Sánchez mira hacia otros países e imita sus medidas para combatir la inflación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ido desmenuzando a través de ruedas de prensa o ante el atril del Congreso, una batería de medidas sociales con las que pretende paliar los efectos perversos de la inflación. Una serie de anuncios que retumbaron en todos los lugares de España con sorpresa y que -en gran parte- han sido bien recibidas, pero que no son más que las mismas medidas que otros presidentes ya impulsaron meses antes en sus respectivos países. 

Los dos decretos contra los efectos de la guerra aprobados han movilizado 15.000 millones de euros. Entre estas medidas, cabe mencionar algunas, como el bono social de 200 euros, el límite al precio de la bombona de butano o el aumento de un 15% de las pensiones no contributivas, y otros de importante calado, como la reducción del IVA de la electricidad al 5%, los impuestos a las grandes entidades financieras y a las eléctricas y la rebaja hasta la mitad de los abonos de transporte público.

No obstante, muchos de estos anuncios ya fueron efectuados en otros países meses atrás. Es el caso del impuesto a la banca, que fue promulgado por Viktor Orbán en Hungría o el tributo contra los beneficios de las eléctricas, que tuvo lugar con el gobierno conservador de Grecia. También ocurre con la reducción del 5% del IVA de la electricidad, que lo impulsó el gobierno italiano de Mario Draghi o la reducción de hasta un 50% de los abonos de transporte público, que fue una medida que llevó a cabo la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern.

El escenario económico que sufre España -y el mundo- gira en torno a un fenómeno desconocido en este siglo: la inflación. Así, este, en nuestro país, apenas representaba el 0,5% a principios del año 2021. Una cifra que al finalizar el año llegó al 6,5% y que, tras la guerra en Ucrania, solo hizo más que acentuarse. El Ejecutivo -que es consciente de que esta subida de precios inédita puede tumbar cualquier gobierno- ha activado toda su sala de máquinas para aprobar decretos que permitan aliviar el alto coste de vida que padecen los ciudadanos.

En marzo de este año, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardem, anunció que el país "reduciría las tarifas de transporte público a la mitad, en medio de una serie de cambios para tratar de reducir el fuerte aumento del coste de la vida". Una iniciativa que Sánchez emuló casi tres meses después y que fue aprobada en el Consejo de Ministros tan solo unos días antes de la reunión con su homóloga durante la cumbre de la OTAN.

Esta realidad no es una caso asilado. De hecho, sus dos medidas más sonadas -nuevos tributos a los beneficios de la banca y de las eléctricas- ya eran una realidad en Hungría y en Grecia respectivamente. El ejecutivo de Kyriakos Mitsotakis llevaba ya varios meses meditando la propuesta de castigar a las eléctricas gravando hasta el 90% de su beneficio extra. Una idea que, al final, se ejecutó tras constatarse que las empresas energéticas griegas habían tenido ganancias inesperadas de cerca de 560 millones. Sin embargo, lo que llama la atención es cómo un gobierno progresista, como así se autodefine el de Sánchez, haya imitado una medida casi idéntica a la que acometió el conservador Viktor Orbán en Hungría. Una sinergia contradictoria que se da en estos tiempos inestables de crisis. 

Por último, en Italia, la medida estrella anunciada por Sánchez a finales de junio de este año ya era una realidad en el país transalpino. Así, el presidente Draghi dio luz verde a aprobar un tipo de IVA superreducido temporal del 5% para los suministros de gas natural con fines domésticos e industriales en el periodo de octubre, noviembre y diciembre de 2021. Una medida que se extendió durante el año 2022.

Este escenario permite a Sánchez conseguir una doble victoria. Por un lado, puede observar las nuevas medidas que otros gobiernos utilizan para combatir la inflación y ver qué efectos tiene sobre la sociedad y de qué forma son acogidos. Y, por otro lado, permite al presidente justificar su política de acción -como así demostró en el Congreso de los Diputados durante el pasado debate del estado de la nación- ante la oposición, poniendo de relieve ejemplos de cómo sus homólogos en otros países también optan por las mismas medidas que el Ejecutivo lleva a cabo en nuestro país.