Nuevo giro en el 'caso Restalia'. Los antiguos franquiciados que han denunciado al Grupo Restalia por estafa han planteado sus dudas acerca de que el juez de Madrid que abrió la causa judicial tenga competencia para investigar si los responsables del 'holding' de restauración ocultaron la existencia de acuerdos con proveedores que hacían inviable el proyecto. Todo ello después de que la denuncia inicial se haya ampliado hasta en cuatro ocasiones y se hayan incorporado nuevos afectados. En este sentido, consideran que el perjuicio ocasionado, que se estima en más de 30 millones de euros, puede tener efectos en toda España y ello habilitaría a la Audiencia Nacional para dirigir las pesquisas.
Aunque este procedimiento saltó a la luz el pasado mes de junio, lo cierto es que las primeras denuncias llegaron al Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid el verano pasado. El magistrado David Suárez incoó diligencias previas en agosto de 2021 "por el presunto delito de estafa contra 100 Montaditos Internacional y otros", de acuerdo a la documentación consultada por La Información. Al inicio de la investigación, el juez de Madrid, con el apoyo de la Fiscalía, acordó su competencia para indagar en los hechos denunciados conforme marca el "principio de ubicuidad", determinado por el lugar donde se habría cometido la infracción penal. Sin embargo, a juicio de los franquiciados afectados, la situación habría cambiado una vez que, a partir de febrero de 2022, comenzaron a presentar ampliaciones de denuncia y empezaron a adherirse nuevos perjudicados.
La investigación se dirige contra el dueño del Grupo Restalia, José María Fernández Capitán; una veintena de responsables de la empresa, entre los que se encuentran asesores, directivos y administradores, así como de compañías proveedoras; y más de una treintena de cadenas de restaurantes pertenecientes o vinculadas al conglomerado empresarial, como 100 Montaditos, The Good Burger y La Sureña. Por su parte, Restalia, que cerró el año pasado con 752 unidades de negocio en sus divisiones española e internacional de franquicias (639 en nuestro país y 113 en el extranjero), ha negado los hechos de los que se le acusa y asegura que siempre ha cumplido "rigurosamente" con la legalidad vigente. Asimismo, ha trasladado su disposición a colaborar con la Justicia para aclarar todo este asunto.
Repercusión económica
Debido al crecimiento de la 'macrodenuncia' de los afectados, representados por los despachos Cremades & Calvo-Sotelo y Rafael Franco Abogados, se ha solicitado que el juez instructor de Madrid "decline" su competencia para investigar. Y es que, según han indicado a este diario fuentes jurídicas cercanas a la causa, los antiguos franquiciados se apoyan en la jurisprudencia del Tribunal Supremo para reclamar que sea la Audiencia Nacional la que se encargue de la investigación debido a la grave repercusión en la economía nacional que podría haber causado la presunta estafa. También entienden que el perjuicio patrimonial se habría ocasionado a numerosas personas de distintas partes del territorio nacional. Las fuentes advierten de que si se atiende al principio de ubicuidad mencionado anteriormente, existirían varias causas judiciales abiertas en distintos tribunales, lo que podría generar resoluciones dispares.
En concreto, los denunciantes -antiguos responsables de más de 50 establecimientos repartidos en nueve comunidades autónomas- cifraron en un principio el perjuicio ocasionado en 19,7 millones de euros, si bien con las ampliaciones de las denuncias, el daño económico supera ya los 30 millones de euros. Por tanto, según indican las fuentes jurídicas consultadas, la cifra sobrepasa la determinada por el Supremo para atribuir la competencia de investigación a la Audiencia Nacional.
A ello añaden que tanto el número de afectados como la cantidad presuntamente estafada aumentará, debido a que una treintena de franquiciados perjudicados en Italia (todos ellos vinculados a la marca 100 Montaditos), estudian adherirse a la denuncia, tal y como adelantó Sivarious. Las fuentes jurídicas han confirmado este punto y han explicado que los denunciantes del país transalpino aún no se han podido sumar a la denuncia por la "enorme logística" que ello implica, pero que prevén que todos los trámites queden culminados en septiembre.
Plan de viabilidad irreal
Los antiguos franquiciados acusan a Restalia y sus responsables de delitos de estafa, organización criminal, coacciones y delitos informáticos por actuar "con engaño suficiente y bastante" hacia ellos para hacerles suscribir distintos contratos de explotación "por cantidades ingentes de dinero" que les llevaron a "la ruina económica". Según explican en los escritos presentados ante los tribunales, el 'holding' ejecutó "un plan preconcebido" de captación "indiscriminada" de nuevos socios, basado en un plan de viabilidad que ofrecía promesas de alta rentabilidad, recuperación de la inversión inicial y una mesa de compra, pero que en verdad recogía "números irreales".
Para justificar las acusaciones, los abogados de los franquiciados han presentado una serie de informes periciales que acreditarían que cada perjudicado habría perdido entre 300.000 y 600.000 euros. De este modo, exponen que para llevar a cabo este desvío de fondos, los franquiciados estaban obligados a firmar los contratos de abastecimiento con una serie de "proveedores homologados" y que éstos, a su vez, imponían un sobrecoste en sus precios para retornar parte de lo facturado a Restalia, según se desprende de varios audios captados por denunciantes con alguno de los proveedores y que constan en el sumario de la causa.
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