El expresidente del FROB Jaime Ponce no vio con buenos ojos que la presidenta de la JUR, Elke Köning, hablara en la prensa de la situación del Banco Popular dos semanas antes de que se acordara su resolución. La máxima responsable del organismo europeo afirmó el 23 de mayo de 2017 en una entrevista de televisión que la entidad bancaria española “era uno de los casos” que estaban revisando, “pero no el único”, al ser preguntada por el desplome del precio de sus bonos convertibles contingentes (CoCos), instrumentos diseñados para ayudar a entidades con problemas. Esta respuesta no fue de agrado para el antecesor de Paula Conthe, que le advirtió de que cualquier mención a un banco cuando se encuentra en “situaciones delicadas siempre da un titular a la prensa”. “Debemos ser extremadamente cautelosos”, le recordó Ponce en un correo electrónico enviado a Köning.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, dio el pasado 11 de junio un ultimátum al FROB para que le entregara todos los correos electrónicos enviados y recibidos entre el 1 de abril y el 7 de junio de 2017 que tuvieran relación con la resolución del Popular. Dos meses antes el magistrado había reclamado esta información, así como todas las actas de las reuniones de su Comisión Rectora celebradas en el primer semestre de 2017 en las que se haya tratado cualquier tema relacionado con la entidad extinta, documentación que el organismo envió el pasado 21 de mayo. En ella se indica que se adoptarían las medidas que fueran necesarias para llevar a cabo la orden de resolución que dio la JUR sobre el banco el 7 de junio de 2017, un día después de que el Banco Central Europeo (BCE) señalara a la entidad española como inviable o con posibilidad de que llegara a serlo.
En el último requerimiento, el magistrado instructor también reclamó los correos que Ponce intercambió con Köning, después de que el expresidente del FROB afirmara en su declaración como testigo que escribió dos mensajes censurando las declaraciones de la presidenta de la JUR en una entrevista a Bloomberg el 23 de mayo de 2017, así como la filtración en otro medio de comunicación unos días más tarde sobre el riesgo de liquidación que corría la entidad. Según han informado fuentes jurídicas a La Información, el FROB ya ha remitido al juez instructor más de 180 páginas donde se reúne toda la documentación reclamada, aunque con “tachones” para ocultar datos confidenciales. Entre esos documentos se encuentran los e-mails (escritos en inglés) en los que Ponce y Köning hablarían del cuidado que habría que tener a la hora del hacer manifestaciones públicas sobre el Popular para no perjudicar al mercado.
Tras conocer los detalles de la entrevista en televisión de Könign, Ponce escribió a su homóloga para expresarle su sorpresa por el hecho de que “una autoridad de resolución haya mencionado públicamente que está siguiendo de cerca la situación” de una entidad, refiriéndose a ella por su nombre, al contrario del resto de entidades que también estaban siendo analizadas, han indicado las fuentes jurídicas cercanas al caso. Así, el expresidente del FROB, que en su declaración como testigo precisó que estos correos no eran una queja formal, añadió que consideraba la situación de “máxima gravedad”, ya que este tipo de mensajes podían perjudicar a la liquidez del banco español. “Todos debemos ser extremadamente cautelosos y manejar todas las comunicaciones públicas con mucho cuidado”, advirtió.
Por su parte, la presidenta de la JUR restó importancia a sus manifestaciones y en respuesta a la preocupación de Ponce, le indicó que no hizo ningún “comentario específico”, sino que, al ser preguntada expresamente por dicha entidad, contestó que se estaba “vigilando” al Popular como a otros. No obstante, el directivo español quiso dejar constancia de que mencionar un nombre concreto en circunstancias “delicadas” como las que atravesaba el banco podía dar “un titular a la prensa”.
Reclamó más "confidencialidad" sobre el Popular
El asunto quedó zanjado hasta el 31 de mayo de 2017 cuando la agencia de noticias Reuters publicó una exclusiva en la que se indicaba que “uno de los principales organismos de control de los bancos de Europa” advirtió que el Banco Popular “podría tener que liquidarse” si no lograba encontrar un comprador. Tras esta noticia Ponce volvió a escribir a Köning para agradecer las gestiones que se hicieron desde la JUR con el fin de desmentir que la información publicada saliera de dicho organismo. Pero también para poner en su conocimiento la caída sustancial de las participaciones que experimentó el banco al cierre del mercado ese mismo día. Así, el exresponsable del FROB insistió en lo perjudicial que puede ser cualquier “ruido”, por lo que pidió que se intensificaran los mecanismos de “confidencialidad” al respecto, han apuntado las fuentes jurídicas consultadas.
La réplica de Köning en este caso fue, de acuerdo a las mismas fuentes, dejar claro que la JUR estaba poniendo mucho cuidado en respetar la confidencialidad de cualquier información bancaria, al tiempo que se puso a disposición de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para explicar lo que considerara necesario sobre las supuestas filtraciones a la prensa.
Las declaraciones tuvieron un "impacto negativo", según el juez
El juez Calama considera que las informaciones aparecidas en prensa pudieron tener un “impacto muy negativo” en la liquidez del banco Popular, alentando a la retirada de depósitos de los clientes. Así lo dijo en un auto del pasado mes de mayo, en el que citó como testigo a la presidenta de la JUR el próximo 27 de julio para que explique, entre otras cosas, “qué le llevó a manifestar en un programa de televisión” tales consideraciones que “parecen vulnerar el ‘parámetro de confidencialidad’ exigible por ley”.
Las fuentes jurídicas consultadas añaden que el magistrado instructor está muy interesando en profundizar en este aspecto, ya que en los últimos interrogatorios realizados a testigos ha sacado el tema. Así ocurrió el pasado jueves cuando inquirió al presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura -que compareció por su etapa como director general de Mercados-, sobre el motivo por el que desde el organismo regulador no se reaccionó a las manifestaciones de Köning, en defensa del inversor o por la “dignidad del país”, llegó a decir, según fuentes presentes en la declaración. El ahora máximo representante del supervisor bursátil se limitó a señalar que entre las funciones del organismo no figuraba quejarse de las actuaciones de los demás.
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