La Audiencia Provincial de Vizcaya tampoco da la razón al testigo clave del 'caso Iberdrola'. La Sección Cuarta ha confirmado la condena, por vía civil, contra José Antonio del Olmo, el que fuera director de Control Corporativo de la eléctrica, por sustraer facturas "confidenciales" para utilizarlas en contra de la compañía. De este modo, el tribunal ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el exdirectivo contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao, que le consideró responsable de violación y revelación de secreto empresarial.
Iberdrola emprendió una intensa batalla legal en distintos tribunales, y en distintas jurisdicciones, contra Del Olmo por la utilización de documentación interna para elaborar un informe en el que se advertía de determinadas irregularidades en el abono de los servicios prestados por el comisario jubilado José Manuel Villarejo con conocimiento de la cúpula directiva que lideraba Ignacio Sánchez Galán. Este documento y las facturas fueron depositadas ante notario en 2004 y 15 años después fueron entregados al juez de la Audiencia Nacional que investiga las actividades del agente encubierto, convirtiéndose en el 'testigo clave' en la pieza separada por los encargos de la empresa del Ibex 35.
Así, la compañía interpuso una demanda por la vía civil, la cual, hace exactamente un año, fue resuelta por el juez de lo Mercantil de Bilbao Marcos Bermúdez Ávila. En su sentencia, el magistrado concluye que el ex 'controller' obtuvo de manera "ilícita" y "sin consentimiento" las facturas que documentaban los pagos de Iberdrola a proveedores de Seguridad -como podía ser Villarejo- y sobre dietas y retribuciones de los miembros del consejo consultivo de Andalucía. Según señala la resolución, Del Olmo no tenía autorización para sacar dichos documentos de las oficinas de la eléctrica, ni para depositarlas ante notario, ni para filtrarlas a un medio de comunicación.
Por ello, le condenó a la "cesación y prohibición de nuevos actos de violación de secretos" de la empresa que dirige Sánchez Galán; a la entrega de la totalidad de los documentos sustraídos; a la publicación de la sentencia de condena; y al pago de costas de este procedimiento. Una resolución que ahora ha sido ratificada íntegramente por la Audiencia Provincial, si bien aún no es firme, ya que Del Olmo puede acudir en casación al Tribunal Supremo.
En paralelo a la Audiencia Nacional
En una sentencia con fecha del pasado 26 de septiembre, a la que ha tenido acceso La Información, la Sección Cuarta de la Audiencia de Vizcaya rechaza los argumentos del que fuera encargado de visar las facturas a pagar por parte de Iberdrola. El exdirectivo alegó que el juez de Bilbao tenía que haber paralizado este procedimiento civil hasta que finalice la investigación que se sigue, en paralelo, en la Audiencia Nacional, ya que, entre otras cosas, también se estaba analizando la veracidad y validez de la documentación entregada.
El tribunal de apelación no comparte esta postura, pues, según indica -apoyándose en una resolución del Supremo sobre el 'caso Bankia'- "las resoluciones dictadas en el proceso penal no condicionan en modo alguno la resolución de este proceso que se rige por distintos principios y distintos criterios de valoración del resultado de las pruebas". En otras palabras, "los diferentes principios y criterios de valoración que rigen el proceso civil, impiden que la absolución en vía penal condicione en forma alguna la resolución del presente proceso", apostilla la Sección.
Además, la Audiencia subraya que en este procedimiento civil existen suficientes pruebas para condenar por violación de secretos, ya que el propio exresponsable de Control Corporativo "siempre ha reconocido que se apropió de determinados documentos, que contenían secretos empresariales". Así, sobre la condena por revelación, la Sección insiste en que, pese a no constar una "prueba directa" sobre la filtración de los secretos de Iberdrola a la prensa, existen "indicios racionales" de que así ocurrió, pues Del Olmo no ha conseguido demostrar que "fueron otros los que revelaron la información, tal como ahora se apunta en el escrito de recurso".
Rechaza las medidas de protección
Por otro lado, Del Olmo solicitó que se tuviera en cuenta la directiva europea sobre la protección de denunciantes, conocida como 'directiva whistleblower' -en tramitación parlamentaria-, si bien los magistrados consideran que esta norma no es de aplicación porque los hechos denunciados son "anteriores al límite de trasposición de la directiva", que expiró el 17 de diciembre de 2021. Al respecto, recogen lo que indicó el juez de Bilbao en su sentencia y recuerdan que el demandado "conservó en su casa las facturas y las depositó ante notario, no las puso a disposición de las autoridades para descubrir alguna actividad ilegal (...). Lo hizo, según dice en el juicio por su seguridad, y las pone a disposición de la autoridad judicial cuando se lo piden los fiscales".
Este punto de vista es algo contradictorio con la postura sostenida por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, quien también estudió la posibilidad de aplicar algún tipo de 'amparo' al ex 'controller' de Iberdrola. El instructor del 'caso Villarejo' consideró que no era necesario acordar ningún tipo de medida de este estilo, al entender que la querella que la eléctrica presentó contra Del Olmo por falsedad del documento redactado en 2004 tenía que ser archivada porque los hechos habían prescritos. Pero el juez fue más allá y vio procedente decretar una especie de "inmunidad" para el exdirector de Control Corporativo frente a cualquier responsabilidad civil, penal, administrativa o laboral, atendiendo a los considerandos de la normativa europea.
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