El Gobierno se lanza al contraataque. Pedro Sánchez va a presentar y negociar sus terceros Presupuestos Generales del Estado, algo inédito para un Ejecutivo en minoría. El presidente ha dado orden a los Ministerios de comenzar a preparar las primeras fichas, según explican a La Información tanto un titular de un departamento del PSOE como otro de Unidas Podemos. Parece una utopía en este momento poder conseguir 175 votos en el Congreso (con un triple empate en la votación saldría adelante), pero el Ejecutivo de coalición lo va a intentar en la recta final del año.
Sánchez atraviesa por el que es probablemente el mayor momento de debilidad política de la legislatura. El espionaje ha abierto una brecha con sus socios habituales, especialmente con ERC. El presidente se va a reunir con Pere Aragonès para intentar rebajar la tensión. A los republicanos no les interesa que caiga el Gobierno y piden a Madrid un gesto. Moncloa ya ha cesado a la directora del Centro Nacional de Inteligencia y está dispuesto a desclasificar los informes sobre las escuchas autorizadas a los dieciocho líderes independentistas, aunque, de momento, si lo solicita un juez.
Con el PNV hay más entendimiento. La semana pasada el Gobierno llegó a un acuerdo para enmendar la Ley Audiovisual, ofreciendo un reconocimiento del euskera. Los puentes, por tanto, son más intensos con Sabin Etxea, una formación clave para sacar adelante las votaciones que quedan en la legislatura. Y con EH Bildu hay también mayor sintonía. Los de Mertxe Aizpirua salvaron el decreto anticrisis, pasando por alto el espionaje del que ha sido objeto uno de sus parlamentarios, Jon Iñarritu. El bloque de la investidura, en definitiva, sigue gozando en este momento de salud, renqueante, pero no se encuentra en la unidad de cuidados intensivos.
El movimiento de Sánchez con los nuevos Presupuestos es necesario. El Gobierno es consciente de que no se puede conformar con unas cuentas públicas pensadas para un momento de recuperación, muy diferente al actual. Los PGE en vigor fueron concebidos sin una guerra en Ucrania y sin una inflación disparada que, según el programa de estabilidad remitido a Bruselas, podría rondar el 6% a final de año. Hacen falta, por tanto, actualizar los ingresos y los gastos y pensar en un nuevo proyecto de ley con el objetivo de completar la legislatura. El presidente del Gobierno repite siempre que tiene la oportunidad que las elecciones serán a finales de 2023.
Los Presupuestos de 2023 que van a empezar a preparar los ministerios deberán incorporar novedades del Plan de Recuperación. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ya ha movido ficha para solicitar a Bruselas una especie de Plan de Recuperación bis. El Gobierno va a incorporar nuevas reformas e inversiones a los 30 componentes pactados con la Comisión Europea. El objetivo es acelerar la petición de los préstamos, en principio programados para la próxima legislatura, y llegar a captar hasta 84.000 millones. Un dinero que habría que devolver, por cierto.
Sánchez quiere mirar a medio y largo plazo y dejar a un lado los problemas que le han llevado da esta situación de debilidad. Semana a semana va calibrando a su rival, Alberto Núñez Feijóo. En Moncloa le están poniendo “cebos”, como el llamar “mangantes” a la bancada popular durante la sesión de control del pasado miércoles. Y también están viendo como el renovado PP comete algunos errores no forzados, como la mención de su número tres, Elías Bendodo, al Estado plurinacional, referencia que tuvo que rectificar unas horas más tarde su líder. La tensión va a ir subiendo a medida que se acerque el 19-J.
El plan de Sánchez es llevar los Presupuestos de 2023 al Congreso antes de que finalice septiembre, como marca la Constitución. Con el mismo trámite que en anteriores cuentas públicas: primero negociarlos en el seno del Gobierno de coalición con Unidas Podemos y, a continuación, con el resto de los socios de la investidura. En este caso los bloques están más claros, aunque Ciudadanos es un partido que se declara dispuesto a escuchar y a pactar medidas que ellos consideran beneficiosas para los españoles.
Las de 2023 serán las cuentas públicas con las que Pedro Sánchez encare el maratón electoral que se sucederá tras Andalucía. Valencianas, municipales, autonómicas y generales. Será un año muy intenso. Y la coalición aún tiene pendiente negociar medidas que se han ido quedando fuera en diferentes leyes. La última ha sido la rebaja de la tasa rosa, el IVA de los productos de higiene femenino, que no ha sido incluido en la Ley del Aborto pese a ser un compromiso del acuerdo de Gobierno. También está pendiente de negociar la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad a seis meses o la prestación universal de 100 euros para las familias.
El primer gran punto económico a negociar, una vez aprobado -a la espera del visto final de la Comisión- el tope del gas, será la prórroga del decreto anticrisis. Hay varios escenarios sobre la mesa y, aunque las conversaciones en el Gobierno aún no han comenzado de forma oficial, se está estudiando que el descuento de los carburantes se aplique de una forma más quirúrgica, dependiendo del nivel de renta del conductor. PSOE y Unidas Podemos también tienen que decidir qué hacer con la limitación de la subidas de los alquileres a la vista de que los precios se están incrementando y están dejando inoperativa la medida.
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