La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y su homólogo portugués, Duarte Cordeiro, se reunieron el pasado lunes a escasas semanas de la cumbre 'clave', y de máximo nivel, que mantendrán ambos países con Francia para sellar los detalles del acuerdo que permitirá levantar un nuevo gasoducto en el Mediterráneo, que pretende unir la costa de Barcelona con la de Marsella. Aún hay muchos flecos abiertos, sobre todo el más importante: la financiación. El reparto del coste será, con toda seguridad, uno de los principales puntos de la cita que tendrá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de la República, Emmanuel Macron y el primer ministro portugués, António Costa.
A dicha cita también acudirá la Comisión Europea, que ha presionado durante estos últimos meses para sacar adelante un proyecto que permita maximizar el potencial exportador con el que cuenta nuestro país en materia de gas hoy. Una realidad que no se debe a nuestra capacidad de producirlo, sino a nuestra competencia para atraerlo y almacenarlo. La cumbre tendrá lugar en Alicante los días 8 y 9 de diciembre y se espera que sea el inicio de la puesta en marcha de lo que se ha denominado como el Corredor Verde Energético, por la aspiración que tiene el Gobierno español de convertirlo en un tubo que transporte hidrógeno verde. Una materia -esta última- que nace de eliminar al agua (H20) la parte de oxígeno (O2) a través de energía renovable (principalmente molinos de viento que floten en el agua).
De la reunión mantenida entre Ribera y Cordeiro ha trascendido poco. Ambos países ibéricos conocen de primera mano lo complejo que han sido las negociaciones con Macron. Sus reticencias continuas a aprobar el MidCat (primer proyecto de gasoducto que atravesaba Francia por vía terrestre) llevaron a la Comisión Europea, a España y Portugal al límite. Al final, el pacto se cerró con una segunda propuesta cuya autoría aún se desconoce quién la lideró. Un escenario que ha empujado a España y a Portugal a incrementar sus contactos, para unificar posturas y evitar que las posibles reticencias francesas den al traste también con esta opción.
La ministra Ribera ya ha presionado en estos últimos días con la necesidad de que la Comisión Europea participe en la financiación del proyecto. "Nuestra intención es, precisamente porque se subraya ese carácter europeo, ese interés común, poder presentar el proyecto a la convocatoria de infraestructuras de interés comunitario y que haya una financiación europea que sufrague la mayor parte del proyecto", apuntó.
No obstante, se estima que el proyecto BarMar no esté concluido hasta, por lo menos, 2030. Una realidad que convierte a dicho plan en una solución a medio plazo y que no soluciona los problemas actuales, con la pérdida de gran parte del hidrocarburo que llegaba procedente de Rusia.
Uno de los puntos aprobados en el plan de ahorro energético de la ministra Ribera fue "la solidaridad con la UE". España ha ido ganando peso en Europa en plena crisis energética y desde el Ejecutivo han buscado reforzar la imagen de nuestro país impulsando todas nuestras capacidades. Así, en el punto 10 del plan de seguridad energética se detalla la necesidad de mejorar las infraestructuras para maximizar nuestro poder exportador y anticipar las interconexiones verdes.
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