La Junta Electoral Central ha respondido con energía al pulso que mantiene el president de la Generalitat, Quim Torra, sobre la retirada de los signos independentistas. En un comunicado emitido esta tarde anuncia que ha decidido mandarle ante la Fiscalía para investigar si ha incurrido en un delito de desobedencia, le ha impuesto una multa (que se podrá recurrir) y también ha decidido que sean los Mossos los encargados de quitar los símbolos soberanistas, según La Sexta. Esta misma mañana en la fachada de la Generalitat se ha sustituido la pancarta con un lazo amarillo por una con el símbolo en color blanco. Asimismo, la Junta Electoral Central ha ordenado que los Mossos retiren la propaganda soberanista antes de las 15:00 de este viernes 22.
Ante la respuesta del JEC, el lazo blanco situado desde ayer en la fachada de la sede del Departamento de Economía de la Generalitat, que sustituyó a uno anterior de color amarillo, ha sido retirado este viernes por la mañana, han confirmado a Efe fuentes de esta consellería. Estas mismas fuentes han señalado que, de momento, no pueden detallar si el lazo ha sido retirado por personal de la propia consellería o por las fuerzas de seguridad.
Llegados a este punto, la JEC tenía en su mano dar traslado a la Fiscalía de los incumplimientos de Torra, al que se dieron dos ultimátums de 48 horas primero y de 24 horas después para la retirada de los lazos amarillos y de las esteladas y que no cumplió, por cuanto considera que puede haber incurrido en responsabilidades penales, y en consecuencia, podría ser inhabilitado. También tiene en su mano imponer una sanción de hasta 3.000 euros a Torra por no haber cumplido la legislación electoral y, además, puede pedir a la conselleria de Interior que, a su vez, pida a los Mossos d'Esquadra que retiren los nuevos mensajes y las nuevas proclamas exhibidos en los edificios públicos.
La decisión al final llega después de que el presidente catalán enviara este jueves por la tarde a la JEC un escrito de alegaciones en el que hacía hincapié en el hecho de que ya no hay "esteladas o lazos amarillos" en los edificios públicos de la Generalitat. Por ello, solicitaba a la JEC que "acuerde desestimar" la denuncia presentada por Ciudadanos, en la que se pedía sancionar a Torra y forzar la retirada "inmediata" de la simbología soberanista de los edificios públicos dependientes de la Generalitat.
"A fecha de hoy, y tal y como solicita el acuerdo de la JEC de 11 de marzo de 2019, y como es público y notorio, no hay 'esteladas o lazos amarillos' en las sedes de la Generalitat de Cataluña", alega el escrito enviado a la JEC por el jefe de la Oficina del President, Joan Ramon Casals.
Esta mañana, Torra ha sustituido el lazo amarillo de la pancarta a favor de "presos y exiliados" en la fachada del Palau de la Generalitat por un lazo blanco atravesado por una franja roja. Simultáneamente, Ciudadanos ha presentado una nueva denuncia en la que pedía iniciar un "procedimiento sancionador" contra Torra y demás responsables de este "grave incumplimiento de la legislación electoral" y de las resoluciones de la JEC, a la que sugería remitir además el caso a la Fiscalía.
Cs urgía a adoptar "medidas provisionales" para garantizar la inmediata "ejecución forzosa", a través de los Mossos d'Esquadra y con "auxilio" de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la retirada de la simbología soberanista en edificios públicos de la Generalitat, para así "evitar la contaminación partidista" del proceso electoral.
Por su parte, la Junta Electoral Central se reúne esta tarde con la intención de analizar el nuevo escenario creado tras la decisión del presidente de la Generalitat de sustituir los lazos amarillos por otros de color blanco y decidir, a tenor de la información recabada, si pide quitarlos ya mismo.
Conocido el cambio, la JEC se ha dirigido a la Delegación del Gobierno en Cataluña para que le informe, hasta las 16.00 horas, sobre la situación y visibilidad en los edificios de la Generalitat de las proclamas en recuerdo de los dirigentes en prisión preventiva y de los que están prófugos en otros países.
Los 14 integrantes de la Junta tenía sobre la mesa varias opciones: una era si, vistos los nuevos mensajes, decidía dar un nuevo plazo para su retirada; las otras ya profundizaban en las vías penales, administrativa y policial. La respuesta ha sido enérgica.
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