Marina d'Or y Marruecos han dado los primeros pasos para comenzar a dirimir el litigio que les enfrenta por el importe de más de 400 millones de euros. Ambas partes han designado ya sus árbitros para que estudien si el gobierno marroquí debe indemnizar a la empresa española por el fracaso de los proyectos inmobiliarios, que se firmaron en 2004, para la creación de dos ciudades satélites en Rabat y Tánger, compuesto por viviendas, oficinas, centro comerciales, hoteles de entre tres y cinco estrellas y jardines. Ahora toca el nombramiento de un tercer árbitro para formar un tribunal y poder comenzar a analizar el asunto en profundidad.
El conflicto se inició el pasado mes de junio cuando la sociedad inmobiliaria del antiguo Grupo Marina d'Or, que ahora se denomina Comercializadora Mediterránea de Viviendas (Comervi), presentó una petición de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Una actuación que se realizó tras años de conversaciones con el Reino de Marruecos, sin llegar a ningún tipo de acuerdo, para tratar de recuperar las pérdidas ocasionadas por la frustración de la iniciativa para descongestionar los núcleos urbanos superpoblados con la creación de "Nueva Ciudad de Tamesna", a las afueras de la capital, y "La Perla de Tánger".
Tras la aceptación de la solicitud de arbitraje por parte de la institución creada por el Banco Mundial (y con sede en Washington) para la resolución de conflictos surgidos a raíz de inversiones internacionales, la parte demandada tenía hasta finales del pasado mes de octubre para comparecer, según informaron a este diario fuentes cercanas a este procedimiento. Un plazo que ha cumplido Marruecos, al tiempo que ha designado ante CIADI al árbitro italiano Attila Tanzi para conocer este asunto por su parte.
Asimismo, el Estado demandado ha vuelto a confiar en la firma de abogados internacional Allen & Overy. Este despacho defiende a Marruecos en el conflicto que se inició en 2018 con Corral Marruecos Holdings, filial de la británica-sueca Corral Petroleum Holdings, presidido por el jeque saudí Mohamed al Amoudi, que solicita una indemnización por los daños causados con la quiebra de la refinería Samir en agosto de 2015, como consecuencia de la caída global de los precios del petróleo.
Por parte del antiguo grupo castellonense se ha designado como árbitro al suizo-peruano Fernando Piérola Castro. La empresa española ha 'fichado' al despacho español B. Cremades & Asociados, conocido por defender a los herederos del sultán de Jolo contra Malasia, a quien reclaman más de 13.000 millones de euros, un litigio que está siendo más polémico de lo esperado, ya que el Estado asiático no reconoce el laudo arbitral. Este bufete también ha conseguido que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dé la razón a la familia judía propietaria de un cuadro de Camille Pissarro, que le fue expoliado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial y hoy en día se encuentra expuesto en la Fundación Thyssen-Bornemisza de Madrid. Los magistrados ordenaron reabrir el caso para que la justicia ordinaria aplique las leyes de California, desfavorable para los intereses del museo.
Fases del procedimiento
Según las normas del CIADI, ambas partes deberán llegar a un acuerdo para nombrar a un tercer árbitro para la formación del tribunal que resuelva el conflicto. Pero en caso de no alcanzar un consenso, será la corte internacional de arbitraje la que nombre a este profesional, que tendrá la función de presidente. Tras ello, en el plazo máximo de 6o días, se deberá celebrar lo que se denomina "primera sesión", en la que se expondrán las posturas de ambas partes, así como cuestiones procesales, tales como como las reglas de juego (idioma, lugar de discusión y calendario procesal).
También será el momento de plantear la posibilidad de separar cuestiones específicas de jurisdicción; la adopción de medidas provisionales sobre divulgación de información confidencial, la obtención o preservación de pruebas y garantías financieras, o la suspensión de procesos locales o arbitrajes paralelos, entre otros; o para exponer cuestiones que se consideran carentes de mérito jurídico. En este contexto, también se abre la vía a la recusación de cualquier miembro del tribunal y para que las partes se soliciten e intercambien documentos que puedan resultar de interés.
Tras todo ello, comenzará la fase de presentación de escritos, pruebas y celebración de audiencias -con la declaración de testigos y peritos-, en la que se estudiará si Marruecos debe indemnizar a Comercializadora Mediterránea de Viviendas por no dar salida a las inversiones realizadas para la construcción de dos grandes complejos inmobiliarios. El eventual laudo que resulte de este 'juicio' arbitral será de obligado cumplimiento para ambas partes, una vez sea firme.
"Atropellos a las inversiones"
Según destacaron los demandantes en un comunicado, los proyectos inmobiliarios fueron aplaudidos por la comunidad internacional y recibió el respaldo tanto del Banco Mundial como de la Unión Europea. Sin embargo la inversión millonaria realizada no tuvo el éxito esperado ante la "inacción" del Gobierno marroquí. "En Marruecos se producen preocupantes atropellos a las inversiones españolas", afirmó de manera contundente el abogado Bernardo Cremades Jr.
El proyecto inmobiliario fue aplaudido por la comunidad internacional y recibió el respaldo de tanto el Banco Mundial como la Unión Europea
La iniciativa puesta encima de la mesa para "Nueva Ciudad de Tamesna" era poder conectar esta ciudad satélite con la capital mediante autovía, tren y demás servicios de transporte. De hecho, se planteó que parte del campus de la Universidad de Rabat se trasladara al nuevo núcleo urbano. Para ello, el Estado dotaría de todos los equipamientos e infraestructuras necesarios para hacer posible el proyecto, que no llegó a ver la luz, quedando en unos cuantos edificios aislados, sin servicio de recogida de basuras, y rodeados de mercadillos ilegales, ante el incumplimiento de lo pactado por parte del Ejecutivo marroquí. De este modo, Marina d'Or perdió lo invertido, ya que su idea era sacar beneficios de la operación mediante la venta de los complejos inmobiliarios construidos.
En cuanto al complejo "La Perla de Tánger", también fue concebida para su venta a terceros, financiándose la construcción mediante la venta de los nuevos inmuebles a los nuevos residentes. No obstante, durante la ejecución del proyecto, Marina d'Or sufrió un bloqueo administrativo derivado de conflictos internos entre las autoridades marroquíes, reconocido por el propio Tribunal de Cuentas marroquí en su informe especial de 2014, que se ha traducido en la "pérdida irremediable y total de la inversión proyectada".
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