Las madres que reclamaron la devolución del IRPF de maternidad antes de que el Tribunal Supremo dejase exentas las prestaciones esperan soluciones. Sus solicitudes fueron denegadas y cuentan con resoluciones firmes, por eso ahora están envueltas en un embrollo administrativo que les impide cobrar, como el resto de madres y padres, los importes que les retuvo Hacienda durante sus bajas laborales disfrutadas entre los años 2014 y 2017. El Gobierno se ha comprometido a atender su demanda y la Abogacía del Estado estudia ya el cómo. Los mecanismos son escasos y prácticamente se reducen a dos: la 'amnistía' fiscal y la vía judicial.
La primera pasa por activar una regularización similar a la que se facilitó para los emigrantes retornados que no pagaban impuestos en España por las pensiones que generaron en los países, sobre todo del centro de Europa, donde se buscaron la vida durante los años de la posguerra. La última pasa por los juzgados, donde los contribuyentes siempre tienen la posibilidad de recurrir las decisiones de la Agencia Tributaria.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha manifestado su compromiso con estas mujeres. Las afectadas se han asociado para sumar sus luchas particulares y ya son casi 500 las madres (y también algunos padres, al hacer extensivo el Gobierno el criterio del Supremo a los hombres) que llevan en pie de guerra desde que a finales del año pasado la propia Montero anunció la devolución del IRPF a todos los contribuyentes que percibieron prestaciones públicas por maternidad o paternidad desde el año 2014, el último no prescrito.
Esta semana Montero lanzaba un mensaje de tranquilidad a las afectadas al asegurar que Hacienda trabaja "intensamente" para devolverles los importes indebidamente retenidos. Para la ministra no tiene "ningún sentido" que estas madres que fueron pioneras en reclamar su IRPF no vayan a cobrarlo. "Es como si las primeras sufragistas se quedaran sin derecho a votar", comenta una de las afectadas a La Información.
Pero la titular de Hacienda no dio más detalles. Se limitó a asegurar que los servicios jurídicos del Ministerio trabajan "intensamente" con la Abogacía del Estado y que están haciendo "todos los esfuerzos" para explorar "todos los mecanismos". Montero se abrió así en público a una opción que había rechazado en privado hace solo unos meses en una reunión con el sindicato de técnicos de Hacienda.
Desde Gestha explican que ya en octubre trasladaron a la ministra la opción de llevar a cabo cambios legales para gestionar las solicitudes de rectificación que fueron desestimadas antes de la sentencia, ya que con la normativa vigente estas situaciones no podrían ser revisadas. Entonces Montero, que ya había sido generosa al ampliar el criterio del alto tribunal a los padres, los funcionarios y los que cotizan a través de mutualidades, se negó a contemplar esta otra modificación amparándose en la prevalencia de la seguridad jurídica sobre el derecho a la igualdad.
Pero ahora este colectivo se ha hecho oír en los medios de comunicación y sus reivindicaciones están teniendo una gran repercusión, lo que ha llevado al Ministerio a cambiar de criterio. Ahora hay, por tanto, voluntad política, pero no está claro cómo se van a efectuar las devoluciones. "El mecanismo idóneo es la revocación de los actos administrativos y este procedimiento solo puede abrirlo la Administración", comenta el secretario general de Gestha, José María Mollinedo.
"No sería la primera vez que se revocan actos firmes", recuerda Mollinedo, quien echa la vista cuatro años atrás, cuando se facilitó una suerte de 'amnistía' a los emigrantes retornados que cobraban en España pensiones de jubilación generadas en el extranjero y por las que no tributaban aquí. Tras contundentes protestas de los pensionistas por los requerimientos con propuestas de sanción que recibieron de la Agencia Tributaria, el Gobierno autorizó un proceso extraordinario de regularización voluntaria entre enero y junio de 2015 durante el cual los emigrantes podían declarar las pensiones que percibían de otros países sin exponerse a multas o recargos.
De no salir adelante una solución excepcional de este estilo, siempre queda la vía judicial, si bien los procesos son largos y costosos. "Existen posibilidades de que prosperen los recursos si se aplica la prevalencia del derecho fundamental a la igualdad por encima de la seguridad jurídica, tal y como recoge la Constitución Española", considera Mollinedo. "Si hubiese voluntad política podrían revocar los actos firmes de aplicación de tributos en beneficio de los interesados por circunstancias sobrevenidas y la sentencia del Tribunal Supremo es una circunstancia extraordinariamente sobrevenida", zanjan las afectadas.
El Ministerio de Hacienda indica que todavía "se desconoce cómo se hará", si bien adelantan que entre todas las fórmulas posibles se está estudiando la posibilidad de revisar los casos de oficio. El tiempo pasa y los plazos corren. Las declaraciones de la renta del año 2014 prescriben este 30 de junio y, para entonces, Hacienda debería haber habilitado ya un mecanismo para evitar dejar fuera a parte de las afectadas. En total, y a razón de unos 1.300 euros de devolución de media, el gasto total por estos casi 500 contribuyentes supondrían menos de 700.000 euros, "una cantidad tan pequeña que no debe ser un problema, pues no causa deterioro en las arcas públicas", indica Mollinedo.
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