El Gobierno ha decidido reforzar la seguridad en el cementerio de Mingorrubio - El Pardo donde está enterrado Francisco Franco desde el pasado 24 de octubre, día en el que sus restos fueron exhumados del Valle de los Caídos. El objetivo es que el mausoleo familiar tenga vigilancia privada durante las 24 horas del día y los 365 jornadas al año para evitar incidentes en un panteón que al principio, tras la exhumación y posterior inhumación, fue protegido por agentes del Cuerpo Nacional de Policía y que ahora es custodiado por personal privado.
El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Patrimonio del Estado, ha adjudicado este contrato por un importe total de 51.546 euros, según la información publicada en la Plataforma de Contratación pública. La licitación de la Junta de Contratación del departamento que dirige María Jesús Montero es para los próximos dos años, de forma que el mausoleo de los Franco contará con seguridad privada hasta el año 2022. La factura de la contratación de esta vigilancia particular le saldrá al Gobierno por 2.147,75 euros cada mes.
Fuentes policiales indican que el objetivo de este contrato es evitar incidentes en un lugar que es propiedad del Estado. La familia Franco, por su parte, confirma que se trata de una medida de "prevención" para que no se produzcan altercados, según indica a La Información Fracis Franco, uno de los nietos. Efectivamente, la titularidad del panteón pertenece a Patrimonio, que debe velar por la seguridad en el mismo. De hecho, el Ejecutivo negoció con los Franco la transmisión de esta concesión administrativa, de manera que los herederos pudieran blindar las decisiones que se tomen sobre la cripta, pero lo rechazaron. Las mismas fuentes policiales aseguran que no se han registrado incidentes graves en el cementerio desde la inhumación de los restos de Franco.
El contrato para custodiar la tumba de Franco ha sido adjudicado por el Gobierno a través de un procedimiento negociado sin publicidad. Se invitó a ocho empresas de seguridad al mismo, recibiendo finalmente dos ofertas en firme. Hacienda se ha inclinado por Ariprem, una Unión Temporal de Empresas conformada por Ariete Seguridad, Aime Seguridad y Prem. Esta UTE hizo la oferta económica más ventajosa.
Precisamente Ariete Seguridad fue la empresa adjudicataria del primer contrato de protección de la tumba de Franco. El mismo Ministerio de Hacienda decidió el pasado mes de enero licitar un contrato durante 54 días para la realización de esta labor de vigilancia. No estaba contemplada una prórroga del servicio, de forma que el Gobierno ha tenido que sacar un nuevo procedimiento para ampliar la seguridad en el mausoleo ubicado a las afueras de Madrid cuando el primer contrato ha expirado.
Hay que recordar que el Gobierno montó un fuerte dispositivo policial en Mingorrubio con motivo del traslado de los restos de Franco. El día de la inhumación decenas de agentes custodiaron el cementerio, un dispositivo que continuó en los días posteriores para evitar incidentes en el camposanto entre detractores y partidarios del dictador. Incluso durante esas jornadas los agentes de la Policía llegaron a identificar a todas las personas que visitaban el lugar.
Ariete Seguridad, por cierto, es una empresa cuya administradora única es una exdirigente del PP: la que fuera primera teniente de alcalde y responsable de las áreas de Economía, Empleo, Comercio y Mayores del Ayuntamiento de Alcorcón, Silvia Cruz Martín. Fue la mano derecha de David Pérez en el consistorio madrileño. La firma también fue la adjudicataria de la seguridad de varios hospitales autonómicos a través de un contrato que superó el 1,5 millón de euros.
Los nietos de Franco acaban de presentar una demanda contra el Estado española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de exhumar los restos de su abuelo del Valle de los Caídos y enterrarle en el cementerio de Mingorrubio - El Pardo en Madrid. Los familiares del dictador denuncian que cada vez que acuden a su panteón tienen que solicitar autorización del Ejecutivo ya que se trata de un lugar propiedad del Estado. El Gobierno ya instaló medidas de seguridad tecnológicas a finales del año pasado en el cementerio.
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