La sanidad ha vivido su año en 2020. Los miles de minutos dedicados en los telediarios a cubrir la actualidad de la pandemia han servido para que el gran público conozca al detalle el día a día de la realidad hospitalaria y de las empresas que rodean un conglomerado que, en España, suma más de 110.000 millones de euros anuales. Desde que en 2002 culminara la transferencia a las comunidades autónomas de las competencias en materia de sanidad, el sector no ha hecho más que aumentar su presupuesto y, por extensión, las empresas que forman parte de su ecosistema y que compiten en él.
En este universo sanitario surgen dos microcosmos que se miran con recelo, puesto que el crecimiento de uno suele traer consigo la paralización del otro. El sector publico y privado compiten por un mismo bien, que no es otro que el paciente. Sin embargo, desde 2014 el sistema sanitario español ha optado por un sistema que combina la titularidad pública con la gestión privada, permitiendo así la convivencia de dos depredadores en un mismo medio.
Y lo ha hecho con suerte dispar. Según datos del Ministerio de Sanidad, mientras que el gasto sanitario público asciende a 74.000 millones al año, el privado lo hace en menos de la mitad, 31.000 millones. Estas dimensiones también encuentran su eco en el destino de ese gasto. 7 de cada 10 euros del sector público se destinan a asistencia curativa, rehabilitación y cuidados de larga duración, mientras que, en el privado, 9 de cada 10 se destinan a servicios asistenciales y rehabilitadores, medicamentos, lentes y audífonos.
En términos macroeconómicos, el sector sanitario público representa el 6,4% del PIB y 1.594 euros por habitante, por el 2,6% y 662 euros del privado, si bien este último no ha parado de crecer desde el inicio de la cooperación público - privada en España. La sanidad privada supone uno de los subsectores empresariales con mayor crecimiento sobre el conjunto del total español, en el que destacan los incrementos de empresas dedicadas a prestar estos servicios en Cataluña, Madrid y Andalucía.
Los dos grandes ‘monstruos’ de la sanidad privada española, la Clínica Universidad de Navarra y el grupo Quironsalud, comparten protagonismo con la otra cara de la moneda: las grandes aseguradoras. En estas, Sanitas y DKV han incrementado considerablemente sus clientes, al igual que SegurCaixa Adelas, AXA o Mapfre, en una tendencia que ratifican los más de 10 millones de españoles que cuentan con un seguro médico privado.
Una tarta a la que cada vez acuden más comensales, y no solo nacionales, puesto que a esta lista también habría que añadir al sector farmacéutico, uno de los principales destinatarios de los 12.000 millones de euros que España - y los españoles - dedican a recetas y medicamentos en cada ejercicio presupuestario, con un coste per capita en 2019 de 235,5 euros.
Un sector altamente competitivo
La aparición del coronavirus ha atacado directamente al modelo sanitario español y lo ha hecho de tal forma que son muchas las voces que claman por revolucionar el sistema, hasta el punto de crear uno nuevo que afronte con mejores garantías un futuro en el que la sanidad se va a situar en la cúspide de la inversión pública durante los próximos años, cuando no décadas.
La superación de un modelo de compartimentos estancos, en los que la discriminación y funcionamiento se diferencia en función de la titularidad del servicio, parece haber sido superada. Desgraciadamente, lo ha hecho por los acontecimientos, como quedó patente con la desigual fortuna con la que centros públicos y privados sufrieron las sucesivas olas con las que la pandemia golpeó nuestro sistema sanitario.
Paradójicamente, el sector privado se encuentra en mejores condiciones que el público para afrontar los nuevos desafíos que ya se presentaban con anterioridad a la crisis pandémica. La telemedicina, donde el 5G jugará un factor esencial, requerirá mucho más que una llamada telefónica. La integración de sistemas e historiales clínicos implicará la participación de socios tecnológicos de primer grado y, en este marco, el sector privado, por su flexibilidad y agilidad, se encuentra en mejor disposición que el público para llegar a acuerdos con las grandes empresas tecnológicas, que también han lanzado sus manos amparadas en su músculo financiero e innovador.
Este factor va íntimamente relacionado con el concepto de ‘hospital líquido’ que defienden desde la fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS). La integración de las nuevas tecnologías en el día a día ciudadano exige ir más allá de la atención física en centros hospitalarios. La misma atención puede recibirse si se realiza un reparto de funciones entre las diferentes áreas de salud y el terminal móvil del paciente, que pasaría a ser la ventanilla de atención clásica. El usuario se vería de esta manera acompañado en todo momento y no únicamente cuando acude a un centro de salud, en el que el papel del profesional sanitario también se vería afectado al reconfigurarse como un orientador, coach o asesor en los temas referentes a la salud o bienestar.
De producirse el cambio, realmente supondría una revolución estructural. Los grandes centros hospitalarios se dedicarían únicamente a grandes operaciones o bien a aquellos servicios que no pudieran ser prestados de manera virtual, convirtiéndose el domicilio del usuario, que en el caso del paciente crónico ya lo es, en pequeños ambulatorios preparados 24x7 para atender las necesidades sin que el desplazamiento intervenga en ningún momento y ponga en riesgo la integridad del enfermo o el médico.
A simple vista, el principal perjudicado de esta revolución no sería otro que el sector público, que quedaría relegado a la mera atención asistencial y a la contratación de personal para paliar las deficiencias en su atención. Sin embargo, desde el inicio de la crisis el benefactor casi exclusivo de los fondos y partidas públicos ha sido la sanidad pública. Más de 3.000 millones de euros se han destinado desde abril a taponar una herida que no para de sangrar. Una cantidad exigua si se tiene en cuenta que las principales asociaciones y sindicatos públicos exigen cantidades cercanas a los 25.000 millones si se quiere afrontar con garantías la nueva realidad surgida desde la aparición de la pandemia.
Algunas voces alertan de que la lluvia de millones que se promete desde Bruselas puede suponer una auténtica bomba de relojería si se dedican únicamente a la creación de nuevos hospitales o a la contratación masiva de personal sanitario. Aun siendo necesaria, desde la Fundación Bamberg advierten de la conveniencia de destinar estas cantidades a la innovación y a modernizar la sanidad española. La introducción del factor finalista en el gasto público evitaría la disparidad con la que las comunidades autónomas abordan la gestión sanitaria. En este sentido, la homogeneización del gasto se convierte en prioridad para acabar con desigualdades presupuestarias, como los 1.736 euros destinados a gasto público en el País Vasco frente a los 1.220 de Andalucía en 2018.
Durante una década el sistema sanitario español ha supuesto la punta de lanza y marca país frente al exterior. Al modo chino, la máxima de dos sectores y un único sistema han propiciado una convivencia que no siempre ha sido pacífica. La Covid-19 y sobre todo sus efectos sobre la sanidad parecen apuntar al fin del modelo público-privado para abrazar otro basado únicamente en la integración de dos realidades con un único fin: la salud.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios