Tras el cerrojazo de los bancos

El PSOE pidió 10,3 millones al ICO para financiar el 'asalto al poder' de Sánchez

Ferraz desvela que la entidad pública dependiente del Ministerio de Economía financió casi el 90% de los créditos que los socialistas solicitaron para la campaña del 10 de noviembre.

Sánchez, en el acto de presentación del lema de campaña del PSOE
El PSOE pidió 12,3 millones al ICO para financiar el 'asalto al poder' de Sánchez
EFE

El PSOE recibió 10,3 millones de euros de financiación pública para poder pagar la última campaña electoral de Pedro Sánchez. En concreto, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) concedió tres préstamos a Ferraz que constituyen casi el 90% de los créditos que consiguieron los socialistas para pagar los actos y desplazamientos para los comicios del 10 de noviembre de 2019, según el detalle de la deuda del partido consultado por La Información este mismo miércoles. De esta forma, los bancos apenas aportaron algo más del 10% de la financiación de esa campaña que llevó  Sánchez a La Moncloa.

El principal préstamo del ICO al PSOE fue de 4.386.753 euros. Se le concedió el 21 de junio, en plenas negociaciones con Unidas Podemos para poder conformar Gobierno y un mes antes de que Pedro Sánchez fracasara en su intento de investidura de julio. El segundo se aprobó el mismo día por valor de 5.566.842 euros. Y un tercero fue concedido por la entidad pública el 14 de noviembre, a menos e una semana de la cita con las urnas, por valor de 2.500.000 euros. En total, los citados 10,3 millones.

La cifra contrasta con la financiación privada que logró captar el PSOE para dicha campaña. En total los socialistas consiguieron 13,8 millones, por lo que los bancos apenas aportaron un millón y medio. Fue Abanca quien se lo concedió. Ni Santander ni BBVA ni Bankia ni Caixabank, históricos financiadores de Ferraz, quisieron colaborar en esta financiación. A estos 13,8 millones de euros de financiación hay que sumar algo más de 6 millones de euros en microcréditos que aportaron cargos del partido, incluido Sánchez y algunos ministros, afiliados y simpatizantes.

El interés de estos tres préstamos fue del 2,75% y el periodo de vencimiento suscrito fue de un año, siempre según el detalle de la deuda del PSOE, una cifra que podría considerarse dentro de mercado. Hay que mencionar que los socialistas han dado a conocer estos datos horas después de que La Información publicara que el partido había pedido casi 14 millones de euros entre financiación pública y privada para financiar sus actos electorales.

El PSOE sí firmó el año pasado una serie de avales con entidades financieras que no tenía contraídos en 2018. Así, en la citada memoria económica se puede comprobar un acuerdo con Abanca por casi 1,4 millones de euros; otro con Colonya, Caixa Pollença, la caja de ahorro de Baleares, por 88.000 euros; y un tercero con Kutxabank por 35.000 euros. A estos tres nuevos avales o garantías hay que añadir otros cuatro que Ferraz ya tenía suscritos con anterioridad. Se trata de uno con el Banco Santander por 229.000 euros, otro con BBVA por 7.013, un tercero con Unicaja por 16.500 y un cuarto con Liberbak por 1.200 euros. En total la suma es superior a 1,7 millones. Los socialistas, además, lograron firmar el año pasado un crédito con el Banco Sabadell por valor de 2,2 millones de euros.

Las campañas electorales de 2019 marcaron un antes y un después en cuando a la financiación de los actos políticos y viajes por toda España. Los bancos privados cerraron significativamente el grifo de la financiación a los dos principales partidos políticos, que recurrieron al ICO para poder pagar mítines o viajes. En el caso del PSOE, por ejemplo, tuvo que alquilar jets privados para los desplazamientos del presidente del Gobierno. Para estas líneas de crédito, eso sí, el ICO exigía contar también con la financiación de una entidad del ámbito privado.

El maratón electoral del año pasado ha provocado, además, que el PSOE dirigido por Sánchez haya disparado su deuda con entidades financieras. En concreto, según la memoria económica de Ferraz, a 31 de diciembre los socialistas tenía acumulados más de 46 millones de euros en deudas con entidades financieras, tanto a corto como a largo plazo, una cifra que se sitúa por encima de los 40 millones con los que cerraron 2018. La Ejecutiva del PSOE exigió a principios del año pasado intentar reducir la dependencia económica de los bancos, algo que no ha podido conseguir.

Los créditos del ICO al PSOE (y también al PP) exigieron la autorización tanto del entones Ministerio de Economía, hoy Vicepresidencia tercera, como del Ministerio de Hacienda. La tuvieron. El organismo público fijó dos requisitos para recibir esta financiación: que las formaciones que se presentaban a las elecciones contaran con la financiación previa de una entidad privada y que el ICO prestaría el dinero siguiendo las condiciones de mercado. Aseguran desde la entidad pública que fue un "anticipo de las subvenciones" que contempla la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

¿Por qué PSOE y PP tuvieron que recurrir al ICO?

Los estatutos del ICO, en cambio, son claros y no contemplan que su finalidad sea financiar campañas electorales de los partidos políticos. En el artículo 2 se puede leer que el fin del organismo oficial, dependiente del Ministerio de Economía, es "el sostenimiento y la promoción de las actividades económicas que contribuyan al crecimiento y a la mejora de la distribución de la riqueza nacional y, en especial, de aquellas que, por su trascendencia social, cultural, innovadora o ecológica, merezcan fomento, con absoluto respeto a los principios de equilibrio financiero y de adecuación de medios a fines que el Instituto debe observar en todo caso".

La quiebra del Banco Popular restringió al máximo la financiación electoral de los partidos políticos en las últimas campañas. Desde la Transición la entidad había prestado dinero al bipartidismo en todas y cada una de las citas con las urnas, convirtiéndose en el principal sustento económico de socialistas y populares cuando debían encarar estos gastos extraordinarios. Se hacía personalmente en la oficina especializada en financiación de partidos políticos, una sede autónoma junto al Congreso de los Diputados abierta por iniciativa de Luis Valls-Taberner, el histórico presidente de la entidad. Pero Santander decidió reducir su funcionamiento, lo que supone que el gripo del crédito se cerrara significativamente. Lo mismo hicieron otras entidades como CaixaBank, BBVA o Bankia.

Las fuentes consultadas apuntan a tres motivos principales por el que los principales bancos cerraron el grifo de la financiación a PSOE y PP. En primer lugar, señalan que las entidades transmiten sus "temores" a ser identificados como "los banqueros de" los partidos políticos. No quieren parecerse al Popular, que abría el grifo de los préstamos a la práctica totalidad de las formaciones políticas. También aluden a "problemas reputaciones" para las firmas crediticias. Y, por último, recuerdan el enfrentamiento con la cúpula de los grandes del Ibex de noviembre de 2017.

Ese mes marcó un antes y un después en la relación bancos-política. El punto de la discordia fue la Comisión de Investigación sobre la financiación de los partidos políticos que creó el PP en el Senado gracias a su mayoría absoluta y como respuesta a la Comisión paralela que había abierto el PP en el Congreso. En la Cámara Alta fueron citados los jefes de las tres principales entidades financieras del país: Isidro Fainé (CaixaBank), Carlos Torres (BBVA) y José Antonio Álvarez (Santander). Nunca llegaron a comparecer ante los grupos parlamentarios pero, según algunas fuentes, la mera citación marcó el principio del fin de cualquier entendimiento. Las mismas fuentes apuntan que esta relación va a ser "difícil de recuperar" en el futuro.

El PSOE es el segundo partido que ha aprobado sus cuentas anuales tras la crisis del Covid. El primero fue Vox. Lo hacen, además, en pleno inicio del proceso de elaboración de los Presupuestos, donde el Gobierno de coalición planea elevar el Impuesto de Sociedades a un mínimo del 15% y aprobar un recargo específico para bancos y entidades de hidrocarburos hasta alcanzar el 18%.

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