Los peritos designados por la Audiencia Nacional para analizar si el Banco Popular financió a clientes para que acudieran a la ampliación de capital que la entidad llevó a cabo en mayo de 2016, un año antes de su desaparición, han presentado ya su informe. Los dos expertos encargados de dicha tarea han dado por bueno el trabajo que hizo el departamento de Auditoría Interna de la entidad extinta y comparten que en la "práctica totalidad de estas operaciones no se indica que el destino de la financiación sea la compra de acciones". Así se concluye en un documento de tan solo nueve páginas, que ha sido entregado al juez instructor José Luis Calama justo cinco días después de que éste les diera un ultimátum para presentar el examen que ordenó realizar hace justo un año.
Las presuntas irregularidades contables relacionadas con dicha ampliación de capital por el valor de 2.500 millones de euros es una de las cuestiones principales que investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, para esclarecer los motivos que llevaron a la entidad financiera a la quiebra. En este sentido, el magistrado requirió en febrero de 2021 al Banco Santander -que compró el Popular por el valor simbólico de un euro- tres ficheros informáticos relacionados con documentación sobre suscriptores de esta operación y financiación de los mismos entre el 25 de mayo y el 30 de junio de 2016.
Una información que el juez puso a disposición de los peritos para que revisaran si el banco extinto "ofreció al mercado unos ratios de capital regulatorio mejores de los reales vulnerando conscientemente el principio de transparencia que preside el funcionamiento del mismo". Un año después, los expertos entregaron el pasado 9 de febrero un documento, al que ha tenido acceso La Información, en el que exponen que del análisis de dicha documentación se desprende que un total de 14.229 clientes recibieron financiación en las mencionadas fechas por el total de 2.366 millones de euros y que "suscribieron acciones por 702 millones de euros". No obstante, los peritos Santiago Ruiz-Clavijo Ruiz y Pablo Hernández Romeo afirman que, al igual que detectó la Auditoría Interna del banco extinto, en gran parte de ellas no se puede determinar que "el destino de la financiación sea la compra de acciones".
Cifras similares
Según explican, la cifra de más de 700 millones "no se puede tomar como el importe que Banco Popular hubiera debido deducir de su declaración de recursos propios computables", ya que para ello habría que suponer que "todas las acciones compradas han sido financiadas". Una situación que para los peritos es "altamente improbable" por varios motivos, puesto que, entre otras posibilidades, hay operaciones de financiación inferiores al importe suscrito; o existen "operaciones finalistas" como son las compras de inmuebles (12% de la financiación), refinanciaciones (7% de la financiación), o financiación en moneda extranjera.
En este sentido, los expertos destacan que su cálculo es mayor que el que hicieron los responsables de la entidad, que fue de 571 millones de euros, si bien precisan que ello se debe a que los ficheros que Santander ha facilitado incluyen "grupos y créditos donde hubo un incremento de financiación con independencia de su fecha de formalización". Así, indican que si solo se tienen en cuenta las operaciones formalizadas en 25 de mayo y el 30 de junio de 2016, las acciones en riesgo de haber sido financiadas se reduce a 627 millones de euros, una cifra "muy similar" a la obtenida por los auditores de Popular.
Asimismo, advierten que este importe también podía verse reducido si se realizara un "análisis individualizado" de las operaciones, ya que "la mayor parte" de las mismas "no se habrían destinado a financiar la compra de las acciones". De hecho, el propio Banco Popular, tras el análisis del hecho relevante que emitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el de 3 de abril de 2017, redujo su cálculo a deducir de recursos propios a 288 millones de euros. En opinión de los peritos, la disminución de la cantidad se justifica en la "revisión de los movimientos en las cuentas corrientes para verificar la existencia de financiación" y porque dicha operación "podría ser inferior al importe suscrito de acciones en la ampliación de capital". Es más, los expertos designados por el juzgado recuerdan que en un informe anterior aportado a la causa ya señalaron que "el 79% de las acciones habían sido financiadas y que el porcentaje financiado era del 48% del total".
Documento de "enorme trascendencia"
El juez Calama dio un impulso a esta parte de la investigación hace un año tras constatar que en el sumario de la causa hay un archivo de "enorme trascendencia". Se trata de un informe que el que fuera vicesecretario del consejo de administración de Popular, Heraclio Peña, remitió el 2 de octubre de 2017 a la CNMV para explicar diversos aspectos relativos al hecho relevante de abril de 2017. Según destacó el magistrado, de dicho documento se deduce que tanto el consejero delegado del Banco Popular como los directores generales de Banca Minorista (Antonio Pujol) y de Negocio de Clientes (José Ramón Alonso) fueron los que impartieron "instrucciones específicas" a la red comercial, a través de los directores territoriales y regionales, para que "ofertaran financiación a determinada clientela de Banco Popular a fin de participar en la referida ampliación de capital".
El juez añadió que, "con carácter indiciario", los máximos responsables de departamentos estratégicos, como el de Intervención General, Auditoría Interna y Riesgos, "conocieron y consintieron dicha financiación", pese a que el manual de políticas de riesgos de la entidad prohibía expresamente financiar a clientes para comprar acciones. De hecho, Calama no ocultó la "estupefacción" que le causó que precisamente los auditores del banco no abrieran una "amplia investigación interna" respecto a esta cuestión. Es por ello, indicó, por lo que es necesario el examen pericial para acreditar cómo se llevó a cabo la financiación de clientes y si los altos cargos de Popular pudieron cometer alguna irregularidad.
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