Cuixart se declara preso político y ve anecdótico el daño de los coches el 20-S

Cuixart comienza a declarar en el juicio al procés definiéndose como preso político

EP

El juicio por el 'procés' independentista en Cataluña se ha reanudado pasadas las nueve y media de este martes en el Tribunal Supremo con la declaración del presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart. Se ha presentado en el juicio del "procés" como un "preso político" y ha reivindicado que su organización seguirá movilizando a la sociedad "pase lo que pase". Además, ha asegurado que la actitud de los manifestantes el 20 de septiembre de 2017 frente a la Consejería de Economía de la Generalitat era "pacífica" y considera que el daño de los coches de la Guardia Civil fue algo "anecdótico", aunque reconoce que fue una ruptura de la no violencia. 

Al igual que hizo el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha comenzado su declaración definiéndose como preso político que ha entrado en prisión por ser "un activista social" y ha afirmado ser independentista con "un sentimiento republicano", hechos por los que ha dicho estar seguro de que no está siendo juzgado.

Cuixart ha respondido durante el largo interrogatorio al que le ha sometido el fiscal Jaime Moreno, el único al que ha respondido ya que ha advertido que no contestaría a la Abogacía del Estado ni a la acusación particular ejercida por Vox. La parte relativa a los hechos del 20 y 21 de septiembre ha copado gran parte del interrogatorio, se ha prolongado durante casi una hora, y ha derivado en un tenso 'rifirrafe' entre acusado y fiscal, que cuestiona sus reflexiones recordando tuits y sus palabras encima del coche de la Guardia Civil. 

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Ante las preguntas sobre el daño que sufrieron los dos coches de la Benemérita, el acusado ha explicado que no fue "consciente" de ello hasta las doce y media de la noche, si bien cuando se percató le pareció algo "meramente anecdótico". "Fue una actitud que no comparto, una ruptura de la no violencia que ha protagonizado siempre el movimiento soberanista", ha dicho Cuixart, para insistir después en que la situación "fue degenerando en una actitud no propia del civismo del movimiento soberanista".

Cuixart también se ha referido a un documento que aparece en el escrito elaborado por Ómnium de la acusación popular y al que la Fiscalía califica de "hoja de ruta" de las acciones que acabaron teniendo lugar en el otoño de 2017. Lo ha calificado de simple "declaración de intenciones" que "obedecía a una estrategia en la que se defendía la independencia y aportaba movilización social, para convertir las elecciones del 27 de septiembre en unas elecciones de carácter plebiscitario".

En su declaración, ha manifestado que tanto él, como su "compañero" Jordi Sànchez, expresidente de la ANC, entraron en prisión el 16 de octubre de 2017 "por el hecho de ser activistas sociales y no políticos". Por ello, ha justificado no saber "en profundidad de las leyes" y del ámbito parlamentario de Cataluña dado que nunca ha participado en la vida política y ha evitado responder a las preguntas que el fiscal le realizaba relativas a cada una de las decisiones del Govern o el Parlament catalán que fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional.

Cuixart ha reconocido que el papel de esta organización era el de "movilizar a la sociedad", que defiende la autodeterminación y que es cierto que desde la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut en 2010 han venido pidiendo a los políticos "españoles y catalanes que escuchen a la ciudadanía en ejercicio de derechos fundamentales". "Y lo seguiremos haciendo, pase lo que pase", ha añadido.

La Fiscalía pide 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación para Cuixart por el delito de rebelión agravada por condición de jefe o promotor y por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita 8 años de cárcel por sedición; mientras que VOX pide 62 años de prisión por dos delitos de rebelión y organización criminal.

El Ministerio Público le acusa de participar en las reuniones organizativas para la consecución de la independencia, en la que se destacó su capacidad de movilización. Al igual que al líder de Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, le imputa reiterados llamamientos para votar un referéndum en las distintas manifestaciones, como en la concentración del 20 de septiembre de 2017 en la que se dirigió a los concentrados para que defendiesen la independencia e instó a hacer una movilización permanente.

Su defensa ha denunciado reiteradamente la vulneración del derecho de reunión pacífica y derechos civiles y democrático del líder social y advierte que si se le condena, la Justicia internacional sancionará a España por la vulneración de los derechos humanos.

Al Supremo han acudido hoy, además de familiares y numerosos miembros de Òmnium, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el presiente del Parlament, Roger Torrent. El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, en declaraciones a las puertas del Tribunal Supremo, en Madrid, ha asegurado que los más de 140.000 socios de la entidad se sienten "orgullosos" y representados por su presidente

Mauri ha dicho que Cuixart es "un hombre de paz" que representa a todos los que aman la libertad, la democracia y que buscan una solución dialogada para el conflicto catalán. Aun así, ha recalcado que Cuixart "no tendría que estar declarando en este juicio contra la democracia" por unas acusaciones que, en su opinión, no se sustentan.