El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha decidido dar un paso al frente, todavía tímido, y apostar por la descentralización administrativa, quitando poder político y económico a la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, para evitar, entre otras cosas y sin considerar la intencionalidad política, que la España despoblada siga estándolo y reactivar laboralmente esas zonas, un granito de arena que deberá ir acompañado de una inversión potente y el desembarco de actividad privada. Lo que parecía en un principio un farol, una idea arriesgada o una bomba de humo para ocultar la complicada negociación de los Presupuestos y los datos económicos en contra, tiene base, aunque la propuesta no está lo suficiente meditada y el proceso será lento para impedir que los daños colaterales sean mayores que los efectos positivos que el Ejecutivo ve en la iniciativa.
El órdago del presidente no ha pillado por sorpresa a Díaz Ayuso, que sería la principal perjudicada por la nueva readjudicación de una parte de los cientos de organismos que dependen del Estado y que están radicados en Madrid, algo que hasta el momento ha funcionado bien, pero que genera demasiados recelos por la concentración de ingresos en un solo lugar, que ha permitido a Madrid convertirse en un atractivo para empresas y capital gracias a las rebajas de impuestos, algo que para los críticos supone una competencia fiscal desleal. Cómo víctima y a la defensiva, Ayuso, que ha encontrado apoyo en su homólogo gallego Alberto Núñez Feijóo y que podría aprovecharse de la precipitada jugada de Sánchez, es ya uno de los principales escollos para el proyecto, pero los funcionarios, hay más de 150.000 dependientes de la Administración en Madrid, advierten de que si estos cambios y traslados les afectan, el Gobierno también los tendrá enfrente.
Hasta el momento, las experiencias de traslados han sido mayoritariamente de poco impacto y han afectado a organismos de reciente creación, pero cuando se ha tratado de entidades relevantes, como la sede de la Comisión del Mercado de la Telecomunicaciones (CMT) a Barcelona, el saldo ha sido negativo. Más de 62 millones de euros de inversión en un nuevo edificio, solo la mitad de la plantilla dispuesta a trasladarse, veto del Tribunal Supremo a instancia de los trabajadores y de la Comunidad de Madrid y más de siete años para que hoy pueda verse materializado el plan de José Luis Rodríguez Zapatero de descentralizar parte de las instituciones estatales y llevarlas a Cataluña. Mucho menos ambiciosa ha sido la puesta en marcha este verano del Centro de Competencias Digitales de Renfe en Miranda de Ebro (Burgos), que generará un centenar de empleos y que tendrá réplicas en Teruel, Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Mérida (Badajoz) y Linares (Jaén).
Traslado forzoso de funcionarios
Otros dos organismos que tienen todas las papeletas para ser los primeros que no se ubiquen en Madrid son el Centro Estatal de Salud Pública y la Agencia Estatal para la Administración Digital, que asumirá las tareas de la Secretaría de Estado de Administración Digital y contará con cerca de 50 millones de Presupuesto. Pero uno de los mayores problemas del proyecto de descentralización administrativa, más allá del coste económico que supone la adquisición de inmuebles, el desalojo de otros y la reforma de nuevos edificios, es el traslado de los funcionarios, que según contempla el Real Decreto 462/2002,de 24 de mayo, es posible para estas circunstancias y similares, aunque el Gobierno, a través de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en que será voluntario y el teletrabajo -que vuelve a ser testimonial en la Administración- ayudará mucho para incentivas a los trabajadores a los traslados.
El secretario general de la Unión Sindical Obrera (USO), Luis Deleito, reconoce a La Información que no está del todo convencido que vaya a pasar todo lo que dicen, pero aclara que si implica un perjuicio para los empleados públicos, el Ejecutivo los tendrá en frente. Recuerda que este tipo de movilidad, y más si es forzosa, cambia la vida de las personas y como experiencia relata la de los guardias civiles y militares, expuestos a constantes traslados, incluso motivados por una buena noticia cómo puede ser un ascenso. Deleito asegura que si quieren probar como funcionan estos traslados "deberían empezar por el Congreso y el Senado, que tienen dietas, alojamiento, desplazamientos y pluses" que permiten cambios de este tipo.
Alrededor de los ministerios o adscritos a ellos, existe un entramado de organismos, agencias, entes, empresas, fundaciones e instituciones que en muchos casos funcionan de manera autónoma o independiente, con altos cargos al frente, decenas o centenares de funcionarios y presupuestos y gestión propia: la mayoría son candidatas idóneas para la salida de Madrid, aunque cada una merece una consideración diferente. En el recuento, nos encontramos con hasta 35 fundaciones sin ánimo de lucro y constituidas con dinero público, pero muchas veces ligadas a su creador o alguna institución. Sin embargo, otras generarían menos problemas de cara a los traslados, como la de Víctimas del Terrorismo, el Centro Nacional del Vidrio, la Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro -en la calle Madrazo de Madrid- o el Instituto de Cultura Gitana.
Las agencias: autónomas y candidatas
A estas fundaciones habría que añadir una veintena de agencias y entidades públicas, creadas por el Gobierno para fines concretos, dotadas de personalidad jurídica pública, patrimonio propio y autonomía en su gestión. En este listado ya hay candidatas, como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiREF), un organismo independiente de control fiscal creado en 2013; la Agencia Estatal de Meteorología, que encajaría en la España vaciada; o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que podría moverse a una gran capital, como ya ocurrió con la CMT. También en más de una ocasión se ha planteado el traslado del Tribunal Constitucional -a Cádiz-, del Senado o de Puertos del Estado, un ente reclamado de forma insistente desde Valencia.
Mientras, hay 59 organismos autónomos, unas entidades que gozan de personalidad jurídica propia y autonomía de gasto, entre las que se encuentran el Comisionado para el Trabajo, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el Instituto de Estudios Fiscales, el Centro Español de Metrología, el Instituto Español de Oceanografía -en el centro de la capital de España-, el Instituto de Turismo de Español, la Organización Nacional de Trasplantes, el Instituto Geológico Minero -que debería estar ubicado en una cuenca minera-, el de la Juventud, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas -en Torrejón de Ardoz pero con el nombre del ingeniero catalán-, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo o el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que tiene externalizadas las mayoría de los sondeos, cien empleados y cinco directivos, entre otros.
La guerra de cifras
En la batalla política económica hay una guerra constante de cifras. Mientras desde la Comunidad de Madrid se defiende que crece más porque gestiona mejor, que el impacto de la capitalidad no es tan determinante y que Cataluña perdió el tren del crecimiento con el 'procés', algunos estudios muestran lo contrario. Con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el PIB per cápita de Madrid rozaba en 2019 -último año disponible- los 36.000 euros frente a los 31.000 de Cataluña, una diferencia de 5.000 euros que apenas ha variado en los últimos 20 años. En cuanto a los funcionarios, Madrid acoge casi el 30% de los efectivos, que una vez cedidas las competencias principales a las autonomías, se concentran en áreas ministeriales y en los Servicios Públicos de Empleo o de la Seguridad Social. Mientras, la población de Madrid apenas representa el 14% del total de España, tiene casi uno de cada tres empleados públicos del Estado, si bien es cierto que muchos de los servicios esenciales están presentes en casi todos los rincones de España.
Ayuso defiende que las ganancias de la capitalidad se reparten con el resto de las comunidades, mientras un demoledor informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), señala que concentrar en Madrid a los funcionarios le da un plus de 400.000 ciudadanos, que son los efectivos públicos más sus familias, con sueldos por encima de la media, que consumen y pagan impuestos. Apunta, que la centralización contribuye que seis de cada diez contratos del Estado recaigan en empresas madrileñas y concluye que 44.315 empleados públicos en instituciones podrían estar ubicados en otros puntos del territorio con un importante efecto económico. Queda por saber de dónde saldrían, que instituciones se movería y cuándo y a qué precio.
