Madrid estudia recurrir ante el TC el "hachazo fiscal" a las grandes fortunas

Madrid se vuelve a rebelar contra La Moncloa. El consejero de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha avanzado que el Gobierno regional estudiará a fondo el impuesto a las grandes fortunas que gravará la riqueza neta superior a los tres millones del Gobierno para ver si es recurrible ante el Tribunal Constitucional (TC). "El hachazo fiscal que ha anunciado el Gobierno es un golpe más contra la economía y por tanto contra los españoles pero contra todos los españoles. Ya van casi 20 subidas de impuestos desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno", ha señalado en declaraciones distribuidas a los medios.

Lasquetty ha criticado que usen "la crisis, el precio de la energía o lo que sea como excusa" cuando es algo que anunciaron hace cuatro años. "Llevan cuatro años diciendo que lo iban a hacer, que iban a dar un hachazo fiscal y ahora lo hacen", ha declarado, al tiempo que ha censurado el "autoritarismo fiscal" que ejerce el Gobierno. Así, ha hecho hincapié en que en el paquete de medidas que ha anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "no hay deflactación" y por tanto "a todos los españoles les va subir los impuestos en frío sin que haya una ley que lo autorice". "No hay ninguna medida fiscal de reducción de impuestos para este año, justo en el momento que más falta haría. El Gobierno está en dar rienda suelta a su sectarismo. Lo que hace es crear un impuesto para ahuyentar la inversión y el patrimonio", ha subrayado.

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El Gobierno regional ha sido uno de los más críticos con la gestión de Moncloa y también tiene pensado elevar al Constitucional el plan de ahorro energético "no tanto por cuestiones políticas como constitucionales". Así la Abogacía de la Comunidad de Madrid está preparando el recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto del Gobierno porque, según el ejecutivo de Ayuso, invade "competencias claras" de la región y se ha aprobado "sin ningún tipo de consenso político y sin comunicarlo a las comunidades autónomas".