El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha procesado a 13 miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), investigados desde 2019 en el marco de la 'Operación Judas', por su presunta participación en preparación de sabotajes y acciones violentas, como un intento de asalto en el Parlament de Cataluña, en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del proceso independentista en Cataluña. El magistrado les atribuye el delito de pertenencia a organización terrorista y a nueve de ellos, además, también les suma los delitos de tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista.
De este modo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha aceptado la petición realizada por la Fiscalía el pasado mes de agosto de procesar a los investigados por esos mismos delitos. En su auto, el magistrado explica que los investigados formaban, dentro de los CDR, el denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula integrada por un grupo reducido de individuos que “evidencian una gran radicalidad” y que se muestren totalmente entregados "a la causa". Añade que los procesados comparten principios ideológicos favorables a la independencia y el "activismo radical para conseguirla".
Para ello, prosigue el instructor, les fueron encargadas tareas "sensibles", que requieren un "plus de compromiso y profesionalidad en su ejecución". Es más, subraya que para llevar a cabos dichas acciones los ERT emplearon "la violencia en su máxima expresión", con el objetivo de forzar a las instituciones a conceder la separación de Cataluña del resto de España. El juez García Castellón contextualiza la aparición de los CDR y la enmarca en la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, cuando aportaron, según indica, "gran dinamismo" a la movilización callejera y planificando acciones como pintadas, huelgas, 'cortes de país', entre otras.
Creación del grupo ERT
No obstante, una vez pasado el 1-O y tras observar que la República de Cataluña no llegaba a constituir, "en la sociedad con ideales independentistas, se generó un sentimiento de frustración con desigual encaje de las características individuales", apostilla la resolución. Por ello, para hacer frente a ese desánimo surgieron el ERT, señala el juez, que han participado de forma activa en la materialización de algunas de las "acciones más contundentes que han llevado a cabo los CDR hasta la fecha", como cortes de carretera, levantamiento de barreras de peajes o el vertido de aceite en la calzada en un lugar de paso obligatorio de la comitiva que trasladaba los líderes independentistas condenados por el Supremo desde el centro penitenciario de Lledoners.
Otras de las tareas sobre las que hay indicios suficientes para atribuir a los investigados es la creación y desarrollo de los denominados CECOR (centro de coordinación) para las acciones de los CDR. En este sentido, asumieron el encargo de un denominado “CNI Catalán” para que aportasen la infraestructura logística necesaria para ocupar el Parlament de Cataluña y defenderlo posteriormente. Según el plan que detalla la resolución, el asalto a la cámara parlamentaria se realizaría por la puerta principal, ya que se facilitaría el acceso desde el interior. Asimismo, junto a un reducido grupo de personas, cooperarían con dicho “CNI” y se encargarían del alquiler de inmuebles y locales que les proporcionasen seguridad y el establecimiento de bases de “intendencia” para permanecer en el interior del edificio al menos una semana, montando antenas de larga distancia para mantener las comunicaciones, todo ello bajo un presupuesto estimado en 6.000 euros.
"Organización terrorista paralela"
Para ello serían necesarios importantes conocimientos en redes ilícitas y clandestinas securizadas de telecomunicaciones, así como una importante capacidad de movilización. Ahí es donde entraría en juego uno de los principales investigados, Ferrán Jolis, debido a sus amplios conocimientos en el apartado informático y de telecomunicaciones. Así, el juez de la Audiencia Nacional concluye que los miembros del ERT “habrían superado la actividad dentro del respectivo CDR y conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares”.
Es más, el magistrado afirma que en el momento de la desarticulación del grupo, éste ya había manejado informaciones precisas sobre sus posibles objetivos. En concreto, apunta que los investigados habrían desarrollado actos preparatorios consistentes en una labor de reconocimiento de objetivos, vigilancia y control de instalaciones policiales (accesos, cámaras de vigilancia, localización de torres eléctrica, agentes policial y placas de matrículas de vehículos policiales), toma de fotografías y vídeos de los objetivos predeterminados.
Posibles objetivos
Según los indicios recabados a lo largo de la instrucción, entre las sedes institucionales contra las que se pretendía realizar algún tipo de acción se encuentran la Comandancia Naval de Barcelona, el Gobierno Militar de Barcelona, la Delegación de Gobierno de Barcelona, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia de Barcelona. Además de estos supuestos objetivos, el juez sostiene que se habrían realizado diferentes búsquedas en Internet a través de sus dispositivos, de datos relativos a personas vinculadas a partidos políticos contrarios a la independencia y de un agente del cuerpo de Mossos d’Esquadra.
La Guardia Civil indicó en un informe aportado el pasado mes de mayo al sumario de la causa que uno de los investigados, Jordi Ros, habría efectuado diferentes búsquedas a través de sus dispositivos móviles del líder del PP, Pablo Casado; el entonces concejal del Ayuntamiento de Barcelona Manuel Valls; o el exsecretario general de Ciudadanos José Manuel Villegas, entre otros. El Instituto Armado también señaló que se incautaron "evidencias de anotaciones" referidas a personas y las matrículas de sus vehículos de personas "ideológicamente contrarias a la independencia".
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