El Gobierno trabaja ya para evitar que la Covid vuelva a provocar las escenas vividas durante el confinamientos en las residencias de mayores. El objetivo es que el virus no entre en los geriátricos y que, si lo hace, exista un protocolo unificado en todo el país para controlar la situación y que los ancianos reciban asistencia sanitaria. El Ejecutivo ya tiene sobre la mesa el "Plan de respuesta temprana" para, por un lado, establecer unas medidas comunes en los centros sociales y, por otro lado, evitar polémicas como la sucedida con la Comunidad de Madrid durante el estado de alarma cuando una orden de la Consejería de Sanidad desaconsejaba enviar internos a unos hospitales que se encontraban colapsados en ese momento.
El protocolo que ha aprobado el Gobierno, que tiene previsto presentar el próximo lunes a las comunidades autónomas, acaba con esta posibilidad y establece que los casos graves en residencias deban ser tratados en hospital. En concreto, el texto al que ha tenido acceso La Información y que ya está en poder de los gobiernos autonómicos, establece que "las autoridades sanitarias garantizarán el acceso a la atención hospitalaria a las personas que residen en estos centros en igualdad de condiciones al resto de la ciudadanía". No podrá, por tanto, haber órdenes en las que, por criterios clínicos, se deniegue a los ancianos los servicios de un centro hospitalario.
Es más, el plan del Gobierno central añade que no se pueden "establecer protocolos genéricos que supongan discriminación por motivos de edad o discapacidad". Y concreta: "El acceso a los medios sanitarios hospitalarios debe decidirse facultativamente y en función de la situación individual de cada paciente y no por aplicación criterios generales".
El Gobierno también tiene previsto ampliar este protocolo en residencias a otros centros sociales y es otro de los puntos que se abordará en la reunión con las comunidades autónomas. De esta forma, instalaciones con discapacitados, enfermos de alzheimer, centros de día... tendrán el mismo plan de respuesta ante posibles rebrotes que los geriátricos, algo que durante el estado de alarma no se llegó a establecer. El objetivo es blindar unos lugares especialmente delicados por la tipología de residentes.
En este momento los centros asistenciales se encuentran en una situación controlada aunque ya se empieza a registrar un repunte de los contagios. Ya hay contabilizados más de 1.200 positivos en estos centros y más de una residencia está anulando las visitas de familiares. En este plan de contingencia pactado entre Gobierno y comunidades autónomas es clave la detección precoz y para ello también se va a establecer la obligatoriedad de realizar pruebas PCR tanto a residentes como a ancianos con una periodicidad y frecuencia que deberá definirse en la reunión de este lunes.
El criterio unificado es que un caso de Covid en un centro residencial ya será indicativo para la aparición de un brote. En ese momento se notificará la situación a las autoridades sanitarias mediante una comunicación directa, se aislará al paciente o al trabajador, se impondrá una cuarentena a los contactos estrechos y se activará el rastreo de posibles positivos. Todas las personas que residan o trabajen en el centro deberán someterse a una prueba PCR con el objetivo de evitar que los asintomáticos puedan propagar el virus.
Para garantizar el aislamiento los centros deberían disponer de centros de drenaje donde se aíslen a los positivos. Los centros asistenciales de gran tamaño también podrán conformar unidades de convivencia más pequeñas como medida preventiva para reducir el número de contactos y de contagios. Todas son, como decimos, medidas que se analizarán de forma común por parte del "Grupo de Trabajo Residencias y Covid-19" conformado por Gobierno central y comunidades autónomas.
En cuanto a las visitas a las residencias y otros centros sociales habrá novedades. Se contará con un sistema de registro que permitirá la monitorización inmediata de los contactos y un protocolo unificado para controlar entradas y salidas. Las restricciones se contemplan cuando la situación epidemiológica lo aconseje, como ya está ocurriendo en algunas instalaciones. En ese caso se tendrían que impulsar las videoconferencias.
Y en cuanto al duelo y los cuidados paliativos, el protocolo contempla la posibilidad excepcional de que los familiares puedan acompañar al enfermo en los últimos momentos, siempre con uso de medidas extremas de protección por parte de los mismos.
Blindar las residencias es una de las prioridades del Gobierno para que no se repita el drama de hace unos meses. La ministra de Defensa, Margarita Robles, llegó a asegurar que el Ejército había encontrado ancianos fallecidos conviviendo con otros residentes en los geriátricos, una situación que ha provocado decenas de investigaciones judiciales. La Fiscalía General del Estado mantiene 178 diligencias civiles abiertas en este momento con más de 200 investigaciones penales a residencias.
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