Rebajar impuestos y volver a un marco regulatorio estable en algunos tipos de producción eléctrica para controlar el recibo de la luz o marcar precios máximos para la subida de los alquileres en las zonas tensionadas de las grandes ciudades. El Gobierno ha abierto paso a ambas iniciativas en apenas unas horas, medidas de marcado carácter de izquierdas y que suponen una vuelta al intervencionismo en algunos sectores y mercados. Todo ello ante la incapacidad para modificar a corto plazo las reglas del juego ante un incremento "exorbitante", en palabras de Pedro Sánchez, de los precios de algunos suministros básicos de la economía cuya carestía golpea ya al bolsillo de los particulares y desata todas las alarmas ante una crisis social este mismo verano. La presión empieza a ser evidente en la calle.
Fuentes cercanas a los ministerios de Transportes y de Transición Ecológica admiten que ambos departamentos se encuentran en el ojo del huracán por la falta de soluciones que han generado a dos de los problemas más importantes de la economía: la vivienda y la energía. No se trata de problemas nuevos que hayan surgido este mes de junio sino de problemas crónicos que se arrastra el país desde hace años y sobre los que se han centrado en gran medida las tensiones del Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos desde el mismo día en que llegaron a un acuerdo. Hay una discusión interna fuerte porque se trata de dos compromisos básicos recogidos en el pacto que sellaron Sánchez y Pablo Iglesias en 2019.
Pendientes todavía de definir el camino que llevarán las reformas de las pensiones y del mercado laboral, con la rémora del fracaso del 4-M en Madrid y el fiasco diplomático y comunicativo del 'paseo' con Biden, en el gabinete del presidente del Gobierno se muestran muy preocupados por el impacto social que va a tener, a fin de mes, un recibo de la luz que lleva gran parte de junio pagándose cada día muy por encima de lo que se esperaba. Este martes y miércoles se han registrado el tercer y cuarto récord histórico. A ello se añaden unos alquileres en el centro de las ciudades que no ceden y cuya demanda aumenta a medida que mejora la situación sanitaria y económica del país, con la vista puesta en una subida de precios en otoño, en los meses de mayor actividad en ese segmento del sector inmobiliario.
Esos dos problemas han surgido cuando el Ejecutivo afronta un momento de recuperación, en plena firma del acuerdo europeo para la llegada del fondo Next Generation, tras zanjar la disputa socialista en Andalucía contra Susana Díaz y pendiente de abrir un periodo que le permita aprobar los Presupuestos para el año que viene con el apoyo de ERC, PNV y EH Bildu, previa concesión de indultos a los presos del 'procés'. El objetivo ahora en Moncloa es atajar de antemano cualquier atisbo de estallido o crisis social causada por problemas económicos, aunque para ello haya que entrar en fórmulas que rozan el intervencionismo en los mercados y que, hasta ahora, habían sido rechazadas por la parte socialista del Gobierno.
Tanto Sánchez como la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, han adelantado la opción de rebajar en breve algunos de los impuestos que gravan la electricidad, como el 7% del impuesto de generación, si bien desde las empresas del sector advierten que sería más efectivo bajar el IVA del 21% al 10%, e incluso al 4% reducido para los usuarios del bono social. Esta opción, de momento, la niegan en el Gobierno porque afectaría a la recaudación, aunque fuera de forma temporal.
En cualquier caso, se trata de medidas que suponen meros parches hasta que se cambie el modelo de fijación de precios o se haga caso a las peticiones de Unidas Podemos y se fije un abanico de tarifas máximas para la generación de bajo coste (hidráulica y nuclear). El Gobierno también pretende ampliar en 100 millones el crédito a las eléctricas para pagar derechos de emisión de CO2, si bien eso puede azuzar más un mercado que se basa en la especulación y cuya carestía marca ahora el precio de la luz. Para que entre en vigor el recorte de los 'beneficios caídos del cielo' y del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) aún quedan meses.
El vaivén de la vivienda en alquiler
El titular de Fomento, José Luis Ábalos, ya admitió hace más de dos años la posibilidad de estudiar la imposición de unos precios de referencia en los alquileres en las zonas tensionadas por la alta demanda (centro de las grandes ciudades y zonas costeras principalmente), para evitar una escalada imparable que haga imposible el acceso a la vivienda de los jóvenes o los trabajadores de rentas más modestas. Ya entonces, fuentes jurídicas externas y los propios servicios jurídicos del Ministerio advirtieron del problema legal que plantea esa opción, que puede ser impugnada ante los tribunales y llegar incluso hasta el Tribunal Constitucional. En este marco se ha desarrollado toda la negociación de la Ley de Vivienda que ya está cerca de finalizar con un acuerdo en el que unos y otros van a tener que ceder.
Básicamente, los contratos de alquiler están regulados en el Código Civil bajo el principio general de la autonomía de las partes a la hora de establecer sus condiciones y avalados por el respeto a la propiedad privada y la libertad de empresa contemplada en el elenco de derechos económicos y sociales (no fundamentales) recogidos en la Carta Magna. El ejemplo claro de este riesgo legal de una intervención del mercado se produjo en la capital alemana de Berlín hace apenas un par de meses, cuando su Tribunal Constitucional declaró nula la ley regional que ponía topes a los alquileres. Fuentes jurídicas consultadas aseguran que, si se quiere hacer un cambio como ese en España, habrá que utilizar una norma de alto rango (ley orgánica) a nivel estatal y, además, garantizar el derecho de los propietarios a fijar el alquiler en un mercado libre. De hecho, la ley catalana está pendiente del paragüas legal que le puede dar la normativa estatal en negociación.
La última propuesta de Ábalos pasa por aplicar ese control máximo de precios combinado con un sistema de incentivos fiscales a los propietarios de vivienda que, de forma voluntaria, respeten los precios de referencia que se van a fijar en zonas de mercado tensionadas -las grandes ciudades- y no alquilen sus pisos o locales por encima de esos límites. Desde el ámbito inmobiliario, no obstante, se advierte que esos recortes fiscales serían puntuales y no solucionan un problema que viene marcado por la escasa oferta de viviendas en alquiler que hay en España. "El control de los alquileres y la vigencia de las rentas antiguas es algo que viene de Franco y que ha hecho mucho daño al negocio y a muchas familias propietarias", advierten en el sector.
Pero para Unidas Podemos la regulación que propone el departamento de Ábalos no permitiría bajadas de los precios del alquiler. Es, por tanto, "insuficiente", aseguran fuentes moradas, y van a seguir peleando y siendo "cabezones". Se remiten al acuerdo presupuestario entre ambas formaciones donde se recoge que se aprobarían herramientas para bajar esos precios. En ese documento, que cerró el exvicepresidente segundo Pablo Iglesias, ambas formaciones se comprometieron, textualmente, a aprobar "mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes".
Si el Gobierno acaba aprobando la regulación de los alquileres con estas condiciones no se daría cobertura, además, a la ley catalana de vivienda, la primera en regular los precios del alquiler en España y que permite, incluso, bajarlos. Esta normativa fue recurrida este martes por el Consejo de Ministros ante el Tribunal Constitucional aunque finalmente no se pidió la suspensión de la misma tras un debate en la coalición. Si la Ley de Vivienda estatal no la ampara el problema político (con ERC, esencialmente) podría ser aún mayor para el Gobierno.
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