La Abogacía del Estado considera acreditado que Mercasa y otras tres empresas, con las que se formó un consorcio, pagaron un total de 20 millones de euros en comisiones presuntamente irregulares a autoridades y funcionarios de Angola para la adjudicación de contratos públicos entre 2006 y 2016 relacionados con la construcción de un mercado mayorista de alimentos en Luanda. Por ello, solicita la condena de cinco años de prisión a un total de 14 personas, entre los que se encuentran exdirectivos de la empresa pública o el sobrino de Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, por el delito de malversación de caudales.
Los servicios jurídicos del Estado, que representan al Ministerio de Agricultura, han presentado su escrito de acusación provisional más de dos años después de que el anterior titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, propusiera juzgar a 20 personas y a ocho mercantiles en relación a las presuntas irregularidades. En el escrito, al que ha tenido acceso La Información, además pide que, como prueba durante la celebración del juicio, se llame a declarar como testigo a la secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, por su etapa como secretaria general de Mercasa desde agosto de 2017 hasta octubre de 2018. También pide la testifical de Armando Andrade, el exdirectivo despedido del consorcio que denunció las presuntas mordidas en el país africano.
La Abogacía del Estado, que pide penas más leves que la Fiscalía Anticorrupción (de hasta 8 años de prisión) y solo acusa por el delito de malversación, explica que de la instrucción de la causa se puede concluir que los administradores de las empresas que formaron el consorcio "se concertaron para la consecución, mantenimiento, y modificación de contratos públicos en Angola, mediante el pago de comisiones a autoridades y funcionarios públicos de esos países". En este sentido, indica que para canalizar los sobornos se realizaron acuerdos de consultoría y agencia, a cuyas mercantiles abonaban una comisión consistente en un porcentaje de la suma del contrato conseguido.
"Todos estos contratos eran meramente instrumentales y sin contenido real alguno", asegura el escrito de acusación, al tiempo que añade que las cuentas bancarias de las empresas a las que se abonaban las supuestas comisiones irregulares pertenecen a "sociedades instrumentales o pantalla", algunas controladas por el comisionista Guilherme de Oliveira Taveira Pinto, contra quien se encuentran en vigor distintas órdenes de detención internacional. Este agente también trabajó para otra empresa estatal, Defex, por llevar a cabo similares prácticas en Angola, Camerún y Arabia Saudí. Unos hechos que están a la espera de juicio en la Audiencia Nacional.
Regalos adicionales y sobrecostes
La Abogacía del Estado insiste en que "no existe ningún documento acreditativo del trabajo realizado por los comisionistas salvo las facturas encontradas en las diligencias judiciales de entrada y registro acordadas, por importes coincidentes con los porcentajes pactados, por unos conceptos absolutamente inveraces". A lo largo de 66 páginas, relata todos los contratos y dinámicas que los acusados habrían llevado a cabo para el reparto de porcentaje de las comisiones con el objetivo de conseguir contratos públicos.
De hecho, el escrito destaca que entre las dádivas que las empresas involucradas realizaron se encuentran "numerosos regalos adicionales", como "materiales cerámicos, gestiones médicas, viajes a España o entregas de dinero en efectivo". Así, para resumir la operativa, el escrito subraya que Mercasa "facturó con sobrecostes" el desarrollo de las adjudicaciones conseguidas, a través de facturas falsas, que "no se amparaban en una verdadera prestación de servicios o adquisición de bienes".
Daño al Ministerio de Agricultura
De este modo, con el fin de concretar el perjuicio que se habría ocasionado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Abogacía asegura que los acusados permitieron el desvío de parte de los fondos que pertenecían a Mercasa para realizar los "regalos" a las autoridades angoleñas, además de "detraer elevadas cuantías monetarias en provecho propio de los administradores de las entidades privadas que formaban parte del consorcio y personas relacionadas con las mismas, y de retribuir a los distintos intermediarios que intervinieron en los hechos.
Cabe recordar que Mercasa una empresa pública participada en un 51% por la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) y un 49% por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Agricultura, a través de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación.
La parte de Angola es la pieza principal del conocido como 'caso Mercasa'. El actual titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, mantiene abiertas varias líneas de investigación en el marco de este procedimiento relacionadas a los presuntos pagos irregulares que el consorcio público habría hecho en Panamá, República Dominicana o Argentina con el mismo objetivo: la adjudicación de contratos públicos. El pasado mes de enero, el magistrado instructor acordó la prórroga de estas piezas a la espera de que llegue el resultado de varias comisiones rogatorias libradas a distintos países.
Entre la documentación que se espera recibir se encuentran todos los documentos que el exviceministro de Comercio Exterior de Panamá Melitón Arrocha aseguró que iba a entregar para acreditar que toda la actividad empresarial que Mercasa realizó en dicho país entre 2010 y 2017 por un importe de 8,5 millones de euros (más de 9,7 millones de dólares) se hizo dentro de la legalidad vigente. Así lo afirmó el expolítico durante su declaración como testigo, el pasado 26 de enero, ante la comisión judicial, compuesta por el juez y el fiscal Anticorrupción Conrado Saiz, que se desplazó para su interrogatorio hasta el país centroamericano.
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