El Gobierno aprobará en Consejo de Ministros antes del 2 de agosto por real decreto ley las medidas de apoyo al sector del transporte por carretera pactadas con el sector, que recoge, entre otros asuntos, mecanismos para evitar que los transportistas trabajen a pérdida. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha explicado este jueves en rueda de prensa que los límites a la subcontratación "para que no perjudiquen al eslabón más débil" que se pactaron con el Comité Nacional de Transporte de Mercancías no irán en este real decreto "porque no da tiempo", aunque el Gobierno mantiene el compromiso de establecerlo.
La norma asegurará que el precio del transporte sea igual o superior a los costes en que incurren los transportistas, con medidas semejantes a las de la ley de cadena alimentaria, y establece también la obligación de que los contratos se firmen por escrito. La ministra ha recordado que el paquete de apoyo al sector establece, entre otras ayudas, una bolsa de 450 millones de euros con la que se abonarán a los autónomos 1.250 euros por cada camión, 950 por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por taxi, vehículo de alquiler con conductor (VTC) o ambulancia. Las ayudas se han hecho extensibles también a autobuses urbanos y en la norma se introducirá una habilitación para que las administraciones autonómicas y locales puedan "reequilibrar" los contratos de transporte por autobús para compensar a las concesionarias por el aumento de los precios del combustible.
Aunque su principal interlocutor es el CNTC, la ministra ha asegurado que Plataforma Nacional, la agrupación de autónomos y pequeñas empresas que inició el paro indefinido de marzo, ha sido informada de todas estas medidas y las han valorado de forma positiva. A estas nuevas ayudas directas y a la nueva Ley de la Cadena del Transporte se suman otras medidas aprobadas este año como el descuento de 20 céntimos por litro, la ampliación de los plazos de vencimiento de los créditos del ICO, nuevas líneas de financiación, la devolución mensual del gasóleo profesional frente al plazo trimestral anterior, la duplicación de las ayudas al abandono de la profesión, la prohibición de carga y descarga por parte de los camioneros o la cláusula de revisión de precios.
