energético , el fomento de la eficiencia y el ahorro energético, el desarrollo de las renovables y, en último lugar pero no por ello menos importante, la interconexión de las redes energéticas. Fuentes conocedoras de esa estructura legal advierten que lo que queda por hacer es "la verdadera unión energética europea que defendía Jacques Delors", algo que le dará a la UE la capacidad de negociación frente a terceros y la fortaleza necesaria para aguantar sin el suministro ruso, algo que por ahora, es imposible.
En ese contexto, la aportación española pasaría por su conexión con Argelia y su capacidad para meter en la ecuación a América Latina, "pero eso no es posible con la estrategia que plantea ahora el Ejecutivo de Sánchez, porque hace falta una visión de Estado en el sector energético, no una postura de partido e ideologizada, ni una política exterior que se hace a espaldas de los intereses de las empresas". Con esa tensión constante sobre la mesa, el papel que puede jugar España en la reordenación energética europea de otoño irá más de la mano de los grandes ‘players’ del sector, como Iberdrola, Endesa, Acciona, Naturgy y hasta la petrolera Repsol, que de una verdadera capacidad a corto y medio plazo de exportar y aportar gas a Europa, dada la falta de una interconexión real a través de los Pirineos.
El profesor de Economía de ICADE-Comillas, Emilio González, corrobora que el aumento del poder estatal como regulador del negocio energético es entendible en un contexto de economía de guerra, pero con una reforma global del mercado que dependerá de tres vectores muy difíciles de conjugar en este momento entre las empresas y el Estado en el caso español: “Garantizar la seguridad del suministro, evitar que los precios estrangulen el crecimiento económico y mantener la lucha contra el cambio climático y el respeto al medio ambiente”, explica. La lista de enfrentamientos entre el Ministerio de Transición Ecológica y los líderes de las compañías, que viene desde el inicio de la legislatura, no deja de incrementarse y ese es un mensaje que no pasa desapercibido en Bruselas, advierte.
Es en ese contexto tan difícil de conjugar es donde los expertos consultados sitúan incluso la decisión del Parlamento Europeo de declarar al gas y a la generación nuclear como energías ‘verdes’. Por más que pueda ser “un gran error” -advierten- es también la vía para justificar la aportación de fondos europeos a la revisión de las centrales francesas y la ampliación de su parque, avalada por los avances tecnológicos de las nuevas instalaciones nucleares de cuarta generación, que permiten aprovechar una parte muy amplia de los residuos. “Sin tecnología ni inversiones, no hay cambio de modelo, y Francia y su apuesta nuclear no deja de ser una parte fundamental de ello”, advierte un alto directivo español que ha trabajado en el sector en ambos países.
Más allá de las privatizaciones, la baza más real con la que cuenta España para hacerse valer en el contexto europeo de la energía es la conexión con Argelia y la capacidad regasificadora para aprovechar el gas licuado que llegue en las flotas de metaneros, que se han convertido en un elemento sistémico del modelo económico español. Fuentes consultadas en alguna de las grandes compañías españolas advierten que de poco va a servir este potencial si la UE no lidera una ampliación de la interconexión y la Península deja de ser una isla energética y, por ende, deja de poner un tope al gas que de poco le está sirviendo al contribuyente. Más al contrario, desde las energéticas se advierte que el giro diplomático con Marruecos y el cierre del mercado comercial argelino han obligado a Sánchez y Albares a acudir a la UE para evitar una catástrofe mayor, algo que tampoco ayuda a la hora de jugar un papel relevante a la hora de definir la reconversión energética que se avecina en plena guerra.
