La Comunidad de Madrid ha dado impulso a las obras para terminar el nuevo Instituto de Medicina Legal (IML). Se trata de un proyecto de 4,3 millones de euros y que se ha adjudicado por trámite de emergencia, es decir, sin concurso, a Dragados. La firma de Florentino Pérez competía con otras diez grandes empresas para construir el instituto en el edificio conocido como el 'dónut' que integra el fallido proyecto del Campus de la Justicia. El objetivo del Gobierno madrileño es tenerlo terminado en tres meses y medio debido a la persistente amenaza de la crisis del coronavirus.
De este modo, prevén que entre en funcionamiento este mismo otoño para gestionar desde su nueva sede los futuros rebrotes y enfermedades de características similares a la pandemia de la Covid. El Gobierno regional da uso a una obra faraónica que se enmarca dentro del proyecto de Campus de la Justicia que ideó Esperanza Aguirre para unificar todas las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid en la zona norte de la capital. El consejero de Justicia, Enrique López, explicó en un encuentro con la prensa que aunque este escenario de emergencia permite al Ejecutivo ofertar a la empresa que prefiera sin necesidad de concurso previo, se propuso a una decena de constructoras para que hubiera una "concurrencia adecuada".
De hecho, López justificó la tramitación de emergencia de este megaproyecto en las alertas lanzadas por las autoridades sanitarias sobre el riesgo de rebrote que ya es una realidad en numerosos puntos de España. El consejero asegura que se han decantado a favor de la filial de ACS por criterios "puramente objetivos" cerrando la puerta a las otras competidoras de la constructora de Florentino Pérez, entre las que se encuentran Isolux, OHL, Sacyr, Acciona, Ferrovial o San José. Pese a tratarse de un edificio en desuso, la situación límite vivida durante la pandemia les obligó a rescatarlo y albergar en él unos 600 cadáveres.
Cambios tras la crisis
López asegura al respecto que está bien mantenido y que esta situación de urgencia les permitió contemplar la posibilidad de ponerlo en funcionamiento pero no en el marco del proyecto de la Justicia sino para fines médicos. El edificio cuenta con 13.500 metros cuadrados distribuidos en ocho plantas, por lo que puede habilitar hasta 53 mesas de autopsias con capacidad para 225 cadáveres. Además, el complejo -al que se trasladarán los profesionales del antiguo Instituto Anatómico Forense cuando terminen las obras-, contará con una sala de bioseguridad para garantizar al máximo la seguridad de médicos forenses y el resto de plantilla que trabajen en autopsias a cuerpos cuya causa de fallecimiento esté vinculada al coronavirus u otras pandemias.
El edificio, que se construyó en su idea en el marco del ambicioso proyecto del Campus de la Justicia, iba a formar parte del nuevo proyecto para unificar las sedes judiciales, si bien el uso que se le ha dado en la reciente crisis de la Covid les ha hecho cambiar de criterio. A ello se le une que en un terreno colindante se va a construir el hospital de epidemias que también esperan que esté listo para otoño. No obstante, el proyecto que ideó Aguirre y que siguió Ignacio González bajo el nombre de Ciudad de la Justicia, no queda del todo aparcado. De hecho, en estos terrenos de Valdebebas se concentrarán las sedes judiciales de la capital. Según informan fuentes de la Consejería de Justicia a este diario, se prevé trasladar al lugar un total de 84 juzgados de primera instancia (incluyendo los de instrucción, de violencia contra la mujer, de lo penal o de vigilancia penitenciaria) además de otros diez juzgados más que entrarán en funcionamiento este año.
Se trata de un proyecto que ha visto la luz después de que el Tribunal Supremo fallara el pasado mes de marzo a favor de la Comunidad de Madrid, rechazando los recursos interpuestos por Acciona y OHL contra la decisión de Cristina Cifuentes de suspender la continuidad de este macroproyecto. "Vamos a tener muy en cuenta lo que se ha hecho y todo lo que se ha invertido se va a utilizar. De todo se aprende, incluso de los errores", ha dicho al respecto el consejero y exmagistrado de la Audiencia Nacional en su encuentro con la prensa.
Investigación en la Audiencia Nacional
Con todo, el fallido proyecto que intentó rescatar sin éxito Ignacio González también se investiga en un procedimiento penal que abrió la Audiencia Nacional en septiembre de 2018. El magistrado José de la Mata imputó en esta causa al exconsejero madrileño Alfredo Prada y a tres cargos técnicos vinculados al Campus por su presunta responsabilidad en la gestión económica del proyecto. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 expuso que el Campus de la Justicia de Madrid no siguió ningún criterio de racionalidad económico, y contaba con mucho directivo y poco personal administrativo. Además expuso que todos los puestos de trabajo de la sociedad se cubrieron por personas de confianza de los políticos dirigentes de entonces y, en algunos casos, con vínculos con el sector privado.
La causa arrancó a petición de la Fiscalía Anticorrupción la cual denunció que este proyecto, cuyo coste total ascendió a los 90 millones de euros, no contaba con un sistema de control interno en materia de contratación. Además, incluyó con su denuncia un informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid según el cual el importe total de contratación obtenido de los trabajos de fiscalización ascendía a 355,6 millones de euros. Ahora, y con este nuevo proyecto, López pretende dar un nuevo uso al edificio estrella del Campus y retomar la idea de unificar las sedes judiciales aunque con un proyecto completamente diferente al ideado por sus antecesores.
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