Los niños y niñas podrán asesorar a Pablo Iglesias próximamente. La vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 ya está trabajando en la incorporación de los menores a su día a día, con el fin de que les trasladen su opinión sobre cambios normativos o leyes en vigor. Algo que se concretará en la creación del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y la Adolescencia, un órgano desde el que los más jóvenes podrán exponer sus preocupaciones y propuestas para las cuestiones que les afecten. El diseño del mismo se completará a lo largo de la legislatura, como ha podido saber La Información, y su funcionamiento se basará en las aportaciones realizadas por organizaciones sociales y por los propios niños a los que ya ha consultado el Ejecutivo.
Dicho foro está en una fase inicial, y fuentes de la vicepresidencia segunda auguran que será un "proceso largo". El primer paso para hacer realidad esta cuestión, que formaba parte del acuerdo de gobierno firmado por PSOE y Unidas Podemos, ha sido contar con el aval jurídico suficiente para llevarlo a cabo. Esto se ha logrado a través de un informe de la Abogacía del Estado solicitado por el departamento de Iglesias, en el que se habilita la puesta en marcha del Consejo de Infancia y se "reconoce su capacidad para dar su opinión sobre la normativa estatal que afecte a los niños", indican las mismas fuentes. Un respaldo que despeja las posibles dudas en torno a este órgano, y cuyo alumbramiento corresponde a Derechos Sociales por contar con las competencias de infancia.
Para esta primera fase, la vicepresidencia segunda está centrándose en definir cuáles serán los aspectos que definirán al grupo de trabajo. Entre estas cuestiones están la delimitación de los contenidos, para que quede claro sobre qué leyes o normativas pueden los menores ofrecer sus valoraciones. La idea inicial es que sobre la mesa tan solo se pongan asuntos que afecten directamente a los colectivos de infancia y adolescencia a los que representarán los miembros del Consejo. También se están afinando bajo qué criterios se elegirá a quienes lo integren, sin que por el momento existan criterios de edad, origen o condición para seleccionar a un menor u otro. Por último, se diseñará un reglamento para que se establezca su funcionamiento.
Que la acción del Consejo de Infancia se centre en las leyes que les atañen como sujetos de derecho impedirá que se les permita discutir sobre multitud de asuntos. Aun así, se dará voz a niños y niñas para que muestren su parecer sobre legislaciones como las educativas, las de protección del menor, las deportivas, las de discapacidad, educación sexual o de familia, entre muchas otras. Lo que no está previsto es que todas las valoraciones e informes que elaboren los menores tengan carácter vinculante. Por tanto, se tratará de un espacio consultivo, y del que los altos cargos como el propio Iglesias o el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, puedan obtener ideas o tener en cuenta el parecer del órgano en las decisiones o leyes que promuevan en el futuro.
Del mercado laboral a la igualdad
La primera toma de contacto de la vicepresidencia con esta experiencia tuvo lugar el pasado verano. Fue cuando Nacho Álvarez y el director general de Infancia, Gabriel González-Bueno, mantuvieron una reunión telemática con varios menores que le hicieron preguntas sobre temas de actualidad o de legislación. Según explicó el 'número 2' del ministerio, la intención es que ese Consejo Estatal "sea un elemento de referencia y un mensaje claro", además de que pueda ser "competente para dar una opinión cualificada en materia de leyes y políticas públicas". "Tenemos el compromiso de construir el Consejo Estatal de Participación Infantil, que sea una voz autorizada de las políticas públicas destinadas a infancia", incidió Álvarez.
La participación en las instituciones fue solo uno de los temas que Álvarez trató con estos ocho menores, que pertenecían a diversos colectivos, y que fue organizado por Unicef y la Plataforma de Organizaciones de Infancia. La pobreza infantil, la situación del mercado laboral para los jóvenes, la vivienda o la igualdad y la diversidad centraron las dudas de los interlocutores de Álvarez. En definitiva, cuestiones que les afectarán en el futuro y que marcarán su paso a la edad adulta. Sobre todo, en medio de la incertidumbre generada por la pandemia de coronavirus, en la que los menores han sido uno de los colectivos con más restricciones durante el confinamiento motivado por el estado de alarma.
Hasta el momento, Iglesias y su vicepresidencia han presentado una ley que afecta a los niños y niñas. Se trata de la ley de protección del menor, que endurece las penas por delitos cometidos contra los más jóvenes. A la vez, establece mecanismos más garantistas de protección para las víctimas de abusos sexuales, que para el vicepresidente segundo son toda una prioridad. Tanto que llegó a bautizar la norma como la "ley Rhodes", en referencia al pianista británico James Rhodes, que fue víctima de violaciones en su infancia.
