Pedro Sánchez y Pablo Iglesias continúan avanzando en el programa de su Gobierno de coalición con las rentas más altas como uno de los principales objetivos de la reforma fiscal que están diseñando. Tras pactar una subida del IRPF a quienes más ganan ahora el líder del PSOE y el de Unidas Podemos han sumado a su catálogo de medidas endurecer el control sobre las sicavs, según informan fuentes cercanas a las negociaciones. Esta decisión ya está provocando movimientos entre las grandes fortunas del país.
Los españoles que más ganan o patrimonio acumulan tendrán que pagar más impuestos. Con esa idea central se está configurando la reforma fiscal que Sánchez e Iglesias están supervisando y que María Jesús Montero y Pablo Echenique están concretando. Ellos son los carpinteros del Gobierno de coalición. Están siendo negociaciones discretas, como nunca se habían visto, y eso está provocando que solo se comuniquen oficiosamente las decisiones cuando están muy avanzadas o ya cerradas. Las grandes fortunas, por tanto, serán un colectivo que verá cómo se aprueban modificaciones legales para estrechar el cerco sobre ellos.
El pacto que están cocinando PSOE y UP contempla, por tanto, un reforzamiento del control de fiscal de las sicavs. Para ello, y siempre según las negociaciones mantenidas entre ambos partidos, el Ministerio de Hacienda pasará a tener el control sobre estas instituciones de inversión colectiva (ICC) que ahora corresponde a la CNMV. Será, en realidad, una recuperación, ya que Hacienda ya tuvo hace más de una década el poder fiscalizador sobre estas sociedades, pero el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió entregárselo al organismo regulador (Ley 23/2005).
¿Qué supondrá esta nueva competencia del Ministerio de Hacienda? Las fuentes consultadas lo resumen indicando que Hacienda podrá inspeccionar con un mayor rigor que las sicavs sean realmente un vehículo de inversión colectiva. En el artículo 9.4 de esta ley de reformas en materia tributaria para el impulso a la productividad se contempla que las sicavs deben contar con al menos 100 accionistas. Pero, en realidad, algunas grandes fortunas copan la amplia mayoría del accionariado de las mismas y suman al accionariado a pequeños inversores conocidos comúnmente como "mariachis". Es el caso, por ejemplo, de Morinvest, que tiene 111 inversores y en la que la empresaria Alicia Koplowitz acumula el 99,8% de las acciones, según datos de la CNMV. Se trata de una realidad que el Gobierno de coalición en ciernes quiere regular.
El programa electoral del PSOE no contemplaba ningún tipo de medida respecto a las sicavs. Pero en el proyecto de ley de Presupuestos que fracasó en el Congreso sí que se recogía la recuperación de las competencias fiscalizadoras por parte de Hacienda. En el programa de Podemos, por su parte, había una referencia clara hacia las grandes fortunas: "Eliminar los paraísos fiscales interiores en forma de privilegios de ciertos esquemas societarios. Pondremos fin al régimen fiscal privilegiado de las entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE) y de la tributación privilegiada de sicav, fondos y sociedades de inversión mobiliaria e inmobiliaria (SOCIMI)", defendían los morados.
Fuentes cercanas a las negociaciones añaden que, a pesar de que Podemos puso sobre la mesa elevar la tributación de las sicavs (actualmente pagan el 1% de sus beneficios), actualmente no se está negociando modificar al alza esa cifra. ERC, por cierto, también es partidario de "eliminar los privilegios fiscales" de los que gozan estas sociedades de inversión y de subir impuestos a los ricos. Gabriel Rufián, de hecho, ha cargado en varias ocasiones contra las grandes fortunas españolas y los republicanos defienden que "la fortuna de tan solo tres personas (Amancio Ortega, Sandra Ortega y Juan Roig) equivale a la riqueza del 30% más pobre, es decir, de 14,2 millones de personas".
Movimientos en más de una treintena de sicavs
El pacto de Gobierno entre PSOE y Podemos, y la posibilidad de que ERC acabe apuntalando tanto la investidura como los Presupuestos, ya está provocando movimientos y reacciones entre las grandes fortunas. Desde las elecciones del 10 de noviembre más de una treintena de ellas han protagonizado procesos de disolución, de conversión en sociedades limitadas o anónimas o de reducción de capital por encima del 20%, según la información publicada en la CNMV. Una de ellas es la de la familia Gallardo (Balema Inversiones). El proceso de disolución, por cierto, puede implicar que en un futuro la sicav pase a convertirse en una SL.
A lo largo de todo 2019 el número de sicavs viene reduciéndose de forma progresiva, pero tras el 10-N ese proceso incrementó sus cifras. Así, hasta agosto se registraron en la CNMV un total de 86 sociedades colectivas de inversión menos, hasta llegar a las 2.627. Según Inverco, patronal de las gestoras, las sicavs generan ingresos fiscales por 340 millones y 30.000 puntos de trabajo tanto directos como indirectos.
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