Es momento de hacer 'lobby'. De activar todos los equipos de relaciones con las Cortes para intentar alcanzar un acuerdo entre bambalinas. Los grandes bancos ya han puesto a sus departamentos a trabajar en la negociación con los grupos políticos para intentar rebajar o suavizar el impuesto lanzado por el Gobierno en el final del intenso curso político. Con estas conversaciones, se niegan de momento a hablar de "negociación", lo que intentan evitar es tener que llegar a los tribunales. Dos grupos son clave: ERC y el PNV, formaciones nacionalistas pero de dónde emergen las raíces de dos de las principales entidades financieras del país, CaixaBank y BBVA.
El mes de agosto podría definirse como "de transición", en boca de uno de los implicados en esta operación. Pero antes de unas semanas de perfil bajo ya lanzaron su primera ofensiva en el Congreso. Hubo contactos, explican fuentes del sector financiero, con la práctica totalidad de los grupos políticos para trasladar argumentos, incluido el PSOE, y, en general, para engrasar una vía de contacto de cara a un último trimestre en el que se va a desarrollar la tramitación parlamentaria del impuesto a la banca y a las energéticas, y donde estos contactos se incrementarán.
Es habitual que los principales operadores afectados por leyes en tramitación desplieguen a sus equipos e incluso contraten a empresas especializadas para poder suavizar la normativa en juego. Ocurrió, por ejemplo, durante el recorrido en sede parlamentaria con la Ley Audiovisual, donde los operadores nacionales y las grandes 'majors' internacionales se movieron con los diputados logrando en algún caso importantes concesiones. El problema es que en España no hay norma que regule la labor de estos 'lobbys', aunque Sánchez anunció durante el debate sobre el estado de la nación una norma en ciernes.
Los bancos trabajan de forma coordinada para dar la batalla legal contra el Gobierno. Los equipos jurídicos de las entidades ya tienen unas primeras conclusiones que, tal y como se avanzó en estas páginas. CaixaBank, Santander, Sabadell, Bankinter... apelan a que observan una posible vulneración del principio de proporcionalidad y a que no entienden por qué se gravan sólo a algunas entidades; ING, por ejemplo, queda fuera del radar de la futura figura fiscal.
Las patronales bancarias también han trabajado con intensidad antes del parón de agosto. La AEB dirigida por Alejandra Kindelán y la CECA de Isidre Fainé también están implicadas, como parte activa, en estas conversaciones con los grupos parlamentarios. Las motivaciones del sector financiero, en general, apuntan a que la futura figura fiscal debería "evitar la doble imposición con independencia de si el impuesto se califica como directo o indirecto puesto que gravará rentas netas". El Gobierno se ha referido a la tasa como "prestación patrimonial de carácter público" y ha evitado hablar de impuesto.
En septiembre se iniciará en el Congreso la tramitación parlamentaria, de urgencia, de los impuestos a la banca y a las energéticas. Será el momento de las enmiendas, decisivas para conocer la configuración final de las figuras fiscales. Ya hay grupos que han expresado su simpatía por la proposición de ley, empezando por Unidas Podemos, aunque si por ellos hubiera sido habrían llegado incluso más lejos con la modificación del Código Penal. EH Bildu, socio de referencia para el Gobierno, también ha hecho lo propio, reclamando incluso que los impuestos se conviertan en permanentes. Pero hay dos grupos que se presentan claves en la negociación, ERC y PNV.
Los 13 votos de ERC se presentan como importantes, aunque no decisivos, para que PSOE y UP puedan sacar adelante la proposición de ley. Los republicanos han recibido con agrado la iniciativa, aunque ya han advertido que es insuficiente. La situación, aseguró el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, "no se afronta con medidas temporales o coyunturales; la que está cayendo se afronta con medidas estructurales valientes y permanentes". Añadió Rufián: "Pedimos a este Gobierno que se aparte de los grandes titulares y en lugar de cosas temporales, haga cosas permanentes como la justicia social". Calificó al Ejecutivo de "rácano" y lanzó que "la carga tributaria sea afrontada por las grandes empresas no puede ser temporal, esa es la gran crítica que nosotros hacemos".
Más críticos han sido desde el PNV. Más que por que los 'jeltzales' demanden mayor contundencia, por cuestiones relacionadas con las haciendas forales. "Se ha buscado la fórmula para esquivar" la concertación con dichas haciendas, afirmó la Consejería de Hacienda del Gobierno vasco, departamento dirigido por Pedro Azpiazu, un veterano en el Congreso. Desde Sabin Etxea fueron más lejos asegurando que la proposición de ley vacía de contenido el Concierto y el Convenio, ya que "impide la concertación de estos nuevos impuestos, imposibilitando que sus Haciendas puedan recaudar un solo euro de lo gravado a las empresas de los sectores bancario y eléctrico". El PNV, con conexiones al más alto nivel en ambos sectores, ya ha puesto sus cartas sobre la mesa.
El Gobierno se muestra dispuesto a negociar para conseguir sacar adelante la proposición de ley. Eso ocurrirá en septiembre. De inicio, los nuevos impuestos gravarán con un tipo del 1,2% a las compañías energéticas y del 4,8% a los bancos, que se cobrará en 2023 y 2024 para los resultados de 2022 y 2023. En compañías como Iberdrola, Endesa o Repsol, entre otras, la tasa se aplicará sobre el importe neto de la cifra de negocios. En grupos como Santander o CaixaBank se gravarán los intereses netos (cobrados menos pagados) y las comisiones netas. La batalla está abierta.
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