El nuevo Registro Civil entró en vigor hace año y medio con el objetivo de hacer mucho más sencillos los trámites tan esenciales para los ciudadanos como los certificados de nacimiento, matrimonio y defunción. Pero los problemas informáticos que aparecieron al inicio de esta aventura parecen que no terminan de solventarse. Los funcionarios exigen al Ministerio de Justicia que pongan solución a estos defectos cuanto antes, ya que supone una mayor carga de trabajo, así como el incumplimiento de la ley que se modificó en 2011 para sustituir el antiguo modelo, aunque puesto en funcionamiento una década después por sus sucesivas prórrogas.
Las nuevas oficinas de Madrid, Barcelona, Murcia y tres municipios con juzgado de paz, y Tarragona, más 12 de sus localidades con dichos juzgados , ya trabajan con la aplicación denominada DICIREG, la nueva plataforma a través de la cual tramitan los expedientes por medios electrónicos, se inscriben todos los hechos relativos al estado civil de las personas, se organiza la publicidad de la información registral en formato digital y se posibilita el acceso telemático al mismo. No obstante, desde el principio ha dado problemas, lo que ha provocado las quejas del personal y sindicatos.
"Incremento sustancial de la carga de trabajo, la falta de aprobación del nuevo Reglamento del Registro Civil conforme las previsiones de la Ley 20/2011, la atribución indebida de funciones al personal de la Administración de Justicia sin la previa negociación con sus representantes legales, la atribución de funciones a las Oficinas colaboradoras (antes Juzgados de Paz) fuera de los cauces reglamentarios, etc.", son algunos de los inconvenientes que el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado ante el Ministerio de Justicia y los distintos grupos parlamentarios del Congreso y Senado.
Así consta en sendas cartas, firmadas por el secretario general del Sector de la Administración de Justicia de CCOO, Luis Calero, en las que exige poner fin a los contratiempos. En este sentido, recuerda que en la reforma de la mencionada ley, que se puso en marcha en julio de 2021, tras casi 10 años ampliando el plazo de vacatio legis, establece que "el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, informará periódicamente a las Cortes Generales sobre el proceso de implantación del nuevo modelo de Registro Civil". Por otro lado, subraya que los partidos tienen obligación de ejercer las funciones legalmente atribuidas de control al Gobierno sobre esta materia. De este modo, insta a ambas partes a poner esfuerzos para resolver los problemas existentes.
Dos informes
Para resaltar los fallos en el nuevo Registro Civil, las misivas adjuntan dos informes: uno sobre las cuestiones controvertidas más "importantes" que presenta la aplicación DICIREG, y otro sobre los problemas desde el punto de vista orgánico y funcional que existen tras la implantación del nuevo modelo de Registro civil. Ambos documentos se encuentran ya en manos de la Secretaría de Estado de Justicia y a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, según indica el sindicato.
Así, CCOO advierte que uno de los principales problemas detectados es la dificultad de que cada persona tenga un registro individual, tal y como prevé la norma. Según explica el primer informe, de la lectura de la ley se entiende que "la creación del registro individual de cada persona ya registrada debería ser automática, partiendo normalmente de su inscripción de nacimiento, y que en una vez creado se podría incorporar al mismo de forma sencilla los datos digitalizados que obren relativos a dicha persona (nacimiento, matrimonio, nacimiento de los hijos)". Sin embargo, según expone el sindicato, el diseño de DICIREG no permite que este objetivo se haga de manera "ágil y sencilla", pues hay que "hacerlo ex profeso cuando se practica alguna inscripción relativa a esa persona".
"Ello implicará que habrá millones de personas que a lo largo de su vida carecerán de registro individual, y qué éste sólo se le creará en el momento de su fallecimiento. Las únicas personas que tienen con seguridad registro individual son los recién nacidos, siempre y cuando su nacimiento se inscriba en una Oficina DICIREG", concluye el informe. A ello añade que "en miles de poblaciones en España (juzgados de paz) que no tienen digitalizadas (escaneadas) sus inscripciones de nacimiento, matrimonio y defunción", pues solo en Teruel se ha acometido la digitalización los nacimientos ocurridos desde 1920, mientras que el resto de localidades han informatizados nacimientos desde 1950.
"Un cuello de botella"
Otras de las diversas 'contradicciones' que señala el informe es la "inexistencia de funciones delegadas en el personal" del Registro Civil. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública decidió que todos los asientos se cierren con la firma electrónica de los máximos responsables de cada una de las oficinas, lo que, en opinión de CCOO, supone "un cuello de botella en el trabajo diario", ya que se acumulan las peticiones de expedición de certificaciones. En esta línea, destaca que los encargados tienen la posibilidad de hacer una firma electrónica "masiva" de solicitudes, si bien considera que ello va "en contra de la función de calificación que se supone que ha de hacer de cada asiento que firme". "Es un paso atrás sin precedentes", de unos "50 años", lamenta el sindicato.
Por otro lado, en el informe dedicado a los problemas orgánicos y funcionales, se recalca la falta de seguridad jurídica en la aplicación del nuevo modelo de Registro Civil. Todo ello derivado de la atribución de nuevas funciones al personal de las denominadas Oficinas Generales DICIREG en determinadas materias, que se ha hecho "sin negociación con los representantes sindicales" o "sin ningún tipo de soporte legal, únicamente basado en un documento interno", como es el caso -señala- de la inscripción de nacimientos de sefardíes ocurridos en el extranjero, entre otros. Unas funciones que se encuentran impugnadas mediante un recurso de alzada presentado ante el Ministerio de Justicia el pasado mes de julio, pendiente de resolución.
Con todo ello, además de demandar más personal para poder hacer frente a la carga de trabajo, CCOO enfatiza la "urgencia" para que el Ministerio de Justicia apruebe a la "mayor brevedad" un nuevo Reglamento del Registro Civil, que desarrolle la "distribución funcional, condiciones de trabajo y relaciones de puestos de trabajo". Una tarea que lleva pendiente desde diciembre de 2021, cuando las organizaciones sindicales en el ámbito de la Administración de Justicia (CSIF, STAJ, UGT y CIG) alcanzaron un acuerdo con el Ministerio que dirige Pilar Llop, en el que se determinó que "en el plazo de dos meses" se convocaría la mesa de negociación, y que, según recuerdan, nunca ha tenido lugar.
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