El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se enfrenta a su enésimo revés judicial en uno de los temas enquistados en Madrid desde hace ya más de una década: la Ciudad de la Justicia. Este complejo, destinado a concentrar las sedes judiciales repartidas por toda la región y que se iba a situar en Valdebebas, se encontraba en pleno proceso de licitación para poder levantar, en su tercer intento, uno de los grandes planes hasta ahora frustrados en el PP madrileño. Sin embargo, se ha vuelto a encontrar un nuevo bache en el camino: el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) ha interpuesto un recurso contra el proceso alegando que este concurso incumple la nueva Ley de Calidad de la Arquitectura que entró en vigor el pasado 16 de junio y que busca poner en valor la disciplina y controlar las actuaciones públicas.
Los arquitectos madrileños -que ya acumulaban una serie de desencuentros con el Gobierno regional por este tema- alegan que el concurso fue publicado después de la entrada en vigor de la norma nacional, y por tanto, incumple varios de sus criterios. Entre ellos, el de "calidad" que estructura dicha Ley, y que fomenta la adecuación de los edificios a su uso, además de apostar por que los diseños tengan en cuenta la belleza, la contribución al paisaje y su integración, la innovación, la planificación estratégica o la transparencia, entre otros criterios.
Precisamente es este último otro de los motivos que han llevado al COAM a formalizar su recurso, denunciando que la licitación se haya publicado en pleno mes de agosto -concretamente el viernes 5- sin apenas publicidad, sin tiempo para preparar un proyecto de semejante calibre (el plazo de presentación de ofertas es de tres meses) y limitando la concurrencia a aquellos arquitectos que acrediten haber firmado un proyecto valorado, como mínimo, en 150 millones de euros. El recurso fue presentado el 17 de agosto ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, quien ahora debe decidir si paraliza o mantiene la licitación, abierta hasta el 20 de octubre.
Desde el Colegio de Arquitectos inciden en que su recurso tiene como objetivo "poner en valor la praxis" y que no pretende criticar "ni el modelo de concesión ni de gestión", sino "la falta de un concurso arquitectónico donde puedan participar todo tipo de arquitectos". Antes del COAM, otras entidades habían emitido alegaciones previas sobre el estudio de viabilidad de la obra, siendo todas ellas desestimadas.
Un megacontrato de 2.800 millones de euros a 40 años
La fórmula que ha encontrado el Gobierno de Madrid para ejecutar la obra no es nueva, ya que recupera el modelo de concesión al sector privado que generalizó Esperanza Aguirre durante su etapa al frente de la región. En esta ocasión, el contrato para levantar la Ciudad de la Justicia contempla la construcción del complejo judicial en cinco años y la posterior explotación durante otros 35, por lo que la Comunidad de Madrid pagará un total de 2.547 millones (IVA incluido) durante el período de concesión (36 años) en forma de un canon anual que rondará los 70 millones anuales. La Comunidad comenzará a abonar este importe una vez concluida y recepcionada la obra, cuya primera piedra está prevista para antes de las elecciones de mayo de 2023, que el recurso del COAM podría retrasar.
La concesionaria, por su parte, tendrá que hacer frente a una inversión inicial de 507,5 millones para levantar los edificios en menos de cuatro años, ya que será la encargada de redactar el proyecto, ejecutar la obra, suministrar el equipamiento necesario para su puesta en funcionamiento y explotar el recinto, incluido su mantenimiento. La empresa elegida también deberá construir un edificio de usos profesionales que podrá subarrendar a terceros, un parking público, un centro deportivo con estancias de ocio y salud, dos cafeterías y una escuela infantil privada, además de gestionar los bajos de los edificios, que albergarán todo tipo de servicios. De la explotación de los espacios, la adjudicataria recibirá otros 324 millones de euros durante todo el período. Al acabar la concesión, en 2062, habría recibido un total de 2.872 millones de euros, y los edificios pasarán al patrimonio regional.
ayuso pretendía poner la primera piedra antes de las elecciones
- La concesión podrá alargarse otros seis años más si no se ha cumplido la previsión de retorno económico, fijada en 2.872 millones de euros para el año 2063.
Los requisitos impuestos por el gobierno madrileño limitan la concesión a grandes empresas, ya que al concurso sólo se podrán presentar empresas con un volumen de negocios superior a 300 millones de euros anuales y que hayan realizado, en los últimos cinco años, un proyecto similar valorado en más de 150 millones, requisito que también se impone al arquitecto titular que determinen las empresas. Como en la mayoría de obras públicas que viene realizando en los últimos tiempos, la Comunidad primará el criterio económico que rebaje el coste total de la obra sobre la eficiencia energética o los proyectos técnicos. La concesión, además, podrá extenderse otros seis años en caso de que no se cumpla la previsión de retorno de la inversión.
El gobierno de Díaz Ayuso justifica la operación como una forma rápida y económica de concentrar los 356 órganos judiciales que tiene repartidos en 28 edificios por toda la región. La propuesta permite dotar al Partido Judicial madrileño de unas infraestructuras modernas, garantiza la accesibilidad universal y facilita el que se puedan cubrir futuras necesidades, al contar con nuevos espacios. Sin embargo, ha renunciado a utilizar los proyectos que elaboraron grandes arquitectos internacionales y por los que la Comunidad de Madrid llegó a pagar hasta 10 millones de euros a Norman Foster. La parcela elegida para acoger todo este recinto es una de las más golosas de la capital. Situada en el PAU de Valdebebas, cuenta con 132.606 m2 de superficie y está próxima a la estación de cercanías y al Hospital de Emergencias Isabel Zendal. Los 17 nuevos edificios tendrán más de 375.000 m2 de edificabilidad y se calcula que acogerán a unas 30.000 personas al día.
El primer intento sigue en los juzgados
La historia de la Ciudad de la Justicia de Madrid es el cuento de nunca acabar. Presentada en 2007, durante el primer mandato de Esperanza Aguirre, la crisis económica dejó el proyecto a medias con sólo un edificio construido, que ahora acoge el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Madrid. Este primer proyecto se liquidó en 2015 tras dilapidar 105 millones de euros de dinero público, 60 de ellos en túneles entre edificios que nunca se construyeron. Actualmente, sigue en manos de la Audiencia Nacional, que imputó a varios altos cargos del gobierno de Aguirre por malversación.
El segundo intento apenas duró dos años, después de que la justicia diera la razón a Cristina Cifuentes, quien anuló el procedimiento que su predecesor, Ignacio González, había firmado unos días antes de cesar en su cargo como presidente madrileño, tratando de continuar el legado de su 'jefa' Aguirre. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el concurso al localizar infracciones "no subsanables" en las normas de preparación del contrato. Ahora Ayuso va a tratar de hacer buena la dicha de que "a la tercera va la vencida", si los arquitectos madrileños y los tribunales se lo permiten.
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